El Gobierno andaluz baraja tocar los salarios y el empleo público para cuadrar unos presupuestos al límite. andaluces.es. 1 de Octubre.


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El Gobierno andaluz baraja tocar los salarios y el empleo público para cuadrar unos presupuestos al límite

Charo Solís / Sevilla / 1 oct 2013

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, tres el Consejo de Gobierno. // EFE

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, tres el Consejo de Gobierno. // EFE

Los próximos presupuestos andaluces ya dan síntomas de asfixia en su recta final de elaboración. Según los cálculos de la Junta, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 tienen, de entrada, un tijeretazo de 1.205 millones de euros en las transferencias estatales a la comunidad, lo que pinta unas cuentas autonómicas estranguladas en las que para preservar los tres pilares del Estado del Bienestar habrá que revisar todo. Partida a partida. Y en este repaso, pueden estar tanto los salarios como el empleo público, aunque dentro de ese parámetro de “lo menos posible” que marcó en su discurso de investidura la nueva presidenta andaluza, Susana Díaz.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, dejó hoy esta puerta abierta. Tras el Consejo de Gobierno, quiso analizar la repercusión de los PGE en las cuentas andaluzas y admitió la posibilidad de tener que dejar a los funcionarios sin paga extra, o peor, que se redujeran plantillas en la administración pública. “No puedo afirmar ni negar nada con este tema”, aseguró, y matizó que lo que persigue es que “haya la  menor pérdida de empleo público posible, y que haya la menor pérdida de salario posible, pero es difícil con 1.200 millones menos”. El capítulo de personal en los presupuestos andaluces representa el 58%, por lo que parece más que complicado que no se vaya a tocar. De hecho, hay en nómina a 238.000 empleados públicos (antes de las crisis rondaban los 255.000). Y a la Junta, como resumió Montero, “ya no le queda más grasa para seguir adelgazando” y quiere “blindar” a toda costa la política educativa, sanitaria y los servicios sociales.

Las cifras del recorte estatal, no obstante, pueden superar esos 1.205 millones. La Consejería de Hacienda ya cuenta con ello, porque el diseño de los PGE es “opaco”: determinados programas no están regionalizados. Eso hace presuponer que la Junta va a tener que cuadrar “más agravios y asimetrías”, porque Andalucía está muy lejos de ser la comunidad que más inversión recibe, como ha venido defendiendo el PP. De acuerdo con el criterio de inversión por habitante, está siete euros por debajo de la media nacional con 204 euros por habitante, y es superada por otras nueve comunidades, entre ellas Castilla-León, que está a la cabeza con más de 500 euros.

Aparte del recorte en transferencias y de que la inversión regionalizada se queda, aunque sólo sea por cinco décimas, por debajo del tope que marca el Estatuto de Andalucía, los PGE tienen una pequeña trampa más. Aunque todavía no se sabe en qué proporción ni en qué ministerios, la Junta dice tener constancia que los 1.697 millones que se invertirán en la comunidad se han engordado con fondos europeos.

Otra zancadilla más para la Administración autonómica en estos PGE es que no hay absolutamente nada consignado de los 1.500 millones reconocidos por el anterior Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que se debían con cargo a la disposición adicional tercera del Estatuto. Ese montante correspondía a los ejercicios 2008 y 2009 (ya han sido reclamado por la vía contencioso-administrativa al Gobierno central), y la Junta calcula que a estos se les han sumado hasta ahora otros 743 millones más de esta etapa de Mariano Rajoy.

A pesar de las estrecheces que tiene como punto de partida para elaborar sus presupuestos (el principal es el corsé del 1% de déficit), en lo que parece que el Ejecutivo andaluz está atascado es en el debate de ingresos. IU viene presionando desde hace un par de meses con la necesidad de abrir ese debate y su ariete es el impuesto de grandes superficies: repercutiría en los establecimientos con más de 2.500 metros de superficie, y el destino final de los 15 ó 20 millones que se recaudasen sería el pequeño y mediano comercio. Su socio socialista no está por la labor. La directriz marcada por la presidenta de la Junta es que no habrá subida de impuestos, lo que implica que tampoco se creará ninguno. Y a ese argumento se aferra el PSOE y Montero, a la vez que sitúan las tensiones con IU dentro de la normalidad que se da en la negociación interna de un presupuesto, no ya entre partidos, sino incluso entre departamentos. De todas formas, la coalición de izquierdas no está por tirar la toalla, y más aún cuando fuentes de la dirección regional mantienen que la postura socialista es fruto de las presiones de la patronal del sector de grandes cadenas de distribución.

Mientras ese escenario impositivo se resuelve (el PSOE quiere dejarlo aparcado hasta el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la próxima primavera, en el que se revisará la cesta de impuestos a nivel estatal, en un intento de acompasarlo entre todas las comunidades), la única vía de ingreso que le queda a la Junta es lo que pueda recaudar a través de su propia capacidad impositiva y de la lucha contra el fraude fiscal. En este último caso, en el año que ha transcurrido desde su puesta en marcha de este plan, se han recaudado entre 200 y 220 millones. Otro apartado es la venta de activos, pero cabe recordar que este año pasado quedó desierta.

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