Una colocación a prueba de PP. ABC de Sevilla. 20 de Junio.


Andalucía

Una colocación a prueba de PP

Los «decretazos» del sector público y del SAS buscan consolidar una administración de afines al PSOE

J. M. / SEVILLA Día 20/06/2011

¿Cuántas personas se quedarían sin empleo en Andalucía si se produjera un cambio de gobierno en la Junta? La cifra es difícil de calcular, ya que esta administración, gobernada desde hace treinta años por el PSOE, siempre ha sido muy rácana a la hora de facilitar la cifra de cargos de libre designación. Si se suman las empresas públicas y fundaciones, la hipotética cifra se dispararía hasta superar varias decenas de miles de personas, ya que los empleados de estos entes no necesitaron para acceder al trabajo superar las pruebas que pasaron laborales y funcionarios.

Este hecho ha provocado que siempre haya pesado sobre aquellos la sombra del «enchufismo», especialmente, tras la polémica reordenación del sector público que puso en pie de guerra a los funcionarios. A ello hay que sumar el peculiar uso que ha hecho el PSOE de la administración, adecuándola cada vez que le ha convenido a los intereses del partido, como demuestran los nombramientos la pasada semana como delegados provinciales de cuatro ex alcaldes que fueron derrotados el 22-M.

Incertidumbre

Estos cargos y los empleados públicos acusados de «enchufismo» podrían perder su empleo tras una hipotética victoria del PP. Los cargos y personal de libre designación, por su propia condición; los empleados de empresas públicas, porque los populares supriman algunas de ellas; y los de las nuevas agencias que no sean funcionarios se podrían ver en la calle si el PP-A cumple su promesa de derogar la Ley del «enchufismo».

Este contexto de incertidumbre política pero también laboral ante una posible victoria del PP arroja nuevas perspectivas tanto sobre la reordenación del sector público como sobre el «decretazo» del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desde el PP y los sindicatos de los funcionarios, se ha alertado que ambas iniciativas del Gobierno que preside José Antonio Griñán persiguen dejar colocado a personal afín al PSOE en el caso de que este partido perdiera el poder. Así, el PP en el Gobierno andaluz podría sufrir las consecuencias de una administración desafecta que torpedeara desde dentro sus iniciativas y, lo peor, es que no podría deshacerse de ese personal o le costaría muy caro.

En el primer caso se inscribe el decreto de Unidades de Gestión Clínica (UGC) que quiere aprobar la Consejería de Salud en diciembre y que entraría en vigor con el Parlamento ya disuelto, si se mantienen las autonómicas para marzo. Al decreto se oponen todos los sindicatos sin excepción, ya que, como afirma el responsable de acción sindical de Csif-A en este sector, Juan de la Cruz, supone un nuevo marco de organización en el SAS que transfiere a un ámbito local recursos y competencias que hasta la fecha han sido de ámbito autonómico o estatal. Al frente de estas unidades estarán los directores que no se elegirían por oposiciones, sino por concurso de méritos, que se pueden organizar a medida de un candidato afín, advierten. Se puede dar el caso, además, que un enfermero y no un médico sea el director de la UGC. Así, según De la Cruz, podría haber «jefes de clínica con veinte años de experiencia que tengan por encima a alguien con menos titulación que él».

Estos directores de UGC, entre cuyas atribuciones está desde la contratación de personal hasta la organización del horario laboral, tendrían un mandato de cuatro años que no puede ser revocado, salvo que los resultados de su unidad no cumplan unos objetivos prefijados. Esto en la práctica hace que sea prácticamente imposible echarlos antes de que se cumplan esos cuatro años y el PP, si ganara las elecciones, estaría toda la legislatura con estos directores de UGC.

En las nuevas agencias públicas no hay un sistema como este, aunque la reordenación del sector público permite otras estrategias para garantizar el trabajo a afines. Como se recordará, en las nuevas agencias se integraban funcionarios, que superan oposiciones; personal laboral de la administración, que accedió por concurso público; y de las empresas públicas, al que se ha contratado sin pasar ese tipo de pruebas. En principio, todos se integran manteniendo sus categorías, pero la cosa cambia en cuanto se firme el primer convenio colectivo de la agencia. En este, los funcionarios seguirán como funcionarios, pero el personal laboral y el de la empresa pública se equipararán, tal como señala la responsable autonómica de Csif-A, Alicia Martos.

Un dilema muy complicado

Una vez equiparado este personal, si hay que despedir ¿de quién se prescinde: de los laborales que protestaron contra la Ley del «enchufismo» o del personal que venía de las empresas públicas sobre el que recaen sospechas de «enchufismo»? Una posible respuesta la puede dar cómo se ha configurado el personal directivo de las agencias. La Ley establece, recuerda Martos, que el personal directivo que tenga encomendadas tareas administrativas tiene que ser funcionario. Aunque posteriormente, explica, la Junta añadió que también podría serlo cualquier persona que designe el Consejo de Gobierno.

Si los altos cargos de las agencias optan por despedir al personal desafecto y mantener e, incluso, promover a puestos intermedios a afines al PSOE, el PP, si gana las elecciones, se puede encontrar con unas agencias politizadas, en las que se integraron unas 20.000 personas que los funcionarios califican de «enchufados».

Si el PP, tal como ha prometido, deroga el decreto se le acabó el problema, pero con la crisis actual y el ya elevado número de parados que hay ¿estarían dispuestos los populares a asumir el coste social y económico que implicaría acabar con las agencias y despedir a buena parte de esos empleados a pesar de haber sido acusados de «enchufados» del PSOE? Este es un dilema muy complicado.

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Una respuesta a Una colocación a prueba de PP. ABC de Sevilla. 20 de Junio.

  1. alazán dijo:

    En el mejor de los casos…un apoyo en IU o PA para gobernar, tal que están las cosas devengará en pérdida de Consejerías e influencias con lo que muchos de esos puestos de libre designación o similares se irán fuera de la esfera del PSOE. No es necesario que venga el PP (que sería la catástrofe) sino que dependerá del nivel de pérdida de poder que se produzca.

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