El TSJA avala el pleito del listado de ‘enchufados’. El Mundo. 5 de Noviembre.


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FUNCIÓN PÚBLICA Cientos de nombramientos irregulares en la Junta a través de los ‘artículos 27’

El TSJA avala el pleito del listado de ‘enchufados’

  • Una sentencia falla contra la Junta y revoca el ‘carpetazo’ de un juez de lo contencioso
  • La Administración andaluza guardó el listado hasta que un juez la amenazó con multas
La consejera María Jesús Montero y su antecesora, Carmen Martínez...

La consejera María Jesús Montero y su antecesora, Carmen Martínez Aguayo. JESÚS MORÓN

SILVIA MORENO Sevilla

Actualizado: 05/11/2013 09:35 horas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado a un juez de Sevilla que siga adelante con el macropleito del listado de enchufados de la Junta, que persigue la anulación de cientos de puestos adjudicados de forma presuntamente irregular por la Administración andaluza a sus funcionarios afines.

Se trata de un pleito iniciado por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) hace ya cuatro años, con cientos de funcionarios personados, al que tendrá que hacer frente la nueva consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. Otra herencia envenenada más en función pública de su antecesora, Carmen Martínez Aguayo.

Hasta en tres ocasiones el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 9 de Sevilla ha fijado fecha para la vista oral de este pleito, aunque siempre ha debido aplazarla porque faltaba la documentación clave del caso: el listado con los «efectivos reales» de todas las consejerías, delegaciones provinciales y organismos dependientes de la Administración General de la Junta, en el que están los enchufados y beneficiados con nombramientos irregulares.

La Junta retrasó al máximo la entrega de los listados de enchufados y sólo lo hizo después de que el juez le diera un ultimátum en noviembre de 2011 -como ya informó este diario- y amenazara con denunciarla al fiscal o multarla con 600 euros por cada veinte días de retraso en la entrega de la documentación.

Finalmente, la Junta depositó los listados, aunque intentó que el juez diera carpetazo al caso. Así, el 23 de mayo de 2012, el juez de lo contencioso dicta un auto en el que le da la razón a la Junta y declara la «inadmisibilidad del recurso» interpuesto por el Sindicato de Funcionarios.

El sindicato recurre aquel auto y ahora una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, del 10 de septiembre a la que tuvo acceso EL MUNDO, estima el recurso e incluso condena en costas a la Junta.

El TSJA rechaza la tesis de la Junta sobre que no sea posible conocer «la concreta actuación administrativa impugnada», ya que «se acompañan documentos con listas de puestos del artículo 27.2 de la Ley 6/1985, quedando de esa forma identificados los nombramientos recogidos en dichos documentos, estando plenamente identificados».

El fallo del TSJA subraya que los nombramientos impugnados están «plenamente identificados», por lo que ordena al juez que continúe con la tramitación del caso.

La Junta, bajo el paraguas de la «urgente necesidad», está utilizando los artículos 27 para «premiar a sus funcionarios afines» con unos nombramientos muy ventajosos, explicó el abogado del Sindicato de Funcionarios, Fermín Vázquez.

Son beneficiosos porque el agraciado consolida el nivel del puesto que le adjudica la Administración, aunque sea mayor que el suyo. La ventaja es doble: mayor sueldo y avance en la carrera administrativa.

El recurso se basa en que los nombramientos al amparo de los artículos 27 se efectúan «sin publicidad y sin motivación alguna». Por lo tanto, no es posible conocerlos individualmente ni recurrirlos judicialmente. El Sindicato de Funcionarios criticó esta conducta «oscurantista» de la Junta, que sirve para «premiar» a los funcionarios afines y «castigar» a los díscolos.

En este pleito se han personado ya unos doscientos funcionarios de la Junta beneficiados por los nombramientos presuntamente irregulares, que son a través de los conocidos como artículos 27, también llamados los «puestos de libre designación de los pobres».

Los denominan así porque los puestos de libre designación (PLD) normales corresponden a los niveles más altos de la Administración, para los que se suele requerir una licenciatura, mientras que los artículos 27 se adjudican a dedo, como los PLD normales, pero están en todos los niveles de la función pública, también en los más bajos.

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