El funcionario que pasó dos años y medio “encerrado en un cuarto de la limpieza”. El Confidencial. 19 de Octubre.



FRAUDE DE LA FORMACIÓN EN ANDALUCÍA

El funcionario que pasó dos años y medio “encerrado en un cuarto de la limpieza”

Teodoro Montes, tras su declaración judicial el 9 de octubre. (Efe)

Teodoro Montes, tras su declaración judicial el 9 de octubre. (Efe)

I. Morillo. Sevilla

En 2009 llevaba menos un año al frente de la supervisión de los cursos de formación en la provincia de Sevilla y pidió una excedencia especial de nueve meses para marcharse a Ecuador. A su regreso, según el funcionario de la Junta Teodoro Montes ha relatado en un juzgado de Sevilla, lo metieron “en el cuarto de las limpiadoras con la máquina de aire acondicionado”. Incluso, cuenta el que se ha convertido en el principal testigo en la macrocausa de la formación que investiga la juez Mercedes Alaya, le hacen un muro para reducir el minúsculo espacio. Así pasó dos años y medio, ha asegurado esta semana ante la magistrada. No es lo único que ha narrado.

“Trato privilegiado” a ayuntamientos y entidades públicas que obtuvieron “pingües beneficios”. Fundaciones que se extienden como “una mancha de aceite” y que se hacen con el control de los cursos de formación. CCOO, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como agentes privilegiados a los que “casi todo les estaba permitido”. Sindicatos que cobraban el 20% de comisión ilegal al subcontratar cursos. Una patronal que actúa con “prepotencia” y crea una red de centros colaboradores para ejecutar el dinero de la formación que le era adjudicado.

El exconsejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda. (Efe)

El exconsejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda. (Efe)

¿Por qué? Nombres propios que se repiten en los expedientes como adjudicatarios de subvenciones, que obtienen un trato de favor “abrumador” y son familiares de altos cargos, militantes socialistas o personas del círculo de poder del PSOE. Y una desaparecida fundación pública de Empleo, la Faffe, que no dejaba que los funcionarios controlara sus expedientes, acreditaba cursos falsos y sobre la que la Cámara de Cuentas de Andalucía ya ha alertado que repartió un 89% de los fondos de formación sin justificar entre 2009 y 2010, la etapa más negra. Nadie comprobaba que los cursos se hacían cumpliendo la ley. No se visitaban las instalaciones ni se supervisaba a docentes ni alumnos. Algunos se empleaban como “mano de obra barata”.

Este es el apocalíptico retrato que, según fuentes judiciales, el principal y controvertido testigo del fraude de la formación en Andalucía ha dejado sobre la mesa de la juez Mercedes Alaya en cinco días de declaración. No hay pruebas. Son las acusaciones de un trabajador que lleva años en una cruzada personal contra sus superiores. Pero es el relato con el que la magistrada puede activar su máquina de elaborar autos demoledores y arrancar su ronda de imputaciones. La gran diferencia con el caso de los ERE, según aprecian varios conocedores de la causa, es que el testigo ha dejado sobre la mesa de la instructora un reguero de nombres que no son solo altos cargos ni militantes socialistas sino funcionarios de carrera de la administración andaluza que podrían caer en esta telaraña judicial.

Capaz de cansar a la juez

Teodoro Montes es un hombre de 65 años, menudo, de aspecto singular y pegado a una bolsa de plástico donde lleva y trae documentos a los juzgados de Sevilla. Es un funcionario de carrera que accedió a la administración en 1982 y que tiene una sentencia a su favor por mobbing ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ha sido capaz hasta de cansar a la imbatible Alaya en sus horas de interrogatorio. Cuando su señoría daba por concluida la declaración tras varias horas en más de una ocasión espetaba: “¿Ya? Tengo toda la mañana”. Eran las cuatro de la tarde.

