Información estado pleitos Clavero. Asociación Aidós. 27 de Mayo.


ASOCIACION AIDOS

La Asociación Aidós nace para luchar contra la Ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, la llamada Ley del Enchufismo. Defendemos los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a las funciones y cargos públicos.

Estimados compañeros/as

El pasado jueves 16 tuvimos una reunión en el Despacho del profesor Clavero para informarnos de las últimas novedades en torno a los pleitos que tenemos planteados contra los Decretos de constitución de las Agencias.

En los archivos adjuntos, tenéis el auto de Aclaración sobre AMAYA y el cuadro de estado de los pleitos facilitado por el despacho. A continuación, procedemos a comentar los aspectos más relevantes.ACLARACIONES  A LAS SENTENCIAS

Como recordaréis, hasta el momento, de los ocho agencias recurridas con Clavero habíamos obtenido dos sentencias favorables (AMAYA  e Instituciones Culturales), el resto de los pleitos se encontraban y, se encuentran aún, pendientes de sentencia.

Sobre las dos sentencias ganadas, el profesor Clavero había solicitado una aclaración. Esta es una posibilidad que la Ley  abre cuando el demandante considera que la sentencia no responde a todas las cuestiones planteadas en la demanda. El objetivo que se perseguía al pedir esas aclaraciones era forzar al tribunal a pronunciarse sobre una cuestión que había rehuido en la sentencia: el cese de los trabajadores integrados ilegalmente. La lógica es la siguiente, si el tribunal había declarado que esa integración vulneraba el derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, ¿cómo era posible que dicha integración, a pesar de todo, se llevase a cabo?. Se pedía, pues, la ejecución de la sentencia.

La aclaración sobre AMAYA  se solicitó, nada más notificarse la sentencia , en septiembre de 2012. La Ley establece un plazo de 10 días para pronunciarse, pero hasta ahora, ocho meses después, no se ha producido dicha aclaración, que, finalmente, nos ha resultado desfavorable.

Por su parte, la aclaración sobre la Agencia de Instituciones Culturales sigue pendiente, aunque cabe esperar que sea similar a la de AMAYA.

Como podéis ver, en el auto de aclaración  que adjuntamos, el tribunal declara aplicable el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (sucesión de empresas) con la consiguiente subrogación de la Agencia  AMAYA en los derechos y obligaciones laborales de la extinta EGMASA.

A nuestro modo de ver, este auto, y con ello la sentencia, incurre en una contradicción flagrante. ¿Cómo es posible que la integración de este personal vulnere un derecho fundamental y al mismo tiempo sea legal?, ¿cómo es posible que se considere aplicable el Estatuto de los trabajadores ,y no el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, en materia de acceso a las Administraciones Públicas?

Seguiremos defendiendo ante el Tribunal Supremo nuestras tesis, que se apoyan en la constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Público. Reproducimos aquí abajo algunos artículos del EBEP, que nos sirven para recordar las bases del sistema de la función y el empleo público en nuestro país, uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho, y para comprobar hasta que punto la ley es clara al respecto:

  • Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.

El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.

  • Artículo 55. Principios rectores

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección

  • Artículo 61. Sistemas selectivos

1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto.(…)
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos.(…)RECURSOS DE CASACIÓN

Ahora se abre la vía del recurso de casación, tanto para la Junta en las sentencias que le son desfavorables, como para nosotros,en las que nos perjudiquen.

La Junta ha recurrido ya la sentencia de AMAYA  y nos hemos personado para oponernos. Asimismo, el despacho de Clavero recurrirá la sentencia de AMAYA en la parte que nos perjudica. Estaremos, pues, en dos recursos sobre AMAYA en el Supremo: en uno oponiéndonos al recurso de la Junta y en otro como recurrentes.

Dicho de otra manera, la misma sentencia (AMAYA 523/2011)  se recurre por las dos partes. La Junta recurre porque la sentencia declara la vulneración del derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos del art. 23.2 de la Constitución y nosotros la recurrimos, pues, tras la aclaración, declara aplicable la sucesión de empresas del artículo 44 ET.

Disculpad si somos reiterativos, pero muchos compañeros con los que hemos comentado este asunto nos han manifestado las dificultades de comprensión para los que no están familiarizados con el Derecho y la práctica de los tribunales.

RECURSOS PENDIENTES DE SENTENCIA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Se encuentran pendientes de sentencia del TSJA, con el pleito más o menos avanzado ( ver cuadro de estado de los pleitos), los siguientes recursos:

Sala de Málaga:

  • Agencia de Obra Pública (recurso 749/2011)
  • Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (recurso 747/2011)
  • Agencia Andaluza del Conocimeinto (recurso 748/2011)

Sala de Granada:

  • Agencia Hospital Costa del Sol (recurso 1627/2011)
  • AGAPA (recurso 1628/2011)

Sala de Sevilla.

  • SAE (recurso 542/2011)
  • AMAYA (430/2011), Esta última fue recurrida, antes de que nuestra asociación estuviese constituida, en nombre de un grupo de compañeros. Ellos, actualmente 13 personas, deben decidir si siguen o no adelante en el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que esta Agencia ya se haya recurrida por la Asociación y que la pérdida del pleito podría acarrear condena en costas.

VALORACION

Después de las tres sentencias del Supremo que han dado la razón a las tesis de la Junta (2 sentencias sobre  recursos en vía de Derechos Fundamentales del gabinete de Mariano Aguayo y otra sobre un recurso de CSIF en vía ordinaria),la batalla judicial ha dado un vuelco. Fue favorable a nuestra tesis en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (a excepción de la Sala de Málaga), pero se ha tornado contraria con los primeros pronunciamientos del Alto Tribunal.

