«La Junta ha querido meter con calzador a personas ajenas a la función pública». ABC de Córdoba. 11 de Marzo.


Córdoba / Mariano Aguayo, José Ángel Castillo y Carlos Rodríguez Socios del despacho Mariano Aguayo Abogados

«La Junta ha querido meter con calzador a personas ajenas a la función pública»

POR DAVINIA DELGADO / Córdoba

Día 11/03/2013

Decenas de resoluciones están frenando el decreto de reordenación de la Administración regional. ABC habla con los letrados que representan a los miles de empleados que se han alzado contra la «ley del enchufismo»

Nunca antes la indignación de un colectivo al servicio de lo público había engendrado un movimiento tan sincronizado y resuelto a restaurar la legalidad como el surgido en el seno de la Administración autonómica andaluza. La batalla contra polémica reordenación del sector impuesta por la Junta, conocida por su detractores como la «ley del enchufismo», ha pasado de librarse en la calle a dirimirse ante los tribunales, y de utilizar como armas pancartas y consignas, a blandir el Derecho. El objetivo no es otro que derogar la pretendida incorporación a la estructura central del ejecutivo regional de unos 25.000 contratados en empresas y organismos paralelos que no han pasado por ningún proceso de selección personal.

Representando a esa marea de trabajadores alzados contra el denostado «decretazo» se encuentra el despacho cordobés Mariano Aguayo Abogados, que, hasta la fecha, ha interpuesto 27 recursos en las distintas salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y en los diferentes juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. El socio presidente del bufete que le da nombre al mismo, junto con los letrados José Ángel Castillo Cano-Cortés y Carlos Rodríguez Vallecillo, explican a ABC las claves del litigio.

-¿Cómo se ha articulado la actuación del bufete?

-En la veintena de recursos que tenemos entablados están impugnados los decretos de creación de las agencias y los protocolos de integración de personal. Tanto unos como otros están recurridos por un procedimiento especial y sumario que es el de protección de derechos fundamentales, y también por la vía de lo contencioso-administrativo. En esta última no solamente se enjuicia la conformidad o no a la Constitución de la reordenación desde el punto de vista de los derechos fundamentales, sino también desde la legislación ordinaria para determinar si estos decretos y protocolos son o no conformes al Estatuto Básico del Empleado Público, a la Ley de Admnistración de la Junta y a la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

-¿Cuántas resoluciones a favor de los empleados públicos se han dictado hasta el momento?

-Hay muchísimas. En bastantes recursos ya tenemos sentencia en cuanto a los protocolos, tanto en primera como en segunda instancia. Además, existen dos sentencias firmes favorables que anulan los protocolos de integración de dos agencias. Ante dichos fallos no cabe recurso porque se ha agotado la apelación. Y nuestros clientes se han visto reconfortados porque los tribunales les han dado la razón. Les agradecemos la confianza depositada en nosotros. Están y estamos muy satisfechos. Y en ese nosotros entran todos los que estamos participando en el caso, esto es, la veintena de profesionales del bufete que también está colaborando.

-El argumento que sustenta todos sus recursos es el mismo…

-Cuestionamos la integración en las agencias públicas -por vía de estos decretos y protocolos- de los trabajadores con contratos privados. Consideramos que pasan a convertirse de manera ilegal en empleados públicos e la Administración, vulnerando, de manera flagrante, los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y el principio de igualdad en el acceso a la función pública. En la función pública no hay mayor negación del derecho que la inexistencia de un proceso de selección. Y, aunque los recursos se fundamenten en ello, analizamos cada caso de forma independiente.

-Pero, pese a esas victorias, la Junta no está cumpliendo las medidas cautelares. De hecho, en hasta ocho resoluciones, la Administración ha hecho caso omiso…

– La integración materialmente sí se ha paralizado. Es cierto que no hasta el extremo que se debería o se pretendía, pero las medidas cautelares han frenado la incorporación de ese personal como empleados públicos. Lo que sucede es que no se puede ir hacia atrás y esos trabajadores siguen en sus puestos porque ya no existen las empresas y fundaciones de las que procedían. Habrá que darles una solución que sólo concierne a la Junta de Andalucía, que es la que ha creado el problema. Nosotros entendemos que lo que sí es estrictamente necesario es que las personas que se han metido bajo el paraguas de la Junta no se integren en la condición en que lo hicieron, aprovechando ese ingreso ilegal, según contemplan ya múltiples resoluciones.

