Imputan al alcalde y a cinco concejales de Manilva por casos de “enchufismo”. Diario SUR. 9 de Marzo.

Imputan al alcalde y a cinco concejales de Manilva por casos de “enchufismo”

Diego Urieta ha mostrado su “sorpresa” ante esta imputación y ha dicho que se siente “con la conciencia tranquila”

efe | manilva 9 marzo 201515:30

Diego Urieta, con el bastón de mando

Diego Urieta, con el bastón de mando / Sur

El alcalde de Manilva (Málaga), Diego Urieta (no adscrito), junto a cinco concejales del equipo de gobierno, han sido imputados en una de las tres piezas que la titular del Juzgado número cinco de Estepona abrió por los supuestos casos de “enchufismo” en este ayuntamiento.

Además de los miembros del equipo de gobierno también ha sido imputado el concejal del PSOE Salvador Zotano y el candidato socialista a las elecciones municipales, Diego José Jiménez.

El alcalde, en declaraciones a Efe, ha mostrado su “sorpresa” ante esta imputación y ha dicho que se siente “con la conciencia tranquila”, al tiempo que considera una “garantía procesal” la condición de imputado.

Urieta, que asumió la alcaldía cuando su compañera Antonia Muñoz abandonó el cargo tras su imputación, preside el Ayuntamiento de Manilva desde un grupo de concejales no adscritos, junto a otros siete compañeros, que abandonaron Izquierda Unida tras iniciarse el proceso judicial.

El actual alcalde ha avanzado que pese a esta imputación concurrirá a las elecciones municipales encabezando un partido independiente para el que todavía no tienen nombre.

Por su parte, el concejal socialista Salvador Zotano ha manifestado a Efe su “total disposición” con la jueza para tratar de esclarecer los casos de corrupción de Manilva, que, según ha dicho, siempre ha denunciado.

Confía en que cuando se inicien las declaraciones pase de ser imputado a ser testigo “porque tengo mucho que aportar”, aunque ha aclarado que la jueza ha imputado a todos los concejales que formaban parte de las juntas de gobierno que presidió Antonia Muñoz.

Zotano, secretario general del PSOE de Manilva, ha convocado para esta noche una ejecutiva extraordinaria para poner sus cargos a disposición del partido.

Se desconoce por el momento la decisión que tomará el partido respecto al candidato, también imputado.

La justicia investiga más de 470 casos de presuntos “enchufes” entre los que se encontrarían numerosos familiares de la exalcaldesa y militantes de IU; adjudicaciones de contratos a los familiares de Muñoz realizadas supuestamente fuera de ley, y millonarias transferencias a sociedades vinculadas al Ayuntamiento.

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El chequeo a la Administración paralela de la Junta, en el olvido. ABC de Andalucía. 9 de Marzo.

Elecciones Andalucía 2015 / elecciones andalucia 2015

El chequeo a la Administración paralela de la Junta, en el olvido

Día 09/03/2015 – 07.18h

El PSOE aboga ahora en su programa por revisar las competencias de los empleados públicos

El chequeo a la Administración paralela de la Junta, en el olvido

Susana Díaz, en el debate de investidura. Raúl Doblado.

El compromiso que asumió la presidenta del Gobierno andaluz y ahora candidata del PSOE a mantenerse en el cargo, Susana Díaz, sobre el chequeo a la Administración paralela de la Junta (agencias, fundaciones, observatorios…) para hacerla más eficaz, se encuentra bien guardado en el cajón del olvido. En su discurso de investidura anunció que el trabajo sería encargado a un grupo de expertos y que tendría que estar finalizado antes de 2015. Posteriormente se modificaron los autores y el estudio lo asumieron altos funcionarios. El adelanto de las elecciones lo ha dejado finalmente en suspenso. En el programa del PSOE se apuesta ahora por una «revisión de las competencias de los empleados públicos que mejore su definición y la dotación de los puestos», sin entrar en más detalles.

Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, responsable de elaborar el chequeo, manifestaron que durante la campaña electoral «no habrá novedades», y que en el caso de que estuviera concluido el informe para antes de la cita con las urnas, el día 22, no se presentará a la opinión pública.

En 2011 el Ejecutivo andaluz impulsó un proceso de reordenación de la Administración, a través de la conocida como «ley del enchufismo», por la que miles de trabajadores contratados por la Junta pasaron a tener similares atribuciones que los funcionarios de carrera. Esta decisión provocó la airada protesta de los sindicatos (excepto UGT y CC.OO.) y se sucedieron las denuncias ante los tribunales. El PP presentó un recurso en el Constitucional, cuya sentencia aún se desconoce.

