La Fiscalía insta al TSJA a investigar al exconsejero Ávila por subvenciones a 94 unidades de empleo. El Diario. 30 de Diciembre.


La Fiscalía insta al TSJA a investigar al exconsejero Ávila por subvenciones a 94 unidades de empleo

Un decreto firmado por el fiscal superior, Jesús García Calderón, no descarta que los hechos puedan constituir posibles delitos de prevaricación administrativa y alguna forma de malversación de caudales públicos.

El fiscal pide al juzgado que investigue un posible fraude en cursos de formación

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón / EFE.

El exconsejero Antonio Ávila se enfrenta a otra posible investigación penal al margen del caso de los ERE en el que, junto a otros altos cargos andaluces, ha sido señalado por la jueza Alaya. En un decreto notificado el 18 de diciembre, la Fiscalía Superior de Andalucía establece que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investigue la relevancia penal de una resolución firmada por él en diciembre de 2012 por la cual se concedieron 94 subvenciones excepcionales a cada uno de los 94 consorcios para las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedl).

Aquella resolución la firmó Ávila como presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que ocupó este cargo entre mayo de 2012 y septiembre de 2013, cuando la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta que dirigía asumió las competencias en la materia. El decreto de remisión, suscrito por el fiscal superior Jesús García Calderón, no descarta que los hechos puedan constituir posibles delitos de prevaricación administrativa y alguna forma de malversación de caudales públicos.

Ávila es actualmente diputado en el Parlamento de Andalucía por el Grupo Socialista y está afectado por la situación de aforamiento, como ya ha hecho constar Alaya respecto a los ERE fraudulentos. En el decreto, al que ha tenido acceso eldiarioandalucia, se establece para el exconsejero “una investigación diferenciada para establecer, con garantías, la existencia de indicios que exijan el ejercicio de acciones legales por cuanto no puede descartarse que los hechos podrían constituir, en principio ya salvo de las comprobaciones que sean pertinentes, un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal y alguna forma de malversación de caudales públicos conforme a lo establecido en los artículos 432 y siguientes del mismo texto legal”. Calderón asigna a otro fiscal la tramitación de esta investigación en concreto.

Por otro lado, la Fiscalía Superior también ha resuelto remitir a todas las fiscalías provinciales de Andalucía una copia íntegra de las diligencias abierta acerca de  un posible fraude de más de 57 millones de euros en la selección y contratación de los agentes locales de promoción de empleo (más conocidos como ‘alpes’). El objetivo es que, conforme a las indicaciones del informe policial después de la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), “lleven a cabo la investigación de los hechos y, si fuera preciso, formulen la denuncia correspondiente”.

El SAE remitió las resoluciones de concesión de subvenciones a favor de los consorcios

Recuerda el fiscal superior, en relación con la labor desarrollada por la Cámara de Cuentas ( que recientemente no apreció responsabilidad contable en las ayudas a estas unidades de empleo), se determinó en su informe que en multitud de casos y en los 25 consorcios que conformaron su muestra objeto de fiscalización, “existe una carencia de documentación acreditativa que impide verificar la efectiva realización de las actividades previamente subvencionadas”. Señalaba la Cámara que, aunque se establecían métodos de inspección y seguimiento con herramientas de evaluación de la actividad a través de un registro de actuaciones, se detectan deficiencias en el uso de esos programas y herramientas de seguimiento y control determinando que los procedimientos elegidos, en definitiva, resultaban confusos, insuficientes e incompletos.

Con relación a la concesión de subvenciones, en cumplimiento al requerimiento efectuado por la Fiscalía Superior, el SAE remitió escrito relativo a resoluciones de concesión de subvenciones a favor de los consorcios y con cargo a la Orden de enero de 2004, adjuntándose las resoluciones de concesión de ayudas e incentivos, ordenadas por provincias, consorcios y años.

Explica la Fiscalía que las Utedl eran entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, participados por el SAE y por la Administración Local, a través de Corporaciones municipales y supra municipales. durante los años 2010, 2011 y 2012 se concedieron ayudas a los 95 consorcios UTEDLT por un total de 57.340.676 € por el Servicio Andaluz de Empleo. Los Consorcios se financiaban con las aportaciones de la Junta de Andalucía y de las entidades consorciadas. El SAE, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sufragaba el 100% de los gastos del personal que conformaban la estructura básica y aportaba un porcentaje de cofinanciación de los costes salariales de la estructura complementaria.

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