Alaya da el primer paso para la investigación de la Administración paralela de la Junta. Por Andalucía Libre. 7 de Junio.


Alaya da el primer paso para la investigación de la Administración paralela de la Junta

Viernes, 07 de Junio de 2013 11:02

Alaya da el primer paso para la investigación de la Administración paralela de la JuntaMercedes Alaya, juez de instrucción del juzgado número 16 de Sevilla e instructora del caso de los ERE, ha dado el primer paso para la investigación de la administración paralela de la Junta de Andalucía cuya “oficialización” ha llevado a los funcionarios y empleados públicos de la Junta a manifestarse varias veces contra el enchufismo y la arbitrariedad que consagra.  Aunque es una nueva línea de investigación en el caso de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía., la juez ha abierto otra pieza separada siempre en el seno de la misma Consejería y la misma Dirección General, la de Trabajo. Al no considerar tenga relación directa con los ERE, asume la existencia de administración paralela en Empleo como una denuncia que debe canalizarse a través de otro Juzgado. 

La juez Mercedes Alaya, acordó hace un mes, remitir a reparto entre otros juzgados unos hechos denunciados por la Junta y referentes a la supuesta «concertación» de la dirección general de Trabajo para crear una plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos.

En un auto que destacan ABC y El Mundo, la juez se refiere a la empresa UMAX Informática y Consultoría, que realizó tareas para distintos directores generales de Trabajo y secretaría general técnica por necesidades de externalización de sus actividades, por lo que puso a disposición de la Junta a varios trabajadores de dicha compañía. Entre ellos se encontraban dos imputadas en la causa por los ERE falsos: María José Rofa, exasesora de la dirección general de Trabajo con el director general de Trabajo imputado Juan Márquez, y Rocío Sayago, tramitadora de las ayudas investigadas.

Alaya considera que estos hechos, «efectivamente podrían ser constitutivos de delito pues se viene a denunciar la supuesta concertación de la dirección general de Trabajo con la entidad UMAX para crear una plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos». Puesto en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla por los letrados de la Junta, se dio lugar a la apertura de unas diligencias de investigación por su sección de Delitos Económicos, y en marzo pasado fue aportado además a la causa de los ERE.

Sin embargo, Alaya cree que esta nueva causa «no guarda relación con el objeto de la causa principal» por los Expedientes de Regulación de Empleo, por lo que ha acordado remitirlo a reparto del Decanato de los Juzgados para que lo investigue otro juez de Sevilla.

La Administración paralela, base del poder del régimen andaluz

Hay tres administraciones que operan simultáneamente en la Junta de Andalucía. La primera, es la legal, la que se compone de personas que hacen oposiciones y pruebas adecuadas para formar parte de la plantilla de los empleados públicos.

Una segunda, paralela, es la que forman todos los contratados por empresas públicas, fundaciones y entes diversos de escala local y regional, que han sido contratados sin cumplir los requisitos mínimos legales, técnicos y constitucionales.

Pero hay una tercera, otra administración paralela en Andalucía, compuesta por un número indeterminado de personas que forman parte de empresas privadas que o bien trabajan dentro de la Junta con despachos en la Junta o bien reciben encomiendas de gestión de la Junta.

La Administración paralela no existe sólo en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Largamente y tenazmente construida, desde antes incluso de la fundación oficial de la Junta de Andalucía, la conocida como Junta preautonómica, el PSOE, ante la evidencia ya de la crisis económica, necesitó oficializarla de algún modo para evitar la liquidación y el despido de los más de 35.000 empleados que ha incluido como personal que pende de empresas públicas, fundaciones, agencias y empresas privadas externas en igualdad de condiciones, no pocas veces en condiciones superiores,  que funcionarios y laborales de la Junta.

La crisis obligó a Griñán a “oficializarla” para evitar miles de despidos

Con la crisis por pantalla,  la Junta aprobó el decreto 5/2010 de 27 de julio por el que se aprobaban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público que perseguía “hacer fijos” a los “enchufados” en el entramado de empresas públicas, según denuncia de los sindicatos profesionales y como publicó en exclusiva Libertad Digital en octubre de 2010.

Los sindicatos UGT y CCOO, sin embargo, muchos de cuyos efectivos están incluidos en el personal de la administración paralela (por poner un ejemplo, el actual secretario general de la UGT Andalucía era empleado de la empresa pública Egmasa), apoyaron la reforma Griñán. Aunque CCOO interpuso un recurso contra la reordenación de Griñán luego actuó de otra manera. Según otras fuentes sindicales, los sindicatos mayoritarios quisieron  que se consolidaran el empleo de todos sus “enchufados” en las Unidades territoriales comarcales de Empleo y consolidar el empleo de los colocados en la Fundación Fondo Formación, uno de los viveros de recursos del entramado laboral socialista.