-¿En qué sustenta la Junta sus recursos? ¿Cómo defiende la legalidad de la reordenación?

-Argumenta que no se están vulnerando derechos fundamentales y que tanto los decretos como los protocolos de integración son conformes a la legalidad. Lo que pretende en su defensa es crear una especie de tercer género de empleado público que no está amparado ni por la Constitución ni por las leyes ordinarias. Quiere integrar a los trabajadores con contratos privados con calzador y por la puerta de atrás. Y esos empleados no tienen la garantía que debieran. El personal de lo publico debe de ser independiente, además de tener la suficiente seguridad jurídica de que su puesto depende sólo de su esfuerzo y de una oposición.

-La Junta justifica la reordenación en una racionalización del gasto, pero hace unos días la Cámara de Cuentas reveló que el ejecutivo regional engordó su plantilla con dicha reorganización. ¿Este dato puede servir para aportar más solidez a sus recursos?

-No es un argumento jurídico, sino político, aunque cierto. La Junta mantiene el mismo gasto, la misma estructura y ha tratado de integrar a esos entes en la función pública. Es de una gravedad extraordinaria.

-Ese personal que ocupa puestos sin ser funcionarios tiene acceso, en muchos casos, a información restringida. ¿No contravienen la Ley de Protección de Datos al no ser empleados públicos?

-Hay determinadas funciones que por afectar al poder sólo pueden realizarlas los empleados con la consideración de funcionarios. Sabemos, aunque no es el ámbito directo de nuestros recursos, que antes y también ahora este personal venía desarrollando tareas que no le compete, como registros, subvenciones o tramitación de expedientes sancionadores.

-Sin esta iniciativa ciudadana, ¿se habría podido haber fenado la reordenación?¿Qué papel real ha jugado este movimiento espontáneo?

-Es absolutamente novedoso que sea un gran número de ciudadanos, en este caso, de empleados públicos de la Junta, tanto funcionarios como personal laboral, los que hayan tomado la iniciativa para organizarse y poder hacer frente al poder de la comunidad autónoma. Este paso adelante ha supuesto que desde la población civil se conteste al Estado gracias a la asociación de un grupo de personas [el bufete representa a la Asociación Al-Andalus y la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública], que han costeado la lucha por la legalidad y por el bien de todos los habitantes de Andalucía. La actuación de los empleados públicos no es sólo una defensa de sus derechos, sino que trasciende e importa a todos. Es una pugna por la dignidad de la función pública. En el ámbito administrativo y contencioso administrativo, la depuración de la legalidad y de la acomodación de la actuación administrativa a la legalidad y a la Constitución, necesita este tipo de acciones para obtener esa depuración del ordenamiento jurídico. Si no se hubiera hecho esto, la actuación de la Junta nunca podría haber sido revisada por los tribunales, ni se hubiera podido analizar la absoluta falta de acomodación de esa reestructuración a la legalidad. Y de eso sacan beneficio los recurrentes, la ciudadanía y la propia administración.

-¿La Junta ha intentado algún acercamiento?

-En absoluto, pero hay que advertir que en los litigios con las administraciones públicas es más difícil llegar a acuerdos que con particulares. No es fácil un acercamiento. Está contemplado en la ley, pero cuando se produce es algo excepcional.

-¿Los tribunales están cumpliendo los tiempos? ¿Están resolviendo con celeridad los recursos?

-La verdad es que sí. Cabe destacar que comenzamos a trabajar en abril de 2011 y a finales de ese año ya se dictó la primera sentencia y se comenzó a paralizar la integración del personal en las agencias.

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2 respuestas a «La Junta ha querido meter con calzador a personas ajenas a la función pública». ABC de Córdoba. 11 de Marzo.

  1. cupascas dijo:

    ¿Cómo que ha querido? —–> Lo ha hecho.

  2. Plataforma de Agricultura dijo:

    ¿Quién les ha dicho a los Aguayo que se ha comenzado a paralizar la integración del personal en las agencias? ¿Es que no leen la prensa y ven que la cifra de enchufados ha aumentado en los dos últimos años?

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