En el discurso de investidura, el 4 de septiembre de 2013, Susana Díaz puso sobre la mesa el compromiso del chequeo a la Administración paralela, que sin embargo ha quedado en agua de borrajas.

En el programa electoral del PSOE para los comicios del día 22 se asegura que el gasto público no es excesivo ni tampoco el tamaño de la Administración. No obstante, introduce una variable de carácter reformista que afecta a los trabajadores del sector público.

Para hacer una Administración más eficiente el PSOE ve necesario «adecuar la asignación de los recursos humanos a las nuevas necesidades de la ciudadanía y a los cambios que se han producido en las demandas de los agentes económicos y sociales, de manera que planteamos una revisión de las competencias de los empleados públicos que mejore su definición y la dotación de los puestos».

Los socialistas, se lee en el programa «seguimos comprometidos con avanzar en nuevas fórmulas que posibiliten una modernización real de nuestra Administración y que la vayan llevando gradualmente a un escenario de igualdad en la relación con la ciudadanía».

«Defendemos –añade– que la burocracia no debe ser freno del crecimiento y por eso trabajaremos para continuar con la simplificación en los procesos a través del impulso, con carácter transversal en toda la Administración, de nuevos mecanismos de control antiburocracia»,

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UPyD exige derogar la ley del ´enchufismo´ y la devolución de las pagas extras. La Opinión de Málaga. 24 de Febrero.

La Opini&oacuten de M&aacutelaga

UPyD exige derogar la ley del ´enchufismo´ y la devolución de las pagas extras

El candidato a presidir la Junta criticó la administración paralela tejida por el PSOE durante treinta años

europa press | sevilla 24.02.2015 | 05:00

­El candidato de UPyD a la Presidencia de la Junta, Martín de la Herrán, exigió ayer «la derogación de la ley del enchufismo para acabar con el nepotismo político que el PSOE-A se ha encargado de tejer a lo largo de más de 30 años en la administración paralela» y anunció que llevará al Parlamento la aprobación de una ley de función y potestades públicas que regule «con claridad la situación de todos los trabajadores públicos», para los que exigió la devolución de las pagas extras.

De la Herrán realizó estas declaraciones en un encuentro que ha mantenido con el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, y en el que presentó al sindicato las medidas y propuestas que incluirá en el programa electoral con el que UPyD concurrirá a las elecciones autonómicas.

En este contexto, De la Herrán pidió a la Junta de Andalucía que devuelva «con carácter de urgencia» las pagas extra a los funcionarios, ya que, a su juicio, «los trabajadores no tienen por qué sufrir los recortes injustificados por parte de un Gobierno irresponsable y despilfarrador».

De este modo, insistió en que «tanto PSOE-A como IULV-CA deberían haber recortado en administración paralela que cuesta a los andaluces más de 5.000 millones de euros al año y haber renunciado al derroche y al despilfarro».

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UPyD exige la derogación de “la ley del enchufismo” y la devolución de las pagas extra a los funcionarios . 20 Minutos. 23 de Febrero.

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UPyD exige la derogación de “la ley del enchufismo” y la devolución de las pagas extra a los funcionarios

UPyD exige la derogación de

UPyD exige la derogación de “la ley del enchufismo” y la devolución de las pagas extra a los funcionarios

 

El candidato de UPyD a la Presidencia de la Junta, Martín de la Herrán, ha exigido este lunes “la derogación de la ley del enchufismo para acabar con el nepotismo político que el PSOE-A se ha encargado de tejer a lo largo de más de 30 años en la administración paralela” y ha anunciado que llevará al Parlamento la aprobación de una ley de función y potestades públicas que regule “con claridad la situación de todos los trabajadores públicos”, para los que ha exigido la devolución de las pagas extras.

EUROPA PRESS. 23.02.2015

El candidato de UPyD a la Presidencia de la Junta, Martín de la Herrán, ha exigido este lunes “la derogación de la ley del enchufismo para acabar con el nepotismo político que el PSOE-A se ha encargado de tejer a lo largo de más de 30 años en la administración paralela” y ha anunciado que llevará al Parlamento la aprobación de una ley de función y potestades públicas que regule “con claridad la situación de todos los trabajadores públicos”, para los que ha exigido la devolución de las pagas extras.

De la Herrán ha realizado estas declaraciones en un encuentro que ha mantenido con el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, y en el que ha presentado al sindicato las medidas y propuestas que incluirá en el programa electoral con el que UPyD concurrirá a las elecciones autonómicas.

