La Junta desoye al TSJA y oculta la lista de ‘enchufados’. El Mundo. 13 de Enero.


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La Junta desoye al TSJA y oculta la lista de ‘enchufados’

  • Una juez reprocha al Gobierno andaluz que no haya cumplido aún una sentencia del TSJA
  • Un fallo de 2013 obliga al Gobierno andaluz a entregar datos de todo su personal
Cabecera de la manifestación de empleados públicos en mayo de 2011...

Cabecera de la manifestación de empleados públicos en mayo de 2011 contra la reordenación del sector público.

Nuevo varapalo judicial contra el Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, por negarse a facilitar la información que podría poner al descubierto a los enchufados que trabajan en la Administración andaluza y los privilegios de los que disfrutan.

La Junta se resiste a dar cumplimiento a las 21 sentencias firmes de diferentes juzgados y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la obligan a facilitar los listados de efectivos reales que trabajan en las delegaciones provinciales y consejerías, con el detalle de si son externos, funcionarios o laborales o qué tipo de contrato tienen, además de las retribuciones que perciben y los complementos salariales.

Pero los tribunales siguen fallando contra la opacidad de la Administración. La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla, Nuria Marín Álvarez, acaba de dictar un auto en el que declara que la documentación facilitada por la Junta al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre este asunto «no está completa y no cumple» un fallo anterior del TSJA.

Se refiere a una sentencia del TSJA del 3 de octubre de 2013 que condenó a la Junta a que proporcionara al SAF la información que le había solicitado y que podría poner al descubierto a los enchufados que trabajan en la Administración.

El Gobierno andaluz debía aportar «copia de los contratos que amparaban la presencia del personal externo» en cada centro de trabajo, «especificando las funciones que desempeñan cada uno de ellos, si disponían de clave privada de acceso a los sistemas informáticos», además de la «relación de plazas vacantes y desdotadas existentes» y el «listado de efectivos reales».

El TSJA entiende que la información requerida por el SAF es «necesaria» para que este sindicato pueda realizar las funciones que le son propias, de «política de personal, y no pueden calificarse de excesivos o irracionales los concretos extremos solicitados».

Por este motivo, la Junta «no puede escudarse en el derecho a la protección de datos, ya que la documentación que debe facilitársele al sindicato recurrente es la determinada en la sentencia sin omisión alguna», remarca el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla.

Aunque la Junta ha entregado al sindicato y en el juzgado infinidad de documentos y listados, nunca facilitó la información requerida por el Sindicato de Funcionarios. De hecho, llegó a aportar una serie de contratos de personas que están trabajando en la Junta, pero tachó los nombres de los afectados, impidiendo así la labor sindical, denunció el SAF.

El Sindicato de Funcionarios ha denunciado que la Administración llegó a facilitar contratos de mantenimiento y servicio de limpieza que nada tienen que ver con la documentación exigida en el pleito.

Un borrado ‘obligado’

Por su parte, el letrado de la Junta alegó que la documentación remitida «cumple fielmente el fallo, resultando el borrado de los datos personales obligado según la legislación vigente y sin que, por otra parte, dichos datos personales, nombre y apellidos de quienes suscriben los contratos resulten relevantes desde el punto de vista de la actividad sindical que resulta amparada en la sentencia».

Ante la falta de voluntad de la Junta de acatar la sentencia del TSJA de octubre de 2013, el SAF decidió pedir judicialmente la ejecución forzosa del fallo en mayo de 2014. Y ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 acaba de darles la razón en un auto fechado el 20 de noviembre de 2014.

El Sindicato de Funcionarios lleva al menos desde diciembre de 2010 reclamando a la Junta la información sobre los efectivos reales y los contratos de los externos, una información que considera «básica e imprescindible para defender los derechos de los funcionarios».

Pero siempre se ha topado con la negativa de la Administración. Por eso, acudió a los tribunales. Los 21 fallos firmes que le dan la razón y avalan la petición sindical están ahora en fase de ejecución. El último auto se refiere a una de estas sentencias.

Hay tantos pleitos porque el SAF se ha visto obligado a recurrir cada una de las negativas de la Junta referidas a cada consejería y cada delegación provincial a la que reclamaron los datos sobre los contratos de externos que podrían poner al descubierto los privilegios de los enchufados.

El SAF pide al juez que investigue a dos cargos

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pedirá que se reabra la investigación penal contra dos altos cargos de la Junta denunciados por ocultar la información sobre los contratos a los externos, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla haya declarado que la Administración andaluza todavía no ha cumplido el fallo del TSJA que la obliga a dar la información que podría poner al descubierto los privilegios de los ‘enchufados’.

El abogado del SAF, Fermín Vázquez, explicó ayer a EL MUNDO que, tras el auto que les da la razón, pedirán que se reabra la investigación penal dirigida contra dos altos cargos que sobreseyó provisionalmente el Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla.

Las dos altos cargos llegaron a declarar como imputadas en abril de 2014 y trataron de desvincularse de las acusaciones del SAF, que achaca a ambas delitos de desobediencia de resolución judicial y contra los derechos de los trabajadores, después de que en repetidas ocasiones les solicitaran información sobre los efectivos reales que trabajan en la Administración y otros detalles sobre los tipos de contratos de los externos, y no obtuvieran ninguna respuesta.

Se trata de la directora general de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, María Teresa Castilla, y la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo. Ambas forman parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige María Jesús Montero.

Ambas directoras generales invocaron ante el juez la Ley de Protección de Datos para no desvelar las plantillas reales de la Junta, a pesar de que en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) se publican los nombres completos con DNI de los funcionarios que ocupan algunas plazas.

El SAF, que lleva años denunciando la opacidad del Gobierno andaluz, expresó ayer su contrariedad ante la «insistente negativa» de la Administración a facilitar la información requerida.

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