Sin embargo, desde la Asociación pensamos que debemos seguir adelante, pues no hacerlo sería darle el triunfo en bandeja al Gobierno Andaluz. Pensamos que llevamos razón y no perdemos la esperanza de que los tribunales lo reconozcan. Todos somos conscientes de que la llamada Reordenación del Sector Público Andaluz no es más que una operación para consolidar un determinado tipo de empleo en el sector público. El empleo elegido discrecionalmente por los políticos o los gestores de las empresas saltándose la constitución y las leyes, actuando como si lo público fuese una empresa de su propiedad, generando relaciones de dependencia y clientelismo; perjudicando injustamente al resto de los andaluces en su derecho a acceder al empleo público, aumentando la plantillas prescindiendo de los procedimientos y de los controles económicos y de legalidad.
Todo ello ha dado lugar a una Adminstración que es el retrato en negativo de lo que debería ser una administración democrática:

  • En lugar de una Administración imparcial y al servicio de los intereses generales, una Administración al servicio de los partidos y de determinados sindicatos.
    • Frente a la profesionalidad,  la falta de garantías sobre las preparación y las capacidades de las personas que ocupan los puestos y cargos públicos, Un sistema de selección basado en “la confianza” y en la pertenencia a “la familia” y justificado, en el colmo del cinismo, en la defensa de la eficacia frente a la “obsoleta” función pública.
  • Frente a la neutralidad y la continuidad en la gestión, gobierne quien gobierne, a la ocupación masiva por miembros,familiares y clientela de los partidos políticos.
  • Frente a la eficacia, la economía y la eficiencia, una admistración sobredimensionada, con múltiples duplicidades y puestos vacíos de contenido. Un tinglado insostenible y un lastre para el país.
  • En lugar de un instrumento para la igualdad y el progreso, un instrumento para perpetuar y establecer privilegios. En la Junta de Andalucía, efectivamente, “quien no tiene padrinos, no se bautiza”.
  • En una comunidad autónoma con las tasas de paro más altas de la Unión Europea, el poder de decidir quién trabaja y quién no lo hace en el sector público es un elemento distorsionador de la democracia misma. Es curioso que se hable y se escriba tanto del PER, supuesta fuente del clientelismo y sumisión de la Andalucía rural, y que el fenómeno, predominantemente “urbano” de la Administración paralela, cuantitativa y cualitativamente superior, sea como el rey  que iba desnudo del cuento clásico: nadie se atreve a señalarlo.

Y nadie se atreve a señalarlo porque toda la sociedad participa en alguna medida, los “colocados”, los particulares y empresas que obtienen contratos y ayudas públicas debidamente “cocinados”, de los que solo llega a los tribunales una pequeña parte si da la casualidad de que a alguien interese o de que surja algún héroe o heroína civil (gracias, jueza Alaya); los que tienen miedo (y no les falta razón) de indisponerse con el poder y, cómo no, los que ni se enteran, ni les interesa, la bendita ignorancia patrocinada con entusiasmo desde la tv pública, muestrario de fiestas, romerías y niños chistosos. Mientras tanto, nuestra juventud mejor preparada tiene que buscarse la vida fuera del país.

Nos hemos  despachado a gusto, pero el objeto del correo es informaros de los pleitos y , también, por qué no, daros, dentro del realismo, un poquito de esperanza. Están en el Tribunal Constitucional, aún pendientes de resolución, el recurso que en su día presento el PP contra la Ley de reordenación del sector publico (posteriormente, el partido conservador no ha demostrado con los hechos un auténtico compromiso y respeto por  los servicios públicos, la función pública y con la objetividad y neutralidad de la Administración) y los recursos de amparo interpuestos por los compañeros de la Asociación Al-Andalus y Defiendo Mi Derecho. Mantenemos la esperanza de que, nuevamente, se produzca un giro, esta vez a nuestro favor,  en la batalla judicial.

Mientras tanto, y mientras vosotros y vosotras queráis, seguiremos manteniendo nuestro compromiso de lucha contra la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz y mantendremos los recursos planteados a través del despacho de don Manuel Clavero.

Llevamos razón y eso es mucho y a pesar de las últimas malas noticias y pese a que, en el corto plazo las perspectivas no nos son favorables,  pensamos que finalmente alguna instancia judicial (constitucional, europea…) nos dará la razón y que, de cualquier manera, los principios que defendemos son tan importantes que es nuestro deber como funcionarios y empleados públicos defenderlos por todos los medios legales a nuestro alcance, tanto  ante los tribunales, como ante la opinión pública.

Aquí seguimos, no lo dudéis.
AIDÓS

ACLARACIÓN SENTENCIA AMAYA (PDF)
CUADRO ACTUALIZADO MAYO 2013 (PDF)

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Difusión, Iniciativa, Vía jurídica. Guarda el enlace permanente.

Una respuesta a Información estado pleitos Clavero. Asociación Aidós. 27 de Mayo.

  1. cupascas dijo:

    Una duda que tengo: De esta tétrada, ¿quienes son ganadores y quienes son perdedores tras tres años de desafueros y pleitos?: Los cortijeros de La Junta de Andalucía, los funcionarios de carrera, los enchufados (Guardia Pretoriana) o los Bufetes de Abogados.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s