En este contexto, De la Herrán ha pedido a la Junta de Andalucía que devuelva “con carácter de urgencia” las pagas extra a los funcionarios, ya que, a su juicio, “los trabajadores no tienen por qué sufrir los recortes injustificados por parte de un Gobierno irresponsable y despilfarrador”.

De este modo, ha insistido en que “tanto PSOE-A como IULV-CA deberían haber recortado en administración paralela que cuesta a los andaluces más de 5.000 millones de euros al año y haber renunciado al derrroche y al despilfarro, a dietas, privilegios y subidas de sueldo encubiertas”.

Por otra parte, ha alertado de la “grave situación que atraviesan los empleados públicos no sólo por los recortes acometidos por la Junta, sino también por los recortes del Gobierno central”. “Los empleados públicos andaluces no pueden pagar las consecuencias de un modelo de gestión que antepone los intereses políticos por encima de los intereses de los andaluces”, ha recalcado.

Este encuentro se enmarca en el ciclo de desayunos sectoriales que UPyD ha inaugurado este lunes con CSIF y que mantendrá a lo largo de los próximos días con diferentes agentes sociales, asociaciones, colectivos y sindicatos para analizar propuestas, iniciativas y soluciones que esta formación pretende incluir en el programa electoral.

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Administración Pública y clientelismo político. Zoom News. 10 de Febrero.

Análisis y opinión

Inicio

Martes, 10 de Febrero de 2015

Administración Pública y clientelismo político

Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía / EP

Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía / EP

Concha San Martín*

La naturalidad con la que Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, exponía en la entrevista que concedió al programa televisivo El Intermedio la forma magnánima y bondadosa con que repartía las ayudas públicas de los ERE a todos los que se le acercaban, da una idea de hasta qué punto de perversión ha llegado el sistema público en Andalucía.

Guerrero no es un caso aislado, no es un sinvergüenza que actuaba por su cuenta y que se quedaba con parte de ese dinero público y se lo gastaba en cocaína o enchufaba ilegalmente a amigos y familiares, como nos han querido hacer creer. No es una anomalía del Gobierno andaluz; muy al contrario, lo representa a la perfección.

“Francisco Javier Guerrero no es un sinvergüenza que actuaba por su cuenta, ni una anomalía del Gobierno andaluz; muy al contrario, lo representa a la perfección”

La forma en que se ha ido organizando y desarrollando la Junta de Andalucía, a lo largo de los últimos 30 años, ha permitido y sigue permitiendo que haya muchos Guerreros que gestionan el dinero y otros recursos públicos como si fueran propios, a favor del PSOE y sus clientes. Un beneficio en el que la parte menos importante, pese a su gravedad, es la de la financiación ilegal del partido o las sisas más o menos abultadas de ciertos cargos públicos, que hemos podido conocer. Lo peor, lo más reprobable y antidemocrático del sistema, es el mantenimiento de toda una red clientelar que sostiene y mantiene en el poder al PSOE, legislatura tras legislatura, en base a cuatro estrategias que se han convertido en rasgos estructurales de la Administración andaluza:

1. Control político de las potestades administrativas de los funcionarios mediante un uso abusivo y una regulación premeditada de los puestos de libre designación que existen en todas las administraciones del Estado, pero que en la Junta de Andalucía alcanzan a todos los puestos de responsabilidad en la contratación y gasto público, amén de a las direcciones de todo tipo de instituciones o centros públicos, salvo los educativos.

2. Contratación fraudulenta de numeroso personal técnico, en régimen de autónomos, mediante contratos de consultoría y asistencia técnica, para desempeñar labores propias de funcionarios o de personal laboral público, mientras que la Inspección de Trabajo apenas ha abierto expedientes por ello. Estos trabajadores, contratados “en forma de simulación” -¿os suena?- como profesionales libres autónomos, fueron muy abundantes en los servicios públicos en los años del despilfarro y despedidos abruptamente en los primeros años de la crisis, engrosando la cifras del paro, pero no las de destrucción de empleo, ya que no ocupaban ningún puesto, pero si tenían mesa, ordenador, teléfono en las sedes administrativas, vacaciones y bajas maternales o de enfermedad encubiertas.

“Los interventores de Hacienda se han tragado trolas como catedrales que camuflaban contrataciones hechas por la puerta falsa”

Una parte de ellos y ellas ganaron juicios que les proporcionaron un puesto de trabajo sin cumplir los principios de publicidad, igualdad de oportunidad y mérito que debe cumplir legalmente la selección del personal de las administraciones públicas. El resto se fue al paro sin derecho al desempleo. Todos habían sido enchufados por la puerta falsa; unos no se ganaban el salario que cobraban en forma de factura y otros estaban sobreexplotados, haciendo horas extraordinarias sin cobrarlas. Pero todos eran trabajadores privados de sus derechos por la Junta de Andalucía a cambio de un empleo.

