El TSJA investiga si la Junta está legislando para saltarse controles. El Mundo. 30 de Marzo.


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El TSJA investiga si la Junta está legislando para saltarse controles

  • Funcionarios recurren el decreto que le da más competencias a la IDEA

Funcionarios recurren el decreto que modifica los estatutos de IDEA y...

Funcionarios recurren el decreto que modifica los estatutos de IDEA y le da más competencias.ESTHER LOBATO

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está investigando si el Gobierno andaluz está legislando para saltarse los controles, a pesar de que alardea de lo contrario.

Aunque la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, presume de que se están incrementado los controles para evitar que se repitan casos de corrupción como el de los ERE irregulares, que acumula ya 275 imputados, lo cierto es que se están dictando normas que van en el sentido contrario, ya que se están traspasando competencias clave a agencias públicas, donde los controles son mucho más laxos que en una consejería.

El TSJA está ya analizando la demanda interpuesta por la asociación de funcionarios de la Junta de Andalucía Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública contra el decreto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige el consejero en funciones José Sánchez Maldonado, que modifica los estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

La Agencia IDEA está en el epicentro del mayor caso de corrupción de la historia andaluza, como caja pagadora de los ERE que investiga la juez Mercedes Alaya.

Con la excusa de adaptar la Agencia IDEA a la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo -supuso la integración en la Administración de más de 25.000 trabajadores del entramado de agencias, empresas y fundaciones públicas-, el Gobierno andaluz aprobó el 26 de agosto de 2014 el decreto que modifica los estatutos de IDEA.

Entre los motivos que se hicieron públicos el año pasado para justificar el cambio legal, se subrayó que era para «avanzar en la transparencia y reforzar el control y la gestión interna y externa».

Una modificación relevante que se ha incluido es la que atribuye al Consejo Rector de IDEA las funciones de autorizar y aprobar las actuaciones e inversiones cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea superior a 450.000 euros e inferior o igual a 3.005.060,52 euros, frente a los 1,2 millones anteriores. El Consejo de Gobierno ratificará posteriormente aquellas autorizaciones de gasto que superen esta cantidad, equiparándola así con los límites previstos en la Ley de la Hacienda Pública de Andalucía.

Respecto a las competencias, los estatutos especifican que corresponde a la Agencia IDEA la gestión de los denominados «fondos sin personalidad jurídica, o fondos reembolsables». Estos instrumentos de ayuda, actualmente once con una dotación global de más de 1.000 millones de euros, cubren todas las «fases del desarrollo empresarial», según la Junta.

La asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, que ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra el decreto sobre IDEA, mantiene que los controles en esta Agencia y en general en todo el entramado de la conocida como administración paralela son menores que en una consejería.

Como ejemplo, explica que los expedientes en IDEA se tramitan sin la fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Junta, tanto de los compromisos de gasto como de las órdenes de pago de fondos públicos. Esta fiscalización constituye «uno de los pilares del control férreo al que están sometidos los expedientes de gastos en la Administración General, y que impide un uso indebido del dinero público», dice Luis Escribano, miembro de la junta directiva de la asociación de empleados públicos.

Todo el sistema para repartir ayudas sería irregular. Si la Agencia IDEA tramita subvenciones, como el decreto recurrido ante el TSJA le permite, lo haría con personal sujeto al Derecho Laboral, que «no debería hacerlo, salvo que a sabiendas lo hicieran incumpliendo el ordenamiento jurídico», destaca Defiendo mi Derecho.

Para Escribano, «es de tal calibre la aberración de la normativa andaluza» que habrá «unas contradicciones muy graves, creando una gran inseguridad jurídica que el Estado de Derecho no debe permitir».

La Junta «sigue empeñada en vaciar a la Administración general, con las consejerías y las agencias administrativas, de las funciones administrativas que implican el ejercicio de potestades públicas de la misma» y que deben ser ejercidas por funcionarios, argumentan desde el colectivo.

Burofax a la vicepresidenta

Hasta el despacho de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha llegado la lucha de los funcionarios de la Junta contra el traspaso de competencias clave al entramado de agencias y fundaciones, más conocido como ‘administración paralela’.

La presidenta de la asociación ‘Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública’, Guillermina Bermejo, ha remitido un par de burofax a Sáez de Santamaría, en los que la alerta sobre «la corrupción institucionalizada» en Andalucía.

Bermejo solicita a la vicepresidenta su «intervención urgente» ante la «ingeniería jurídica» que ha derivado de la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, aprobada en 2011 y que ahora está recurrida ante el Constitucional.

La Reordenación es más conocida como ‘ley del enchufismo’ porque supuso la integración en la Administración de más de 25.000 trabajadores del conglomerado de agencias y fundaciones, tildados de ‘enchufados’. «En Andalucía se está desmantelando la Administración General de la Junta», subraya el escrito remitido a la vicepresidenta del Gobierno.

El colectivo advierte que en Andalucía se está montando un «sistema ilegal, diseñado en fraude de ley por el Gobierno andaluz», que excede de la lucha del colectivo de funcionarios, por lo que pide al Gobierno que intervenga.

El pasado julio, un asesor de Sáenz de Santamaría le remitió una carta a Guillermina Bermejo en la que le indicaba que las competencias en este asunto son de la comunidad autónoma. «Por lo tanto, espero que entienda que el Gobierno debe respetar el ejercicio de las competencias que son propias de otras administraciones públicas», finaliza la misiva.

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