Teodoro Montes. (Efe)

Teodoro Montes. (Efe)

Fue el responsable de supervisar los cursos de formación en la provincia de Sevilla desde 2008, cuando se convierte en Jefe de Departamento de Gestión en el Servicio de Formación. Cargo que hoy aún ocupa tras pedir una prórroga cuando le tocaba jubilarse. Estuvo en las entrañas del sistema y asegura que le hicieron la vida imposible por no comulgar con lo que le decían que tenía que hacer. También es un señor que está imputado por presunto delito de falsedad en relación a un curso de formación, que volvió a pedir amparo a un tribunal tras tener sentencia firme a su favor por acoso laboral y un juez desestimó su queja y lo condenó a pagar los costes. Ha hecho acusaciones muy graves y se ha retractado en 24 horas. Ha llegado a afirmar que la Junta tiene “un trato especial” de los jueces.

Hace poco más de un año se dirigió personalmente a las puertas del juzgado de Alaya y quiso contarle su caso después de “seis o siete años esperando que alguien lo oyera”, según él ha explicado. No lo mandaron al juzgado de guardia ni a la Fiscalía ni a la Policía sino directamente a la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, el brazo armado de la juez Alaya en el caso ERE. Posteriormente la Guardia Civil devolvió el caso a Alaya. Nacía así el que, dicen varios abogados, puede convertirse en el mayor caso judicial de corrupción en España tras los ERE. Teodoro eligió a Alaya y dio los pasos para que se montara una macrocausa que vuelve a asfixiar al Gobierno de Susana Díaz.

El testigo asegura que el número de cursos que les otorgaban a la empresa de Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda e imputado en esta causa, era “abrumador en agravio comparativo” con respecto al resto de centros formadores. La única explicación que encuentra era su poder, el cargo que desempeñó como consejero, sus contactos políticos y socioeconómicos, su afiliación al PSOE, ha dicho el testigo a Alaya. El exconsejero, que formó parte del Gobierno en 1987 y 1990, se embolsó 33 millones en ayudas. Pero podría no ser el más beneficiado. Pone en el disparadero a otro empresario, que cree que es familiar de otro alto cargo aunque Montes no puede precisarlo, y que se llama José Sivianes. Sus cursos podrían superar a los del exconsejero imputado. Ya un juzgado investiga desde finales de 2013 a este propietario de empresas de formación por presuntas irregularidades en la facturación de los cursos.

Montes denuncia trato privilegiado a ayuntamientos, fundaciones que se extienden como ‘una mancha de aceite’, una patronal que crea una red de centros colaboradores y unos sindicatos que cobraban el 20% de comisión ilegal al subcontratar cursosSu relato en cinco días ante la jueza Mercedes Alaya es un batiburrillo de acusaciones, plagado de generalidades y afirmaciones gruesas pero también el testimonio del descontrol y la falta de rigor en el manejo de miles de millones públicos en Andalucía. Ha denunciado situaciones kafkianas, como la ocurrida con la Fundación Pública Andaluza para Personas con Enfermedad Mental (Faisem), a la que acusa de tener medicados a sus alumnos, con alta discapacidad, para que soportaran condiciones infrahumanas en aulas acristaladas al sol a “60 grados”. No lo denunció en un juzgado. Faisem lo desmiente y ha anunciado una querella. CCOO y la CEA también estudian acciones legales. Montes no aporta pruebas ni precisa nombres porque, alega, tiene vetado el acceso a los archivos informáticos. En su bolsa lleva las cientos de quejas que ha ido poniendo en años de una guerra interna librada contra la Junta de Andalucía.Según los datos del Gobierno andaluz, desde 2007 a 2013 en Andalucía se gastaron 2.327 millones de euros en más de 36.000 cursos de formación con 758.000 alumnos. La juez Alaya remonta su investigación a 2001. El funcionario, testigo clave en el fraude de la formación que investigan ya once juzgados diferentes en Andalucía, relata un descontrol y una falta de medios para supervisar estos cursos que asombra. Para algunos su historia no es más que fruto de la fabulación y las ansias de venganza contra sus superiores. Para otros, Teodoro Montes le ha dado al play de una película muy real sobre lo que ocurría con los cientos de millones de euros que desde la Unión Europea regaban la formación en Andalucía. Desde luego la juez Alaya ya tiene guión. La precuela comenzó a las puertas de su juzgado hace más de un año.

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