¿Y los sindicatos qué hicieron? En general, nada. Contemplar pasivamente la proliferación de estos trabajadores sin contrato laboral ¿Y los interventores que la Consejería de Hacienda tiene en todos los servicios centrales y periféricos de la Junta de Andalucía qué hacían? Pues precisamente estos funcionarios, que tiene que fiscalizar de forma independiente el gasto público, pero que paradójicamente ocupan su puesto por libre designación, se tragaban trolas como catedrales y fiscalizaban año tras otros unos contratos de títulos enrevesados y objetivos creativos para camuflar torpemente lo que debería haber sido objeto de una contratación laboral.

3. Creación abusiva de empresas y agencias públicas, infladas de personal y sobre todo de puestos directivos, con el objetivo de gestionar el dinero público sin el control técnico y fiscal de los funcionarios. Lo que era un mecanismo complementario, justificado solo para la gestión de determinados servicios públicos, se ha convertido en una profusión injustificada, una administración paralela, en muchos casos innecesaria, servida mayoritariamente –aunque no totalmente- por empleados contratados mediante convocatorias opacas y bastante sospechosas y dirigidas por directivos totalmente fieles y entregados a las directrices partidistas de sus empleadores.

4. La cesión de responsabilidades y funciones de la Administración Pública a las organizaciones sindicales a cambio de la paz social, de diversas formas de subvención y financiación económica –más allá de los fondos públicos estrictamente destinados al sostenimiento de los sindicatos- y de su silencio cómplice ante la presencia de trabajadores sin contrato bajo la forma de autónomos descrita anteriormente o ante las sospechosas y a veces escandalosas formas de selección de personal en las empresas y agencias públicas.

“Los sindicatos mayoritarios han asumido funciones que no les correspondían de organización o supervisión de los servicios y de formación de los empleados públicos”

Más allá de la defensa de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, en la Administración pública de la Junta de Andalucía, los sindicatos mayoritarios han asumido -porque la Junta de Andalucía ha hecho dejación de las mismas- funciones de organización o supervisión de los servicios, de formación de los empleados públicos o de gestión de ayudas públicas, como en el caso de los ERE, que han conformado un conglomerado bien cohesionado de intereses político-sindicales en beneficio de los respectivos clientelismos.

Alianzas político-empresariales

Este es el entramado que permite fraccionar ilegalmente contratos para subdividirlos en contrataciones menores que son de libre adjudicación, sin necesidad de un concurso público; o bien, en caso de ser este inevitable, tener mayores posibilidades de manipulación en base a la condición de funcionarios de libre designación de la mayoría de quienes integran las mesas de contratación. Es también el que proporciona los informes técnicos de la Administración andaluza necesarios para aprobar actuaciones y proyectos contrarios a la normativa medioambiental o urbanística o para modificar ésta adecuándola a los intereses particulares de las alianzas político-empresariales que tantos beneficios económicos y electorales ha reportado al PSOE: la responsabilidad del desarrollo urbanístico descontrolado, no ha sido solo de los municipios, sino más bien de la Consejería competente que lo ha permitido desde su ineficacia y su falta de actuación nada inocente.

“En los hospitales públicos andaluces también la gente se está muriendo por los recortes y las listas de espera están produciendo dramáticas discriminaciones”

Este control político partidario de los servicios públicos es también el que pretende ocultar lo que es un secreto a voces en Andalucía: que en los hospitales públicos andaluces también la gente se está muriendo por los recortes -¡no que va, eso solo ocurre allí donde gobierna el PP-; o que las esperas de ciertas operaciones están produciendo dramáticas discriminaciones en función del dinero y engrosando la cuenta de resultados de los hospitales privados -¡no que va, esos solo ocurre en Madrid y Castilla-La Mancha!; o que han cerrado numerosos centros de asistencia a personas con dependencia, gestionados por Asociaciones u ONG´s, porque los pagos de las subvenciones concedidas por la Junta se demoraban tanto en estos últimos años que no pudieron aguantar y que, consecuentemente, muchas andaluzas no pueden intentar buscar un empleo o emprender un negocio, porque tienen que cuidar de sus familiares dependientes.

Pero sobre todo, los mayores beneficios políticos de este sistema los ha obtenido el PSOE andaluz del control de la distribución de subvenciones y ayudas públicas, del manejo de su temporalidad en función de las encuestas y las convocatorias electorales, así como de una discrecionalidad arbitraria disfrazada de exquisita concurrencia pública.

