Sentencia del Tribunal Supremo. Estimado el recurso de casación de la Junta de Andalucía. Servicio Andaluz de Empleo. 7 de Octubre.


La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia por la que estima el recurso de casación formulado por la Junta de Andalucía y desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el D.96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Servicio Andaluz de Empleo.

Transcripción de parte de la Sentencia

“La FAFFE y los Consorcios UTEDLT eran entes de derecho público con personalidad jurídica propia, por lo que su personal, regido por el ordenamiento laboral, estaba dentro del ámbito de aplicación de este texto legal. Nada añaden al respecto, por tanto, ni la Ley 1/2011, ni el decreto 96/2011.

De otro lado, la disposición adicional segunda de este último carece de sustantividad jurídica como bien dicen el Ministerio Fiscal y las Administraciones recurrentes. Se limita a cumplir en sus términos la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2011. Nada le añade ni quita. Por tanto, si la Sala de Sevilla no dudó de la constitucionalidad de ésta última, debió desestimar el recurso contencicioso-administrativo porque limitándose a su estricto cumplimiento, al ser constitucional la Ley, el Decreto no podía infringir los artículos 14 y 23.2 de la Constitución.

Además, de ningún modo pueden, disposición adicional segunda incluida, afecta al derecho al acceso a la función pública de quienes recurrieron en la instancia pues ya forman parte de ella bien como funcionarios, bien como personal laboral.

No es una obviedad, por otro lado, establecer expresamente que ese personal de los entes instrumentales suprimidos que se integra en la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo sólamente podrá pasar a la función pública de la Administración General de la Junta de Andalucía o a su personal laboral si supera los correspondientes procesos selectivos.

La anterior salvedad señala el camino que habrán de seguir quienes, integrados ya en la ASAE, deseen dar ese paso. Y, mientras no lo hagan, seguirán como empleados públicos en la ASAE – que es a la que se circunscriben la Ley y el Decreto de integración – de igual modo que lo estaban ya en los desaparecidos Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y los Consorcios UTEDLT. El párrafo segundo de la disposición adicional segunda recalca, pues, el sentido de la integración. Mejor dicho, reitera los límites dentro de los que tiene lugar.

En consecuencia, todo se reduce a la incidencia que tienen las normas legales y la disposición reglamentaria en el derecho de los actores a la promoción profesional o, más en concreto, a la provisión de los puestos que no ocuparían quienes proceden de los entes instrumentales suprimidos si es que fuera contraria al ordenamiento jurídico su integración en la ASAE. En este punto, hay que coincidir de nuevo con el Ministerio Fiscal.

El derecho del que se trata ciertamente es de configuración legal y a ella contribuye la Ley 1/2011 que, como ya sabemos, el Decreto 96/2011 se limita a cumplir en sus términos. Configuración que, tratándose no ya del acceso a la función pública sino del desarrollo de la carrera administrativa, permite mayores márgenes a la Administración a la hora de organizar la forma de provisión de los puestos de trabajo.

La solución seguida por el legislador en este caso no nos suscita dudas de constitucionalidad porque, como resalta el Ministerio Fiscal, se mueve dentro de ese espacio y lo hace, además , ateniéndose, sin variarla, a la situación existente.

Es decir, manteniendo la condición que ya tenía el personal cuestionado (FAFFE y Consorcios UTEDLT) con la única diferencia de que ahora pasa a serlo de la ASAE. Así, quienes eran empleados públicos del primero, entidad pública, siguen siéndolo, ahora de la segunda, entidad pública igualmente, sin que por la integración controvertida pasen a formar parte de la función pública ni del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía.

En fin, de nuevo hay que coincidir con el Ministerio Fiscal cuando indica que la integración dispuesta por la disposición adicional segunda del Decreto 96/2011, en estricto cumplimiento del a disposición adicional cuarta de la Ley 1/2011, no supone por sí misma ninguna lesión concreta y actual de ese derecho de promoción profesional de los actores en la instancia sino, en todo caso, eventual y futura pues no sólo no hace empleados públicos a quienes no lo fueran ya sino, también, porque no implica ninguna actuación dirigida a sustraerles puestos de trabajo determinados a cuya promoción, de otro modo, hubieran podido aspirar.

A idéntica conclusión se llegó en las STS de 25 de marzo de 2013, rec. casación 1197/2012 y 1326/2012 desestimatorias de los recursos formulados contra sentencias desestimatorias dictadas por la Sala de Málaga del TSJ Andalucía frente a las impugnaciones contra el Decreto 92/2011 de 19 de abril.

Por tanto, descartadas las lesiones al principio de igualdad y al derecho de los actores a acceder y permanecer promocionándose profesionalmente en el empleo público, en razón de cuanto hemos dicho, debemos anular la sentencia impugnada y, a la hora de resolver el recurso contencioso-administrativo, conforme nos exige el artículo 95.2 d) de la LJCA hemos de desestimarlo.”

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO (SAE) (PDF)

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