El juez archiva la denuncia contra 42 cargos de la Junta. El Mundo. 11 de Noviembre.


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TRIBUNALES El sindicato anuncia que recurrirá el fallo

El juez archiva la denuncia contra 42 cargos de la Junta

 

El SAF denunció prevaricación, usurpación de funciones y malversación de 980 millones

SILVIA MORENO  Sevilla

Actualizado: 11/11/2014 13:05 horas

El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla ha archivado la macrodenuncia contra 42 cargos o ex cargos del Gobierno andaluz por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de los funciones de los funcionarios y malversación de unos 980 millones de euros.

La denuncia fue interpuesta hace unas tres semanas por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y está relacionada con el entramado de agencias y entes instrumentales de la Junta de Andalucía, más conocida como la administración paralela.

El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla ha dictado un auto, fechado el 24 de octubre, en el que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia contra los 42 altos de cargos y ex altos cargos de la Junta y de siete de siete agencias públicas y entes instrumentales, al no encontrar indicios de delito.

Por su parte, el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha presentado un recurso contra la decisión del juez de sobreseer la causa porque «el auto que pasa de puntillas por el fondo del asunto», ha indicato este martes el SAF.

Para el Sindicato de Funcionarios, el juez «no ha entendido el trasfondo de lo denunciado, ni la gravedad de los hechos expuestos que, en modo alguno, están alejados de la punibilidad penal».

Desde que el Gobierno andaluz aprobó en 2011 la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz -más conocida como ley del enchufismo, porque supuso la integración de más de 20.000 trabajadores de la administración paralela en las nuevas agencias de la Junta– los entes analizados por el SAF han gestionado como mínimo 980 millones de euros.

La denuncia parte de la premisa de que la gestión de estos fondos millonarios ha sido ilegal porque ha estado en manos de un personal que no tiene las competencias porque no son funcionarios.

Los funcionarios tienen reservadas por ley las potestades administrativas, entre las que se incluyen la concesión de subvenciones o la imposición de sanciones. Estas potestades sólo pueden ser ejercidas por la Administración General con sus férreos controles. Sin embargo, la Junta las está trasvasando a su administración paralela.

Las agencias denunciadas por el Sindicato de Funcionarios no cuentan con personal funcionario y, sin embargo, están desarrollando estas potestades administrativas que, en principio, les están prohibidas.

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