En definitiva, se ha tratado de deslegalizar la regulación de la Función Pública y evitar su control, usurpando el Gobierno socialista de la Junta las competencias que la Constitución atribuye a la Ley. El precio pagado por el Gobierno de Griñan a los sindicatos a cambio de su apoyo y legitimación se concretaba en dos aspectos:

1º.- La Junta de Andalucía los reconoce como interlocutores privilegiados y exclusivos en todo el tema de la “reordenación”, trasladando a éstos unas facultades que el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce a otros órganos de representación. Así, la Mesa General de Negociación de la Función Pública –máximo órgano de representación del personal- veía usurpadas sus funciones y competencias en virtud de este acuerdo. Y en el único punto donde se reconoce la legitimidad de dicho órgano, se hace subordinándola a la de los sindicatos firmantes del acuerdo; de tal modo que se despreciaba la representación legal del funcionariado y se reducía su intervención a un mero “paripé”. Así, los sindicatos firmantes obtenían por donación graciosa del Gobierno una representación y una capacidad de interlocución que ni la Ley ni los votos de los funcionarios les habían otorgado.

2º.- Además, en virtud de la claúsula 16ª, la Junta se comprometía a blanquear el empleo, no sólo de los veintitantos mil empleadosde las empresas y fundaciones públicas, sino el de todo el personal contratado a través de la “externalización”, es decir, todo aquél que trabaja en empresas contratadas o subcontratadas mediante contratos administrativos de prestación de servicios, o de asistencia técnica, o de consultoría, o mediante personalmente, contratos específicos. Así este personal también pasará a formar parte de las agencias empresariales que se vayan creando en desarrollo y aplicación del plan de privatización de los servicios y del empleo público.

Dos terceras partes del dinero de las Consejerías va a la Administración paralela

Se demostró en 2010 que de los 27.000 millones de euros que se destinaban a las Consejerías, más de 19.000 iban destinados a este tipo de entidades sin control.

El análisis del presupuesto elaborado por la Asociación ‘Defiendo mi derecho y la gestión pública’ mostró la arbitrariedad de los criterios que rigen el presupuesto de la Junta. Así, por ejemplo, entre los colectivos más beneficiados por el reparto de fondos públicos destacaba la Fundación Barenboim-Said, que recibió 2.400.000 euros, en plena crisis económica. La fundación impulsada por el músico, amigo personal de Manuel Chaves, recibiría casi cuatro veces más que los juzgados de paz andaluces. Como se sabe, Sonsoles Espinosa, la mujer del presidente Zapatero, participaba en ella sin que se sepa bien por qué, aunque se supone que no es por calidad artística en la especialidad de canto.

De esas cuentas se desprendía que en los juzgados de paz, en todos los de Andalucía, de los que decía el Defensor del Pueblo que “constituyen una “zona de sombra” en el panorama judicial del Estado, por la precariedad de medios con que cuentan, se invertirían sólo unos 708.000 euros, menos de la tercera parte que lo que se gastará en la Fundación Baremboim-Said.

Más modesta aún era la subvención que llega a la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, que ingresaría 80.000 euros. En cambio, la Junta hacía un esfuerzo económico mucho mayor con las víctimas de la dictadura, a las que iba a destinar casi un millón de euros, 949.107 euros. No obstante, la cifra es todavía mucho menos de la mitad de lo que recibe la Fundación de Barenboim.

Entre las empresas públicas más beneficiadas por la Junta destacaba Egmasa, ya convertida en agencia oficial, que dependía de la Consejería de Medio Ambiente. A través de transferencias corrientes y de capital ingresaría unos 167 millones de euros. Egmasa era la empresa que realizó obras en varios institutos andaluces antes de las elecciones autonómicas el año 2000, a un coste superior al del mercado y sin atender las prioridades de los centros.

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3 respuestas a Alaya da el primer paso para la investigación de la Administración paralela de la Junta. Por Andalucía Libre. 7 de Junio.

  1. cupascas dijo:

    Estas cifras se deben interpretar como: “El precio del Poder”. Si estuviésemos ante una película (de terror, naturalmente), podríamos titularla como: “El Poder tiene un precio”.

    El tema empieza a ser preocupante cuando uno comienza a cavilar y adivina quienes son los “paganos o paganinis”, (entre los que estás tú), de estos dispendios, de calado totalmente político-sectario y por supuesto ajenos completamente al interés general de los contribuyentes.

  2. El Devorador de Reptiles dijo:

    Me parece que es juez de Instrucción del Juzgado nº 6.

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