Fraude de ley

Y de esta manera, durante estos más de 30 años hemos visto en Andalucía a unos cargos políticos repartiendo contratos, subvenciones, ayudas y empleos públicos con liberalidad aristocrática, como si en lugar del dinero de los contribuyentes estuvieran empleando el suyo propio. Y también hemos visto una manipulación política de los procedimientos técnicos y económicos y una duplicación de estructuras administrativas en la Junta de Andalucía para un mejor servicio de los intereses partidistas.

No estoy defendiendo que no haya libre designación entre los funcionarios o empleados públicos de mayor mérito para determinados puestos directivos, que pueden ser imprescindibles para el impulso de determinados proyectos y servicios, pero su uso debe ser muy medido y estar justificado dentro de un proceso participativo y abierto a todos los empleados y empleadas públicos, con garantía de respeto a la publicidad, la igualdad y el mérito, y transparente para toda la ciudadanía.

“Se ha confundido a menudo la función pública y el interés general con los intereses de los trabajadores públicos, que no siempre son coincidentes”

Lo mismo cabe decir de la creación de Empresas o Agencias públicas. En cuanto a los contratos de consultoría y asistencia solo hay que cumplir la legalidad; la mayoría de los que se han hecho en estos más de 30 años en la Administración andaluza eran un fraude de ley evidente para cualquiera que quisiera verlo, pero la mayoría de los interventores e interventoras de Hacienda que fiscalizaban esos contratos han resultado ser bastante cegatos o crédulos.

Y, por último, respecto a las relaciones con las organizaciones sindicales, una cosa es la cooperación necesaria para el desarrollo de programas de salud e higiene laboral, de formación de los trabajadores o de organización de los servicios y otra muy distinta confundir la función pública y el interés general con los intereses de los trabajadores públicos, que no siempre son coincidentes, y permitir la injerencia de los sindicatos en ámbitos técnicos, administrativos o económicos que no les corresponden, en beneficio una vez más de la alianza clientelar político-sindical.

Ya es hora de que la ciudadanía deje de sostener un “Régimen” que ha feudalizado y empobrecido la gestión de lo público en Andalucía para emprender la conquista democrática de su Gobierno, abrir su Administración y servicios públicos a la participación ciudadana y ponerlos al servicio del Bien Común.


* Concha San Martín es arqueóloga, conservadora de museos y funcionaria de la Junta de Andalucía

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Cinco sindicatos de la Junta se levantan de la mesa sectorial al no abordarse concursos, oferta de empleo y pagas extra . 20 Minutos. 5 de febrero.

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Cinco sindicatos de la Junta se levantan de la mesa sectorial al no abordarse concursos, oferta de empleo y pagas extra

Los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía, esto es, CSIF, SAF, CCOO, UGT y Ustea, han decidido levantarse de la mesa y abandonarla ante la “negativa” de la Junta a tratar el concurso de traslados, la oferta de empleo público y la situación de las pagas extraordinarias en el orden del día.

EUROPA PRESS. 05.02.2015

Los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía, esto es, CSIF, SAF, CCOO, UGT y Ustea, han decidido levantarse de la mesa y abandonarla ante la “negativa” de la Junta a tratar el concurso de traslados, la oferta de empleo público y la situación de las pagas extraordinarias en el orden del día.

SAF ha indicado en un comunicado que decidió levantarse de la mesa sectorial “ante la negativa de la administración autonómica a tratar temas como concurso, pagas extras u oferta de empleo público, que afectan directamente a miles de ciudadanos en Andalucía, bien porque se vulnere el derecho a la carrera administrativa de funcionarios o el derecho al acceso a un empleo público de cualquier ciudadano por los cauces legales establecidos”.

El sindicato ha exigido a los responsables mantener una reunión sobre “los derechos de miles de funcionarios y opositores” y ha lamentado que “la Junta no ha admitido las propuestas del Sindicato Andaluz de Funcionarios de incluir en el orden del día cuestiones como la promoción interna y el concurso de méritos, procedimiento este último que lleva casi cuatro años sin convocarse, a pesar de la obligatoriedad de hacerlo con una periodicidad semestral y ahora de plena actualidad tras la última sentencia firme del Tribunal Constitucional que niega la posibilidad de computar los servicios previos como interino en la antigüedad”.

Otros asuntos que SAF considera fundamentales y en los que están inmersos miles de ciudadanos andaluces son las ofertas de empleo público del año 2013 y 2015, “pero no hay calendarios de exámenes ni información oficial al respecto”; y la recuperación de las pagas extras, “restituidas en el Estado y en otras comunidades”.

