La Junta aplica en los 14 consorcios bajo sospecha la ley del enchufismo. El Mundo. 4 de Diciembre.


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EL FRAUDE DE LA FORMACIÓN

La corrupción política

La Junta aplica en los 14 consorcios bajo sospecha la ley del enchufismo

  • Pretende subrogar a los 202 empleados de estos entes en la Agencia de Formación
  • Educación también ha barajado hacer un ERE en cada consorcio escuela
  • Alonso pretende que el personal esté integrado en enero en la nueva Agencia
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, en una...

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, en una comparecencia reciente. ESTHER LOBATO

SILVIA MORENO

CARMEN TORRES Sevilla
Actualizado: 04/12/2014 08:43 horas

El Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, pretende solventar el grave problema que sufre el personal de sus catorce consorcios escuela de formación, aplicando el polémico esquema de la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz aprobada en 2011, más conocida como ley del enchufismo, porque supuso la integración en la Administración andaluza de más de 20.000 trabajadores, también los enchufados, procedentes del conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta.

La red de consorcios escuela de formación son un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno andaluz. Estos entes, que dependen del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, están en el punto de mira de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, ya que forman parte de su macroinvestigación sobre el fraude de la formación, un caso en el que están imputados los ex consejeros de la Junta Antonio Fernández, que fue titular de Empleo entre 2004 y 2010, y Ángel Ojeda, reconvertido en empresario de éxito con los cursos de formación tras ser consejero de Hacienda y Planificación entre los años 1987 y 1990.

Las pesquisas de Alaya no son el único frente. La propia Junta teme sanciones de la Inspección de Trabajo y condenas de los tribunales que la obliguen a pagar importantes indemnizaciones económicas por el cúmulo de irregularidades destapadas en los catorce consorcios escuela, como viene informando EL MUNDO.

Un informe interno del Gobierno andaluz alerta sobre «las importantes consecuencias» que puede tener la situación financiera «insostenible» en la que se encuentran los catorce consorcios escuela de formación, por la «falta absoluta de tesorería», que les ha llevado a incurrir en impagos a sus 202 trabajadores, «con un retraso de varios meses en el abono de los salarios».

La Junta admite que el problema de los 202 trabajadores de los consorcios es el «más delicado» que debe solventar porque «nos encontramos con personal contratado por cuenta ajena, con muchos años de antigüedad, en su mayoría, y con un convenio colectivo propio».

«Así pues, habría que acudir a la figura de la sucesión de empresas, e iniciar un proceso de subrogación del personal» -dice el informe interno al que tuvo acceso este diario- en la nueva Agencia de Educación y Formación, a la que el Parlamento andaluz dio el visto bueno el pasado 12 de noviembre, con la oposición del PP, que considera que esta nueva agencia, que surge de la transformación del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), sólo servirá para «tapar la corrupción».

Este proceso de subrogación es similar al que se siguió con los más de 20.000 trabajadores de la administración paralela en la polémica reordenación del sector público, una reforma que desató una rebelión entre los empleados públicos de la Junta, que salieron a la calles en multitudinarias manifestaciones entre los años 2010 y 2011.

Los funcionarios rebautizaron la Ley de Reordenación como la ley del enchufismo e iniciaron una batalla legal contra la normativa que la desarrolló. Inicialmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les dio la razón, pero el Tribunal Supremo avaló finalmente la reforma de la Junta. La Ley está actualmente recurrida por el PP en el Tribunal Constitucional.

El documento interno de la Junta sobre los consorcios admite que, antes de iniciar este proceso de subrogación de los 202 trabajadores en la nueva Agencia de Formación, es necesario un informe favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige la consejera socialista María Jesús Montero.

«En caso de que el sistema anterior [subrogación] no sea posible, habría que proceder a iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) en cada uno de ellos, acordado por el consejo rector, y en cuyo periodo obligatorio de consultas con los representantes legales de los trabajadores, se ofrezca, como alternativa al despido, la integración como plantilla» en la Agencia de Formación, «acogiéndose al convenio colectivo de ésta y manteniendo la antigüedad». Para ello, también es «imprescindible» la autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Para que los 202 trabajadores se integren en la Agencia de Formación, deben disolverse antes los consorcios, un proceso que ya está en marcha, según explicó el consejero Luciano Alonso el pasado 20 de noviembre en el Parlamento.

La Consejería no da muchos detalles sobre la liquidación de los consorcios ni la forma en la que piensa integrar a los 202 trabajadores de estos entes, pero sí anuncia que el nuevo modelo comenzará a aplicarse el próximo mes de enero.

«Daremos, por tanto, continuidad a un servicio de formación que ha sido un modelo incuestionable, y también estaremos solventando el problema de más de 201 profesionales y sus familias que durante años han dedicado su vida a formar a miles de alumnos andaluces», dijo Alonso en la Cámara.

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