Los externos invaden las delegaciones de la Junta en época de recortes públicos. La Calle de Córdoba. 11 de Octubre.


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Los externos invaden las delegaciones de la Junta en época de recortes públicos

Laura Pérez
l.perez@lacalledecordoba.com

Justo cuando Griñán plantea un reajuste del gasto, las empresas públicas han duplicado los trabajadores que ocupan puestos de funcionarios en áreas como Empleo, Igualdad, Innovación y Obras Públicas

En plena época de recortes y justo cuando el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha planteado una reestructuración del sector público para ahorrar en gastos, las delegaciones provinciales de toda Andalucía están llenándose de trabajadores externos que bien contratados a través de fundaciones, empresas públicas o como autónomos para las denominadas asistencias técnicas, están realizando tareas que podrían hacer los propios funcionarios y con los que, como ya alertó el Defensor del Pueblo Andaluz, se está creando de forma solapada una “administración paralela” compuesta por empresas privadas que se surten de capital público.Estos trabajadores que por la naturaleza de su contratación, ni han superado un proceso de selección que garantice su preparación y transparencia, ni tienen autoridad para realizar determinadas funciones como la potestad sancionadora que sí tienen los funcionarios, suponen además un mayor coste para la administración autonómica sobre el que de momento, y a excepción de los altos cargos de las empresas públicas, no ha tenido repercusión la bajada salarial y los recortes aplicados al sector público.

Más externos que funcionarios

El incremento de este tipo de personal en Córdoba ha sido enorme sobre todo desde enero, hasta el punto de que, tal y como reconoce la presidenta de la unión provincial del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAFJA), Concepción Ramírez, se han duplicado en delegaciones como Empleo, Obras Públicas y Vivienda, Igualdad y Bienestar Social y Economía, Innovación y Ciencia. “Han invadido las delegaciones, entras a un departamento en Medio Ambiente y todos son externos y en Empleo donde hay 25 trabajadores sólo 5 son funcionarios”, asegura Rafael Delgado desde la delegación de Economía, Innovación y Ciencia.

La información que pudo recabar la Junta de Personal de los Servicios Periféricos de la Junta de Andalucía en Córdoba durante 2009, según confirma su presidente, Enrique Ascanio, recogía que en delegaciones como Medio Ambiente había unos 40 trabajadores externos, en Empleo unos 34, en Agricultura y Pesca hasta 25 y en Economía, Innovación y Ciencia unos 86.

Si bien, en la delegación de Empleo, la cifra de externos en este momento supera los 40 del total de 50 que la integran, a los que se unen además, los 32 que la Junta contrató para la puesta en marcha del famoso Plan MEMTA y seis más contratados hace unos días a través de la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo que, según han confirmado fuentes de la propia Administración, ya están tramitando ayudas y subvenciones, es decir, repartiendo el dinero público.

Y es que desde enero a junio, explica Ramírez, la Junta de Andalucía ha renovado prácticamente a todos los externos que ya tenía contratados y basta con que una plaza quede vacante por un concurso de traslados o porque finalice el contrato a un interino, para que en menos de un mes acabe ocupada por un trabajador introducido en la Administración a través de cualquiera de las fundaciones y empresas públicas que se nutren de los presupuestos públicos.

Esto, añade Concepción Ramírez, “es toda una ilegalidad teniendo en cuenta que ocupan puestos de funcionarios dotados económicamente mientras, el propio Griñán, confirmó hace nos días que la oferta de empleo quedará congelada hasta 2013 y a que hace meses que no se tocan las bolsas de interinos”.

Puerta abierta al enchufe

El hecho de que los trabajadores externos sean contratados directamente a través de entes públicos como puede ser la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y sin superar ningún tipo de oposición o concurso –como legalmente obliga la normativa autonómica–provoca el que esta externalización sea una auténtica puerta de entrada a la Administración para persona cercanas a las empresas públicas y a los altos cargos de la Junta de Andalucía y sobre los que no existe garantía alguna de que se traten de los mejores, según denuncia SAFJA.

De hecho, tal y como asegura Ramírez y confirma Rafael Delgado, “en las delegaciones de Córdoba cada vez hay más externos que son familiares o cercanos a altos cargos de la Junta de Andalucía y de las empresas públicas”. Personas que han entrado en la Administración con ofertas de empleo prácticamente con sus nombres y apellidos, que no se llegan a hacer públicas y que, como añaden desde CSI-CSIF, “permite a la Administración tener trabajadores más maleables e influenciables para firmar lo que un funcionario no firmaría, que están realizando funciones que repercuten en el servicio que recibe el ciudadano” y quienes además, añade Enrique Ascanio, “tienen acceso a datos privados a los que no debieran poder acceder”.

De hecho, en la delegación de Igualdad y Bienestar Social, temas tan delicados como la atención a menores en centros de protección y los informes de valoración a las familias para acogimientos y adopciones están siendo realizados por trabajadores sociales, psicólogos y educadores externos a la Junta y contratados por la Fundación Andaluza de Servicios Sociales a través de Eulen. En Medio Ambiente, según han confirmado fuentes sindicales, hay externos realizando informes y valoraciones de daños e incluso, procedimientos sancionadores, y en Economía, Innovación y Ciencia están tramitando subvenciones.

Un mayor coste público

Pese a que el gobierno autonómico considera “razonable” el número de externos que tiene empleados, lo cierto es que tal y como asegura Concepción Ramírez, el coste de la “administración paralela es superior a la pública”. De hecho, aunque es difícil cuantificar el sueldo que tienen estos trabajadores pues, “al tratarse supuestamente de empresas independientes son los directivos quienes deciden los salarios”, lo cierto es que tal y como denuncia la Junta de Personal cada uno de ellos tiene un coste de entre 30.000 y 40.000 euros anuales de medio. Costes superiores a lo que supone un funcionario público para la administración y que además, añade Enrique Ascanio, “no han sufrido la rebaja de sueldo”.

Ante este panorama para los funcionarios de carrera y para aquellos que, desde una bolsa de interinos, esperan conseguir su puesto en la Administración, resulta contradictorio el interés con el que el Gobierno andaluz está planteando las medidas de recorte del gasto público pues, tal y como denuncia Delgado, “si no hay dinero no lo debiera haber para nadie pues con la externalización demuestran que vuelven a manejar los recursos a su antojo y no por el bien del servicio público”.



Menos altos cargos, gente de confianza y gastos superfluos

La postura de la Junta de Personal de los Servicio Periféricos de la Junta de Andalucía en Córdoba, como órgano de representación de los funcionarios públicos, tienen clara su postura ante el recorte que el Gobierno autonómico ha planteado al sector público. Su presidente, Enrique Ascanio, explica que lo justo sería que la Junta de Andalucía hubiera empezado por recortar en todos esos altos cargos y gente de compañía que rodean a los delegados y delegadas pues en realidad, asegura, “son funciones que puede realizar un funcionario y que están teniendo un coste muy elevado para la Administración”. De hecho, desde CSI-CSIF reclaman a la Administración un recorte profundo en todos esos gastos superfluos, vehículos oficiales y personal de confianza de los altos cargos de la Junta y sobre todo, asegura Ascanio, “que se dejen de tanta externalización o al menos, que también les rebajen el sueldo tal y como lo han hecho con los funcionarios de carrera”.

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