Denuncia a altos cargos de la Junta por prevaricar y malversar caudales. La Razón. 4 de Febrero.


La Razón

Andalucía / Política

Denuncia a altos cargos de la Junta por prevaricar y malversar caudales

  • Personal externo realiza inspecciones agrarias reservadas por ley a funcionarios
Responsables del Sindicato Andaluz de Funcionarios presentaron ayer la denuncia por la vía penal en los juzgados de Sevilla

Responsables del Sindicato Andaluz de Funcionarios presentaron ayer la denuncia por la vía penal en los juzgados de Sevilla Manuel Olmedo

04 de febrero de 2013. 23:00h A. Muriel.  Sevilla.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) da un paso más en su batalla judicial en contra de la Ley de Reordenación del Sector Público aprobada hace dos años por la Junta. Ayer presentó en los juzgados de Sevilla una denuncia por la vía penal contra una decena de altos cargos y jefes de servicio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa). Les acusan de los delitos de prevaricación, usurpación de potestades públicas, incumplimiento de resoluciones judiciales y malversación de caudales públicos. Entre los denunciados, el secretario general de Producción Agrícola y Pesquera de la Consejería del ramo, Rafael Olvera, o la directora gerente de Agapa, Catalina Dadueño, y su antecesora en el cargo, Isabel Liviano.

El origen de la denuncia parte de que personal externo proveniente de la extinta empresa de Desarrollo Agrícola y Pesquero (Dapsa) realiza a través de las oficinas comarcales agrarias (OCA) «un altísimo porcentaje de los controles de campo que se han desarrollado en explotaciones ganaderas y agrícolas». Como ejemplo, detalla SAF que en la OCA «Pedroche I» de Pozoblanco, una de las más grandes de Andalucía, este personal ha llevado a cabo en torno a 220 inspecciones. Sin embargo, el Estatuto del Empleado Público reserva las potestades de inspeccionar, controlar, sancionar y subvencionar a funcionarios de carrera. Del correcto cumplimiento de estas funciones depende el mantenimiento de ayudas comunitarias de la Política Agraria Común (PAC).

Agapa surge tras la fusión con la Empresa de Desarrollo Agrario y Pesquero (Dapsa). El carácter mercantil de este ente no exigió que los 1.812 trabajadores pasaran ningún tipo de proceso selectivo público o equiparable al de los funcionarios. La fusión se llevó a efecto dentro del polémico proceso de reordenación empresarial acometido por la Junta, pasando las oficinas comarcales agrarias a depender de Agapa, pero una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó en enero el protocolo de integración, dejando en el aire el futuro de esta agencia de régimen especial –lo es junto al SAE y a la Agencia Tributaria– que cuenta con 3.020 empleados. Entiende el sindicato denunciante que responsables de la Consejería de Agricultura y de Agapa, «en un claro desprecio al Estado de Derecho y a los órganos judiciales» –al no acatar las sentencias en contra de la integración–, «han eludido directamente esta reserva funcionarial y han ordenado, consentido y permitido que existiendo numerosos cuerpos de funcionarios de carrera a quien corresponden estas funciones», personal externo de Dapsa, «bien indefinido, bien contratado con carácter fijo discontinuo», realice los mencionados controles de campo.

Citan como un fundamento de la denuncia que la propia Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, encargada de verificar los requisitos para la percepción de ayudas de la UE, estimó en marzo de 2012 las alegaciones de la titular de una explotación en Córdoba a la que se iba a penalizar con un 5 por ciento de una subvención y en cuya alegación invocó la nulidad del procedimiento al haber llevado a cabo la inspección una técnico de Dapsa y no un funcionario.

La presunta malversación de caudales la sustenta el sindicato en «la gran cantidad de dinero público que se está utilizando de forma innecesaria, para pagar los sueldos de este personal por desempeñar funciones que corresponden a funcionarios de carrera». La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera cuenta en 2013 con un Presupuesto de 165 millones de euros. De este montante, 101 millones se dedican a gastos de personal. Agapa es la segunda agencia en volumen, con 3.020 trabajadores. En las oficinas comarcales agrarias que esta denuncia pone en el punto de mira hay 986 personas.

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