El SAF entiende que la Administración “debe dar la cara ante los agentes sociales y los ciudadanos” y califica la “falta de información” por parte de los responsables de la Administración andaluza como “inaudita e intolerable”. En ese sentido, lamenta que “la presidenta de la mesa no ha acudido por segunda vez consecutiva a la reunión”.

Este sindicato ha manifestado su “indignación” ante esta actitud de los representantes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública “totalmente antidemocrática e ignorando por completo el respeto que merecen la parte social y los miles de ciudadanos que dependen de las decisiones del Gobierno andaluz” y considera que la gestión de personal por parte de los representantes de Función Pública “es la más nefasta en estos últimos años”.

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Junta evacuará consulta al Consultivo para aclarar si computa o no el tiempo de los interinos en el concurso de traslado. La Información. 5 de Febrero.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Junta evacuará consulta al Consultivo para aclarar si computa o no el tiempo de los interinos en el concurso de traslado

Jueves, 05/02/15 – 17:57
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha anunciado que va a evacuar una consulta al Consejo Consultivo de Andalucía para aclarar si se debe valorar y computar o no el tiempo y los años de servicios previos como interinos en el apartado de antigüedad, de cara al concurso de traslados.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha anunciado que va a evacuar una consulta al Consejo Consultivo de Andalucía para aclarar si se debe valorar y computar o no el tiempo y los años de servicios previos como interinos en el apartado de antigüedad, de cara al concurso de traslados.

Fuentes de la Consejería han indicado a Europa Press que “la voluntad que tenemos desde la Consejería de Hacienda es la de desbloquear cuanto antes este asunto y poder convocar el concurso”.

Las fuentes han precisado que la última sentencia sobre este asunto emitida por el Tribunal Constitucional no resuelve sobre ele fondo del asunto, por lo que “seguimos sin que nos ofrezcan un criterio claro y sigue sin resolverse el fondo del asunto sobre si computa o no”.

En ese punto, han recordado que “un sindicato u otro denuncian el concurso de traslados y lo paraliza”, por lo que la Junta “quiere convocar el concurso cuando haya garantías con unos criterios claros y los funcionarios pueden beneficiarse de ese concurso”.

Asimismo, han recordado que la CE y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha abierto procedimiento sancionador a España por no computar el tiempo de interinos “y a su vez el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido sentencia donde se afirma que el tiempo de interino no tiene que computar”.

Ante esto la Junta apunta la existencia de “contradicciones” a la jora de convocar el concurso de traslados, por lo que “para intentar aclararlo vamos a evacuar consulta al Consultivo de Andalucía para tener criterios que nos permitan afrontar con garantías la convocatoria del concurso sin que ni uno ni otro sindicato denuncie y vuelva a paralizar ese concurso”.

“Nos gustaría que hubiera consenso con los sindicatos, aunque unos defienden una postura y otros otra”, han agregado las fuentes de la Junta.

Sobre el hecho de que los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía, esto es, CSIF, SAF, CCOO, UGT y Ustea, hayan decidido levantarse de la mesa, la Junta ha recordado que se trataba de una mesa de carácter extraordinario “convocada por un tema puntual, y que no tenía nada que ver con el concurso”.

Por ello, la Junta espera que los sindicatos “se pongan de acuerdo no para levantarse de la mesa sino más bien que haya un consenso que permita resolver con celeridad el concurso y así se beneficiarán los empleados públicos”.

(EuropaPress)

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El Constitucional rechaza definitivamente que se computen los servicios previos en los concursos de funcionarios. Sindicato Andaluz de Funcionarios. 4 de Febrero.

El Tribunal falla a favor del argumento que SAF ha defendido durante años y a la Junta de Andalucía se le acaban las excusas para no convocar el concurso de méritos.

concentracionsevilla concurso5A la Administración de la Junta de Andalucía se le han acabado las excusas sobre el derecho de los funcionarios a la promoción administrativa y económica y a la conciliación laboral y familiar a través de los concursos de méritos.

Ayer, día 3 de febrero de 2015, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una sentencia del Tribunal Constitucional que DESESTIMA el recurso de amparo de una persona que pedía computar y valorar los años de servicios previos de interina en el apartado de antigüedad, como funcionaria de carrera en las bases del concurso de méritos (Ver sentencia).

