Griñán mima el empleo público a costa de la destrucción de puestos privados. El Economista. 10 de Septiembre.


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Griñán mima el empleo público a costa de la destrucción de puestos privados

Carlos Pizá de Silva 10/09/2012 – 9:57

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José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía. Foto: Fernando Ruso

La Junta de Andalucía, a lo largo de los cinco meses de gobierno bipartito PSOE-IU, ha priorizado el mantenimiento del máximo posible de las más de 260.000 nóminas públicas.

Los cinco meses que lleva gobernando José Antonio Griñán la Junta de Andalucía con el apoyo de IU han establecido claramente la pauta que sigue este Ejecutivo en relación al vapuleado mercado laboral andaluz: prioridad total al empleo público a costa de destruir cuanto empleo privado sea necesario, amén de una absoluta falta de iniciativa para fomentar la creación de puestos de trabajo. Tras perder las últimas elecciones regionales por la mínima frente al PP, Griñán ha comprobado que mantener el máximo número posible de las más de 260.000 nóminas públicas de Andalucía es clave para retener el poder en en esta autonomía.

En una comunidad cuya tasa de paro es del 33,9 por ciento según la EPA del segundo trimestre (1.363.000 desempleados) y que en agosto sumó los mismos parados que en 2011 pese al cambio de tendencia a escala nacional (el mejor mes en términos relativos desde 2006), la acción de gobierno del PSOE se encamina precisamente hacia la marginación del empleo en el sector privado a costa de sobreproteger el público para contentar a su socio de Gobierno y a los sindicatos UGT y CCOO. Un repaso de algunas decisiones relevantes de estos meses así lo atestigua.

Trayectoria

La primera acción clara en este sentido fue la reforma del sector público de 2010, cuando el PSOE aún tenía mayoría absoluta, que supuso la entrada en la administración general de la Junta de unos 20.000 empleados laborales que no habían pasado ningún proceso de selección en igualdad de condiciones con el resto de personal laboral y funcionario y que quedaron bajo esa ley, vapuleada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, incluidos de rondón en la Administración Púbica. Esas 20.000 nóminas, que corresponden a lo que los sindicatos mayoritarios de la función pública andaluza denominan enchufados por estar en su mayor parte ligados al PSOE, UGT y CCOO o a familiares de altos cargos de estos entes, tienen un coste anual de más de mil millones de euros sobre un gasto total en personal este año de 9.853 millones.

Cuando la Junta se vio obligada en mayo pasado a aprobar un plan de reequilibrio financiero para cumplir este año con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento, todo su afán fue demostrar que iba a conservar todo el empleo público posible, de ahí que redujera las nóminas públicas -excepto las de mil euros o menos- para ahorrar 777 millones en gastos de personal pero sin despidos como en otras comunidaddes.

Varios dirigentes patronales andaluces de carácter independiente, como el presidente de la sevillana CES Miguel Rus, han criticado abiertamente esta estrategia “populista e inviable” de mantenimiento del empleo público a ultranza, cuyos sueldos proceden de los impuestos del sector privado.

Abundando en esta estrategia, el consejo de Gobierno de la Junta aprobó en julio la principal promesa del discurso de investidura de Griñán: la puesta en marcha de un plan de empleo público para limpiar bosques y pintar escuelas por valor de 200 millones con el que se van a crear 11.000 empleos. Es decir, los mismos que se perdieron sólo en agosto. Nada se sabe aún del balance de este plan.

La patronal de los centros de formación de Andalucía, a la que la Junta adeuda desde 2007 más de 40 millones, criticó la semana pasada la incongruencia de que se gaste tal cantidad -150 millones de los 200 son fondos UE- cuando los citados impagos están ya destruyendo los 15.000 empleos privados de este sector en la Comunidad.

El último ejemplo de esta directriz ideológica fue también la pasada semana el anuncio del director general de la RTVA, Pablo Carrasco, de recortar el gasto de la televisión pública andaluza eliminando Canal Sur 2 para contener en lo posible las pérdidas de 40 millones previstas este año. Pero sin despedir a uno solo de los 1.600 empleados de la cadena, sino dejando a cero el presupuesto de subcontratación que se empleaba para mantener ese segundo canal, es decir, dejando de gastar en productoras privadas 16 millones anuales.

La asociación de empresas de producción audiovisual de Andalucía aseguró que la Junta y la RTVA manifestaban con esta medida “un desprecio absoluto hacia los empleados de las empresas” privadas.

Recortes en educación y sanidad

Desde la llegada al poder del PP el 20 de noviembre, desde la Junta se ha insistido en que la educación y la sanidad públicas son líneas rojas para la acción de Gobierno. Pero los hechos han desmentido las palabras durante la semana pasada. Primero, fueron 661 los medicamentos gratuitos para pensionistas que dejaron de serlo sin aviso previo; segundo, más de 4.500 profesores de la escuela pública y casi 700 de la concertada han sido despedidos ante el nuevo curso.

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