Admiten a trámite el recurso contra la Ley de reordenación del sector público. 14 de Junio.


Andalucía

El TC admite el recurso del PP y pone en duda que el «funcionariazo» sea legal

Arenas ve en la decisión una «buena noticia» para todos los funcionarios

El Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a poner en cuestión la legalidad de la Ley que ha permitido la reordenación del sector público, que acaba de culminar la Junta y a la que se oponen la práctica totalidad de empleados públicos. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso que presentó el pasado mayo el PP contra esta norma, conocida como Ley del «enchufismo» o «funcionariazo». Este no es el primer recurso que plantean los populares, que ya presentaron otro recurso, que también admitió el Constitucional, cuando la Junta trató, inicialmente, de aprobar esta reordenación por decreto-Ley. En ambos casos, los populares recurrieron por considerar que las normas eran un «ataque brutal» a los funcionarios y una «huida de las reglas» que marca el derecho administrativo.

Desde el PP y el sindicato de funcionarios Csif acogieron ayer con satisfacción la decisión, mientras que desde la Junta y desde el PSOE-A se guardó silencio. Tal como afirmó el presidente del PP-A, Javier Arenas, la admisión del recurso es «una buena noticia para todos los funcionarios de Andalucía que han estado en contra de los decretazos de la Junta».

Por segunda vez

Así, es la segunda vez que el alto tribunal pone en cuestión la constitucionalidad de la Ley que regula la reordenación del sector público, culminada recientemente por la Junta, tras haberla aprobado el pasado mes de febrero en el Parlamento gracias a la mayoría absoluta del Grupo Socialista. Esta norma sustituyó al inicial decreto-Ley de julio de 2010, que la Junta derogó el pasado otoño para tratar de aplacar las multitudinarias y continuas protestas de los funcionarios.

El PSOE, sin embargo, no admitió en el trámite parlamentario de la nueva Ley ni las aportaciones del PP ni de los sindicatos mayoritarios en la función pública —Csif, Safja, Ustea— y terminó aprobando una norma que ofrecía pocas diferencias respecto al decreto inicial. Eso provocó que tanto el PP como esos sindicatos hayan presentado diversos recursos cuestionando la legalidad de una norma que, entienden, pretende hacer fija a la administración paralela de la Junta, esto es, unos 20.000 trabajadores que accedieron a su puesto sin pasar oposiciones ni concurso público y sobre los que simpre ha sobrevolado la sombra del «enchufismo».

Uno de esos recursos fue el que presentó el PP al Tribunal Constitucional, lo que exigía que lo formalizaran más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Así lo hicieron y a la presentación del recurso acudieron, entre otros, la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general del PP-A, Antonio Sanz.

«Paso de calado»

El pleno del alto tribunal admitió a trámite el recurso de los populares el pasado 7 de junio. El acuerdo, tomado por el pleno del alto tribunal, establece dar traslado de la demanda y los documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, así como a la Junta de Andalucía y al Parlamento, a través de sus presidentes.

Estas instituciones tienen ahora un plazo de quince días para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Esta admisión a trámite la consideró Arenas una «buena noticia para todos los funcionarios que han estado en contra de los decretazos de la Junta», al tiempo que se mostró confiado en que el PSOE «aprenda».

Desde el sindicato Csif-A se aplaudió la decisión del alto tribunal, al considerarla también una «buena noticia», ya que viene a «reforzar» los recursos que tiene presentados este sindicato contra la Ley y contra todos los estatutos de las nuevas agencias emanadas de la reordenación, «tan lesiva para el empleado público como ha quedado comprobado ya en varias ocasiones». Desde Csif-A aseguran que esta admisión a trámite es «solo un paso más para la derogación de la Ley, pero un paso de calado».

________________________________________________________________

El PP lo llevó al TC

Admiten a trámite el recurso contra la Ley de reordenación del sector público

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) –

   El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso  presentado el pasado mes de mayo por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados a la Ley de reordenación del sector público andaluz aprobada en el mes de febrero por el Parlamento de Andalucía, con el apoyo del PSOE-A, la negativa del PP-A y la abstención de IULV-CA.

   En un acuerdo adoptado el pasado siete de junio por el Pleno del Tribunal Constitucional, consultado por Europa Press, se establece dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, así como a la Junta de Andalucía y al Parlamento de Andalucía, a través de sus presidentes.

   Todo ello, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se acuerda publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

   La portavoz parlamentaria de los ‘populares’, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, fueron los encargados de registrar el recurso en la sede del tribunal, donde les acompañaron varios diputados del PP-A como Fátima Báñez, Juan José Matarí o Rafael Hernando, entre otros.

   Según explicó Sáenz de Santamaría, el objetivo del recurso es “proteger y defender” los derechos de los funcionarios ante lo que consideran un “ataque brutal” contra los mismos y una “huida de las reglas”. También añadió que dicho recurso pretende defender a la Administración pública frente a la “privatización de la Junta de Andalucía”, siendo “necesario” que las funciones “típicamente administrativas sigan desarrollándose por funcionarios públicos”.

   El PP ya había recurrido anteriormente el primer decreto ley sobre la reforma, que se derogó tras la aprobación de un segundo que se tramitó como ley y fue aprobado en la Cámara andaluza sólo con el voto del PSOE.

________________________________________________________________

TRIBUNALES | Reordenación del sector público andaluz

El Tribunal Constitucional admite el recurso contra el ‘decretazo’

El presidente del PP-A, Javier Arenas, durante su intervención en el comité regional. | Madero CuberoEl presidente del PP-A, Javier Arenas, durante su intervención en el comité regional. | Madero Cubero

Toñi Caravaca | Córdoba

Actualizado martes 14/06/2011 13:39 horas

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de anticonstitucionalidad que el PP presentó el pasado 11 de mayo contra la ley de reordenación del sector público andaluz que los empleados públicos han calificado como “del enchufismo” y contra la que aún siguen manifestándose. Así lo ha anunciado este martes en Córdoba, en la reunión de la comisión ejecutiva regional, el presidente del PP-A, Javier Arenas.

Según ha explicado el líder popular, el partido recibió en la tarde del lunes una providencia del Alto Tribunal en la que se anunciaba la admisión a trámite del recurso presentado contra el “decretazo” de la Junta de Andalucía en materia de reordenación del sector público. Arenas ha dicho que espera que ésta sea una “buena noticia” para todos los funcionarios y trabajadores de la Administración autonómica que se han opuesto a esta ley.

Según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es, el pleno del TC, a propuesta de la Sección Primera, acuerda «admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso» contra los artículos 1.1; 1.2, apartados 9, 10 y 12; 3 a 12; 18 a 24; disposiciones adicionales cuarta y sexta y disposición derogatoria única de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del Sector Público de Andalucía.

El Alto Tribunal dispone igualmente que se dé traslado de dicha providencia al Congreso de los Diputados y al Senado, a través de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, así como a la Junta de Andalucía y al Parlamento andaluz, también a través de sus presidentes, con el objetivo de que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. El TC también ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la incoación del recurso así como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El PP andaluz ya ha dicho que si gobierna en Andalucía mantendrá el compromiso de derogar esta ley si es que antes no lo ha hecho un veredicto judicial del Alto Tribunal.

Esta entrada fue publicada en Prensa, Vía jurídica. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s