El Supremo avala por ahora los enchufes de Griñán a la espera del Constitucional
Carlos Pizá | 11:27 – 22/04/2013
José Antonio Griñán. Imagen: archivo
Cambio de tercio de calado en la pugna judicial de más de dos años entre varios sindicatos y asociaciones de funcionarios de carrera andaluces y la Junta de Andalucía a cuenta de la integración en la Administración regional de unas 26.000 personas procedentes de cientos de entes, empresas y fundaciones en nuevas agencias creadas expresamente para acogerlos. Griñán: «No puede decirse que se nos alertó del fraude de los ERE»
Los denominados enchufados. Tras reiteradas sentencias de los juzgados de primera instancia de distintas provincias y, sobre todo, de diversas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) radicalmente contrarias a este proceso, las dos primeras resoluciones del Tribunal Supremo dan un vuelco provisional al caso.
El Supremo, en una sentencia de enero pero publicada y conocida a finales de marzo, anulaba una resolución previa del TSJA que también anulaba, tras un recurso por vulneración de derechos fundamentales, la integración de 534 personas en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Los jueces entienden que no existe tal vulneración por dos motivos: los empleados públicos de la Junta que impugnaron el decreto de creación de esa agencia no van a ver mermado su derecho de acceso a la función pública y promoción en la misma por la integración de esas 534 personas pues los recurrentes ya forman parte de ella; y, segundo, esas personas integradas ya eran empleados públicos antes de la integración en la nueva agencia.
Una argumentación esta última que toca la línea de flotación de la causa abierta por los recurrentes, que siempre han definido a los 26.000 trabajadores de las antiguas empresas, entes y fundaciones como enchufados, pues en su inmensa mayoría -excepto 2.000 funcionarios y alrededor de 1.500 laborales- no habían pasado pruebas de selección alguna, o al menos homologable a la que debe realizar un empleado público, interino o funcionario. Una segunda sentencia del Supremo de finales de marzo ahonda en esa doctrina en relación a la Agencia del Conocimiento.
Una «mala noticia» según José Ángel Castillo, abogado del bufete Mariano Aguayo, uno de los más activos en esta pugna. La asociación de funcionarios cordobesa Al Andalus, a la que representa, ha criticado duramente la sentencia del Supremo y, a través del citado despacho, la ha recurrido en amparo ante el Constitucional. Un tribunal que también debe de decidir sobre el recurso interpuesto hace dos años por el PP andaluz contra el conjunto de la ley de reordenación.
Al Andalus rebate los dos argumentos del Supremo. Primero, que como asociación que integra a interinos y opositores, está plenamente legitimada a denunciar que esos trabajadores públicos sí verán dañado su acceso y promoción a la Administración al ser integradas miles de personas que no han pasado ni pasarán pruebas selectivas equivalentes.
Y, segundo, que los trabajadores integrados en la Agencia de Instituciones Culturales eran personal laboral de tres extintas sociedades mercantiles que se regían por el derecho privado y, por tanto, y a su juicio, no cumplían las condiciones que fija el estatuto básico del empleado público para ser considerados como tales.
Empleados Públicos de la Junta de Andalucía. MÁLAGA. 
¡Lloren, lloren por vuestros hijos! Los sátrapas, dueños del cortijo, les están robando el futuro.
A la gente de derechas les jode mucho cuando los tribunales no se ponen de su lado. Es curioso comprobar como el respecto por la justicia se torna en crítica despiadada a jueces y jurados cuando fallan en su contra. Ellos siempre harán todo lo necesario para provocar la parcialidad a su favor, incluso inhabilitar a un juez como en el caso de Garzón o manipular a los fiscales como en el de la Infanta. Me gustaría saber como tienen la desverguenza de insinuar que el tribunal supremo (recuerden que está en Madrid y dominado actualmente por jueces conservadores afines al PP) se deja presionar en algún modo por la Junta de Andalucía. A ver si es que en esa teoría de la conspiración que manejan el poder de la Junta va a ser similar al de la CIA de los 80, que era capaz de derrocar y poner gobiernos a su antojo.