En unas declaraciones a prensa ofrecidas en noviembre del pasado año, la Consejera de Hacienda y Administración Pública insistió en la necesidad de “disponer de una jurisprudencia clara y definitiva” en la materia y “en ello trabaja el Tribunal Constitucional”.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ÚNICO SINDICATO que se enfrentó a la polémica rebaremación en el anterior concurso, exige a la Junta que cumpla el fallo firme del Constitucional y respete los derechos de los miles de funcionarios de toda Andalucía, que en muchos casos sufren una verdadera penuria económica, desarraigo familiar, desplazados con cargas de dependencia, etcétera.

Además, SAF ha presentado un escrito a la Secretaria General de Hacienda y Administración Pública para solicitar la identificación de los responsables de la no convocatoria de los concursos de méritos, tras casi cuatro años de espera (Ver escrito).

Desde sus inicios, SAF ha luchado en todas las vías legales a su alcance por las convocatorias de los concursos del personal funcionario de la Administración General de la Junta conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, que dispone que los concursos de méritos deben convocarse, al menos, con una periodicidad semestral y de igual trato que al resto de funcionarios.

Es más, recientemente el Defensor del Pueblo Andaluz ha dictado una resolución en la que recuerda a la Directora General de Función Publica y Recursos Humanos y a la Secretaria General que tienen la obligación de cumplir con el mencionado Decreto 2/2002. El Defensor sentencia que ese derecho debe estar al margen de los recursos que puedan interponer cualquier funcionario u organización sindical que los represente (Ver resolución).

Amparándose en fundamentos jurídicos vacíos de rigor legal y sin justificación razonada, la Junta ha estado durante casi cuatro años sin convocar lo que en derecho corresponde a los funcionarios de la Administración General. SAF, como es norma, no va a quedarse a esperar a que se juegue con los derechos que asisten a los funcionarios que representa y exigirá responsabilidades administrativas y penales a los responsables que no cumplan con la legalidad.

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¿Por qué no han notado la rebaja fiscal los funcionarios?. El Mundo. 4 de Febrero.

elmundo.es

FUNCIÓN PÚBLICA

¿Por qué no han notado la rebaja fiscal los funcionarios?

  • Los empleados públicos andaluces apenas se van a beneficiar de la reforma de Rajoy

Concentración del Sindocato Andaluz de Funcionarios (SAF) en las puertas del Parlamento Andaluz

TERESA LÓPEZ PAVÓN
SILVIA MORENO
Actualizado: 04/02/2015 12:17 horas

La esperada paga de enero ha llegado a los funcionarios andaluces con sorpresa. Los que esperaban que la rebaja fiscal anunciada por el Gobierno de Rajoy se notara en sus bolsillos se han encontrado con que, o bien la subida salarial derivada de la rebaja de la retención del IRPF es insignificante o, incluso, en muchos casos, en lugar de bajar, la retención ha subido en sus nóminas y, por tanto, sus salarios se han visto reducidos proporcionalmente.

El malestar entre el colectivo es evidente, como se puede constatar en numerosos foros en internet. «¿Dónde está reflejada en la nómina la bajada de IRPF que tanto prometían?», pregunta «opositodo» en un chat. Otros plantean incluso si la Junta no estará neutralizando la reforma fiscal de Rajoy, al subir las retenciones a sus funcionarios.

Según la explicación que ha ofrecido la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas a preguntas de este periódico, la recuperación de la paga extra íntegra, con la restitución en 2015 del tramo autonómico -tras tres años de recortes-, ha elevado los ingresos anuales previstos de los trabajadores de la administración autonómica para este año, lo que, en algunos casos, ha supuesto un aumento de la retención que les corresponde por este motivo.

Además, no hay que olvidar que, contrariamente a lo que han hecho otras comunidades, Andalucía ha decidido no aplicar una rebaja equivalente a la adoptada por el Gobierno en el tramo autonómico (que constituye el 50%) del IRPF, con lo que el efecto del descuento y su repercusión en los salarios es menor al que se ha registrado, por ejemplo, en Madrid, que sí ha aplicado en su tramo una rebaja equivalente a la del Gobierno en la parte del Estado.

Y, sin embargo, a pesar de estos condicionantes, en algunos casos a los que ha tenido acceso este periódico, se observa que la retención aplicada al funcionario es mayor (entre 0,5 y un punto) a la que le corresponde en función de los nuevos tramos de IRPF de la reforma fiscal.

¿Qué sentido tiene aplicar una retención mayor? En el cómputo global del año, el trabajador no se ve perjudicado porque se le retenga un porcentaje mayor al que le corresponde, porque esa diferencia se compensaría con una devolución mayor al hacer la declaración de la renta. Para la Administración, sin embargo, significa disponer de un dinero ajeno y obtener en momentos puntuales una mayor liquidez de tesorería.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas rechaza, sin embargo, que se hayan aplicado criterios diferentes a los que estrictamente establece la Agencia Tributaria del Estado para realizar el cálculo de las retenciones. De hecho, existe un algoritmo que se aplica en función de la comunidad autónoma en la que se reside.

