Los recortes afectarán a los «cargos a dedo» que la Junta se negó a reducir. La Razón. 10 de Octubre.


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IU guarda silencio, mientras que CSIF y SAF piden una reordenación empresarial «real»

Los recortes afectarán a los «cargos a dedo» que la Junta se negó a reducir

El portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas
El portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas

10 Octubre 12 – – A. Muriel

SEVILLa- El anuncio de la consejera de Hacienda, el martes, de que el contexto de contracción económica obligará a disminuir las transferencias a sus empresas y, por tanto, cabe la posibilidad de que se produzcan rebajas salariales, de horario o incluso despidos, es la confirmación de un runrún que hace meses patrulla internamente entre los empleados del sector público. La polémica reordenación empresarial, plasmada en la ley – llamada del «enchufismo» por los funcionarios– aprobada a principios de 2011, se hizo con la máxima oficial de que se ordenaba pero no se despedía. Sin embargo, el tiempo y la agudización de la crisis han hecho el resto. Ahora cobra cuerpo lo que funcionarios con los que ha tenido oportunidad de contactar este periódico llevan tiempo augurando debido, fundamentalmente, a la sobredimensión de plantillas en un momento en el que la carga de trabajo ha bajado exponencialmente.

Entre los funcionarios que trabajan en empresas y agencias públicas –como puede ser el caso de la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o la de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa)– hay cierta tranquilidad. Una eventual rebaja de sueldo o de salario no les afectaría. Se rigen por el derecho administrativo –no el privado–, les ampara el Estatuto Básico del Empleado Público y dependen directamente de la Administración General, al igual que los 260.000 empleados entre los que se cuentan médicos, profesores o funcionarios judiciales.

Los que sí están en la cuerda floja son el resto de trabajadores, muchos de los cuales entraron en las ocho macroagencias, sobre la que se apoya la reordenación empresarial, provenientes de antiguas mercantiles sin pasar procesos selectivos equiparables a los de los funcionarios y, por ello, los tribunales están tumbando la integración. Es la denominada «administración paralela». El número no está claro. La Junta nunca lo ha hecho público. De hecho, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) registró a principios de mes un escrito para que Hacienda señale cuántos eventuales hay y cuánto cobran. El Gobierno andaluz señala que hay 22.000 empleados en el sector público, pero la horquilla se abre hasta los 30.000 si se tienen en cuentan estos eventuales o los que trabajan como autónomos, sobre los que las cifras son aún más difusas.

El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios, José Manuel Mateo, se pronuncia en estos términos en declaraciones a este diario: «El TSJA ha dejado claro que la integración de personal es ilegal y que vulnera el Estado de Derecho. Lo que no debe existir es esta administración paralela. La Junta debe reordenar verdaderamente el sector público empresarial. Ver los que son necesarios para dar un servicio a la sociedad y hacer una oferta pública de empleo, en lugar de pagar ilegalmente a trabajadores como está haciendo en este momento».

El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, llama a la cautela cuando se habla de despidos, pero coincide en que hay que hacer una reforma «real» de la administración pública empresarial, examinando las posibles duplicidades y viendo «qué sobra o qué falta».

Martínez Aguayo no ha dejado claro si los recortes afectarían a todo el anillo empresarial. El PP cuenta 372 entes que han supuesto un desembolso de 20.000 millones de euros en la pasada legislatura. Con todo, la deuda ha pasado de 195 millones a casi 700 en tres años. El argumento de defensa del Gobierno andaluz es que, según datos del Banco de España, la deuda  de este sector público supone un 0,5 por ciento del PIB, frente al 1,2 por ciento del resto de España.

IU guarda silencio después de las palabras de Aguayo. Una de las líneas rojas de esta formación fue el despido de trabajadores.

El PP pide un plan de viabilidad…

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Rojas, exigió ayer al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que ponga en marcha «cuanto antes» una «hoja de ruta sobre la viabilidad de las empresas públicas» en la que se intente que «ningún trabajador sufra las consecuencias de la mala gestión» de la Administración autonómica, es decir, que esté dirigida a «eliminar los gastos superfluos».

Para ello, según explicó Rojas en rueda de prensa, es «imprescindible» que se tomen «medidas eficientes» para la reordenación del sector público y que el Gobierno andaluz «deje de mirar para otro lado» porque de ello depende, incidió, que Andalucía «acabe con su alto nivel de endeudamiento».

…Y la patronal ve «fenomenal» el ajuste

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, ve «fenomenal» que se vayan a acometer ajustes en las empresas públicas de la Junta de Andalucía. «Una buena medida», en su opinión.

Herrero lo apoya si así «se mantenga el gasto de inversión en educación, investigación e infraestructuras». En ese sentido, consideró que «ajustar por las empresas públicas es uno de los mecanismos que se puede acometer, y de hecho, he propuesto muchas veces que se haga», por lo que avaló la «buena decisión» anunciada por la Junta. Desde la patronal andaluza se ha señalado en anteriores ocasiones que el volumen del sector público empresarial lastra el sector privado.

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