Bruselas pone la lupa en la gestión de los fondos públicos en Andalucía. El Mundo. 29 de Marzo.


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ANDALUCIA En el punto de mira

Bruselas pone la lupa en la gestión de los fondos públicos en Andalucía

  • Investiga sus multimillonarias políticas de riesgos laborales tras varias denuncias
El ex consejero de la Junta, Antonio Fernández, en los juzgados de...

El ex consejero de la Junta, Antonio Fernández, en los juzgados de Sevilla para declarar como imputado por los ERE.Carlos Márquez

Carlos CuestaMadrid

Actualizado: 29/03/2014 02:29 horas

La Junta de Andalucía puede estar a punto de meterse en un nuevo jaleo legal. En uno de dimensiones multimillonarias. Y es que la aparición de denuncias procedentes de empleados públicos de sus propias dependencias acaba de despertar a la Comisión Europea. Bruselas ha abierto expediente a España para aclarar si se están desarrollando o no, cómo y en qué medida, las políticas comprometidas en Andalucía en materia de riesgos laborales. Unas políticas que han acumulado en dos planes de prevención un presupuesto cercano a los 200 millones de euros.

El expediente sería de por sí grave simplemente teniendo en cuenta que lo que reclama Europa es el cumplimiento en una administración pública de los mecanismos de seguridad laboral obligatorios para cualquier empresa. Y, según las denuncias, la administración andaluza no mantiene las exigencias de protección de sus empleados.

Pero el problema va más allá. Porque, de confirmarse el incumplimiento de la Junta, estaría afectando a uno de los programas más generosamente regado con dinero durante la época del consejero Antonio Fernández, imputado en el caso ERE. Y si, como afirman las denuncias, acaba resultando que no se han desarrollado las políticas, el siguiente paso sería obvio: investigar qué ha pasado con ese dinero.

Una de las denuncias trasladadas a Bruselas señala que la Consejería de Empleo -en concreto la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral- es el organismo que «tenía asignadas todas las competencias de la Junta de Andalucía en materia de Prevención de Riesgos Laborales cuando sucedieron los sucesos». Sucesos que, según el denunciante, implican la vulneración de «la prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral», así como el abandono de «la coordinación de los distintos Centros de Prevención de Riesgos Laborales dependientes de la Consejería», llegando al hecho de ni tan siquiera haberse constituido los organismos necesarios de control de los programas exigidos por la ley.

Pero, pese a la inexistencia de la estructura obligatoria, los presupuestos se gastaron: el Decreto 313/2003 dotó 66 millones en un primer momento. Cifra que fue completada en una segunda etapa con otros 130.

Pruebas

Las denuncias han incorporado como prueba las propias «propuestas de requerimiento emitidas por parte de la Inspección de Trabajo de Córdoba y Sevilla», donde «se puede observar cómo la estructura orgánica de toda la Junta de Andalucía carece de los medios humanos y materiales en materia de prevención de riesgos laborales».

Pero ésta es sólo una de las denuncias recibidas en Europa. La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, de la que está a cargo el comisario László Andor, recibió la primera queja en marzo de 2011 y, acto seguido, envió una carta al Gobierno español, aún con Zapatero como presidente, en la que expresaba su «preocupación ante posibles infracciones a la hora de aplicar la Directiva sobre salud y seguridad en el trabajo en las empresas y trabajadores dependientes de la administración andaluza».

Respuesta insatisfactoria

Fuentes europeas explican que la respuesta que ofrecieron las autoridades españolas «no disipó las dudas de la Comisión», que envió una nueva carta, ya como advertencia formal, en noviembre de 2013. La respuesta del Gobierno español acaba de llegar a Bruselas (el pasado 11 de marzo) y el equipo de Andor está analizando los argumentos para determinar los próximos pasos.

Si las explicaciones no convencen, la Comisión Europea iniciará un procedimiento contra el Reino de España que podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE. Con independencia de la amenaza de multa, la constatación por parte del Ejecutivo comunitario de que se han violado las leyes europeas y ha habido un supuesto uso fraudulento de estos fondos públicos puede motivar, en paralelo, una acción judicial en España, apuntan fuentes comunitarias.

Sindicatos en el punto de mira

Una de las últimas denuncias enviadas a Bruselas carga, además, contra algunos de los sindicatos mayoritarios y señala que «todas estas irregularidades han sucedido presuntamente como consecuencia del consentimiento y la permisividad que permiten, entre otros, la mayor parte de los representantes de los trabajadores que ostentan el cargo de Delegados de Prevención».

Aclaran en su reclamación, de hecho, que el día 5 de octubre de 2001, la Junta firmó el acuerdo de prevención de riesgos laborales con UGT, CCOO, CSI-CSIF y Cemsatse. Y en el apartado octavo se recoge lo que aparenta ser un catálogo de retribuciones a los firmantes: «Las organizaciones sindicales que cuenten con delegados de Prevención en los diferentes Comités de Seguridad y Salud […], incrementarán sus respectivas bolsas de horas a razón de cinco horas/mes por cada delegado de Prevención en cada uno de los Comités de Seguridad y Salud (…).

Créditos

Asimismo, la administración de la Junta de Andalucía concederá un total de 20 créditos horarios de liberación total a las organizaciones sindicales firmantes que ostenten la condición de más representativas en el ámbito de la Mesa General y de la Comisión de Convenio, con la siguiente distribución: a) Seis para CCOO; b) Dos para Cemsatse; c) Seis para CSI-CSIF; d) Seis para UGT. (…) Los delegados de Prevención y los miembros electos de Comités de Seguridad y Salud tendrán derecho a percibir indemnizaciones por gastos de desplazamiento y manutención (…)».

Hasta el momento, las autoridades europeas no han sido capaces de determinar si en las partidas del presupuesto andaluz hay fondos europeos, ya que las ayudas para seguridad laboral que ofrece la UE pueden ser tanto a nivel nacional como autonómico. En todo caso, desde la Comisión recuerdan que «Andalucía ha recibido las mayores ayudas procedentes de fondos de cohesión entre todas las regiones de Europa». La cantidad total recibida en el periodo 2007-2013, en el que se enmarcaría esta partida investigada, asciende a 12.500 millones de euros, más de una tercera parte de todos los fondos correspondientes a España.

Las claves de la noticia:

  • > Bruselas ha abierto expediente a España para aclarar si se están desarrollando o no, cómo y en qué medida, las políticas comprometidas en Andalucía en materia de riesgos laborales.
  • > Estas políticas han acumulado en dos planes un presupuesto cercano a los 200 millones de euros.
  • > Su responsable era el ex consejero de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, imputado por el fraude de los ERE.
  • > El comisario europeo Lászlo Andor recibió una aclaración del Gobierno de Zapatero que consideró insuficiente y ahora investiga si se han producido irregularidades con fondos de cohesión de la UE.
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2 respuestas a Bruselas pone la lupa en la gestión de los fondos públicos en Andalucía. El Mundo. 29 de Marzo.

  1. cupascas dijo:

    Y ¿Hasta ahora no se han dado cuenta de todos los sinvergüenzas que hay por aquí?

  2. Rafael Anticortijo dijo:

    Quiero saber dónde están o qué se ha hecho con esos doscientos millones de euros. Porque la prevención de riesgos laborales en la Junta de Andalucía es prácticamente INEXISTENTE.

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