El caso es que, comprobando un muestreo aleatorio de las nóminas de los funcionarios andaluces, este periódico ha podido comprobar que, con idénticos ingresos e idénticas circunstancias personales, las retenciones varían a lo largo del año de manera prácticamente arbitraria y con oscilaciones de hasta cinco puntos en la retención para las que no hay explicación objetiva.

Los tramos

Laborales y 34.000 euros
Los laborales de la Administración General de la Junta que perciban al año esta suma bruta pasan de una retención del 19,00% al 18,05% con la reforma fiscal de 2015. Ganarán algo más.
Funcionarios y 37.000 euros
Los funcionarios de la Junta con una retribución bruta anual de 37.000 euros van a mantener el mismo tipo impositivo del 20%. No notarán la reforma fiscal de Mariano Rajoy.
Funcionarios y 34.500 euros
Los funcionarios con una retribución de 34.500 euros pasan del 19,00% al 19,10%. Cobrarán algo menos que el año pasado.
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Funcionarios se concentran en Málaga y Sevilla contra los recortes y por la devolución de las pagas extras. La Información. 29 de Enero.

sindicato del colectivo de los médicos

Funcionarios se concentran en Málaga y Sevilla contra los recortes y por la devolución de las pagas extras

jueves, 29/01/15 – 19:29

La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes (Faspi), integrada por los sindicatos SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios), SMA (Sindicato Médico Andaluz) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía), ha convocado una nueva concentración este jueves en Sevilla y en Málaga, a la que también se ha sumado SUS (Sindicato de la Universidad de Sevilla) y en la que los funcionarios han alzado la voz entre pitadas para luchar contra los recortes y pedir la devolución de las pagas extraordinarias.

Funcionarios se concentran en Málaga y Sevilla contra los recortes y por la devolución de las pagas extras

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes (Faspi), integrada por los sindicatos SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios), SMA (Sindicato Médico Andaluz) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía), ha convocado una nueva concentración este jueves en Sevilla y en Málaga, a la que también se ha sumado SUS (Sindicato de la Universidad de Sevilla) y en la que los funcionarios han alzado la voz entre pitadas para luchar contra los recortes y pedir la devolución de las pagas extraordinarias.

La protesta ha durado una hora y ha tenido lugar simultáneamente a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y en la Plaza de la Constitución en Málaga.

Durante la concentración, que se ha desarrollado sin incidentes y bajo el lema ‘Stop recortes’, los funcionarios de Administración General, educación y sanidad en Andalucía han denunciado el discriminatorio recorte económico y han exigido la restitución de los 44 días devengados, del 1 de junio al 14 de julio, de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, “que sí han devuelto a los funcionarios del Estado y de otras comunidades autónomas”.

SAF, SMA, APIA y SUS han agradecido la participación de los funcionarios y han evidenciado “la discriminación padecida en Andalucía al soportar recortes también en las pagas extras de los meses de junio y diciembre de 2013 y 2014, la pérdida total de las ayudas de acción social”.

Además, los sindicatos han recordado que los funcionarios andaluces “tienen los complementos retributivos más bajos de España“.

Los sindicatos han vuelto a rebelarse contra “el constante abatimiento del sector público” y han manifestado, con pancartas y consignas como ‘¡Menos elecciones y más oposiciones!’, ‘¡Devolución de las pagas extras suprimidas!’ o ‘¡Con nuestros sueldos se pagan corruptos y enchufados!’, su absoluto desacuerdo “con unas medidas de contención que siempre recaen sobre los ciudadanos, mientras la costosa externalización o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros, quedan ilesos de cualquier tijeretazo”.

En la concentración, SAF, SMA, APIA y SUS han lamentado que los ciudadanos “encuentren un muro en el acceso a un puesto de trabajo en la Administración”. Por ello, los representantes de los sindicatos han declarado que “la Junta debería utilizar la tijera en los miles de millones que, según la Cámara de Cuentas, cuesta la Administración paralela a las arcas públicas y no usar la externalización para agilizar procedimientos sin control, debilitando las garantías sociales. Hay que regularizar la entrada de personal en la Administración a través de la mejor herramienta, la oferta de empleo público, a la que todos los ciudadanos pueden optar por igual”.

“El funcionario es nombrado, no contratado, por lo que vela por el interés general de manera objetiva y cumple la ley”, han añadido estos sindicatos.

(EuropaPress)

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