La AN cuestiona la constitucionalidad de la supresión de la extra en el sector público. ABC. 1 de Marzo.


España

La AN cuestiona la constitucionalidad de la supresión de la extra en el sector público

NIEVES COLLI
Día 01/03/2013 – 14.56h

Sostiene que los argumentos del Gobierno no son suficientes para justificar una medida de esas características

La Audiencia Nacional ha planteado una cuestión de constitucionalidad respecto del real decreto que en julio de 2012 suprimió la paga extra en el sector publico. Según la Sala de lo Social, la actual situación económica, que califica como «altamente inquietante y de dimensiones extraordinarias», justifica las medidas de ajuste, recortes y restricciones de derechos, «pero no abre la puerta, sin más, a que esas restricciones operen de modo retroactivo».

El Tribunal tramita el recurso presentado por los trabajadores de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), de titularidad pública, por lo que su resolución no afectara a los funcionarios.

El auto pone de manifiesto que el derecho a la paga extra se va generando cada semestre, por lo que si el real decreto, que se aprobó el 25 de julio de 2012, se aplica desde el día 1, tendrá efectos retroactivos sobre la primera quincena del mes. «Por tanto-sostiene el Tribunal- ya se había generado el derecho a la parte proporcional a dos semanas de trabajo y se había incorporado ‘al acervo patrimonial’ de los trabajadores», por lo que no puede suprimirse con carácter retroactivo.

La Audiencia Nacional sostiene que los argumentos del Gobierno no son suficientes para justificar una medida de esas característica. No se cumple, asegura, con las «exigencias cualificadas» que el Tribunal Constitucional demanda para que se puedan restringir derechos fundamentales.

«A nuestro entender la reducción del déficit público puede justificar muchas cosas, pero no reúne la nota de cualificación absolutamente excepcional que sería necesaria (…). Es justamente el interés general lo que se ataca cuando se niega a quienes ya han prestado sus servicios el derecho a percibir el salario correspondiente», dice el auto. «El bien común que justifica el sacrificio de la irretroactividad (…) ha de tender a identificarse con los grandes valores que cohesionan a la sociedad, puesto que deben confrontarse con valores de igual talla», añade.

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