El Supremo tumba el decreto del traspaso del Guadalquivir. ABC de Sevilla. 16 de Junio.


Andalucía

El Supremo tumba el decreto del traspaso del Guadalquivir

Nuevo varapalo judicial a la Junta en su afán por controlar la gestión y las competencias del río

josé cejudo / sevilla Día 16/06/2011 – 07.31h

El Tribunal Supremo, por medio de Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha emitido un fallo por el que anula el Decreto de 17 de octubre de 2008 del Gobierno central en el que se estipulaban las condiciones del traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad andaluza en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por su territorio. La decisión del Supremo se une a la que meses atrás adoptó el Constitucional, y que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía relativo a las competencias del río y supone un nuevo varapalo a la Junta en su afán, muy criticado, por controlar la gestión del Guadalquivir.

La Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos interpusieron en su día un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la anulación del Decreto del traspaso, al margen de la impugnación que el Ejecutivo extremeño defendió contra el artículo 51 del Estatuto, que en la actualidad se encuentra anulado por inconstitucional.

Pérdida

Según informaron ayer a ABC fuentes conocedoras de la sentencia del Tribunal Supremo, con este fallo, que atiende los argumentos de Castilla-La Mancha, la Junta de Andalucía pierde la potestad sobre las funciones y servicios que se traspasaron desde la Administración del Estado, y teóricamente en dos meses se tendrían que devolver, como es la titularidad de los embalses y edificios de la Antigua Confederación. Igualmente, tendrían que volver a su anterior condición los funcionarios que en los últimos meses han pasado del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

Según las mismas fuentes, el fallo del Supremo no afecta a la encomienda de gestión que el Gobierno central otorgó al Ejecutivo andaluz durante seis meses mientras se busca una vía jurídica que permita a la Junta mantener el máximo protagonismo en la gestión del Guadalquivir.

De hecho, en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta del pasado martes se acordó la creación de una comisión de expertos sobre el citado modelo de gestión. La Comisión está integrada por Antonio Embid Irujo, catedrático de Derecho Administrativo del Agua de la Universidad de Zaragoza; Miguel Ángel Losada Rodríguez, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Granada; Pilar Paneque Salgado, profesora titular de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y Ángel Rodríguez Vergara-Díaz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga.

En tanto se adopta la propuesta definitiva con el asesoramiento de estos expertos, la Junta de Andalucía gestiona provisionalmente, desde el pasado mes de abril y por un periodo de seis meses, los recursos y aprovechamientos hidráulicos del Guadalquivir que se sitúan dentro de la comunidad. Esta solución transitoria, acordada con la Administración central y concretada en una encomienda a la Consejería de Medio Ambiente, permite asegurar, según la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, la «continuidad y la seguridad jurídica» en la gestión de la cuenca, cuyos medios y servicios fueron transferidos a Andalucía en 2008, además de evitar que la sentencia del Tribunal del Constitucional, y ahora del Supremo, suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años.

Extinción

El grupo de expertos creado se extinguirá una vez que las administraciones central y autonómica acuerden la solución jurídica para compaginar la sentencia del TC con el mantenimiento del peso que corresponde a Andalucía en sus competencias sobre el Guadalquivir. Este trabajo se viene desarrollando en el seno de una comisión bilateral de cooperación integrada por seis representantes del Estado y otros seis de la Junta.

Mar Moreno anunció el pasado martes la próxima celebración de la primera reunión de esta comisión bilateral para «establecer un calendario de reuniones e intercambiar los primeros documentos e informes de aproximación a este nuevo modelo de gestión del Guadalquivir». En este sentido, abogó por que Andalucía «tenga la mayor presencia» en el río, siempre en el marco de la Constitución Española, el margen establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional y el Estatuto de Autonomía.

Según se dijo en su día, la encomienda de gestión se acordó con un objetivo primordial, establecer una fórmula para «blindar» el acuerdo Gobierno-Junta en materia de traspaso, previendo una sentencia desfavorable del Tribunal Supremo, como así ha ocurrido.

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