El TSJA condena en costas a la Junta por no cumplir con la obligación de entregar la documentación de externos a SAF. 5 de Mayo.

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El TSJA condena en costas a la Junta por no cumplir con la obligación de entregar la documentación de externos a SAF.

Tras la demanda ejecutoria de SAF, el TSJA dicta el primer fallo firme que confirma a la Junta que debe aportar al Sindicato contratos de externos y listados de efectivos reales.

La Sala de lo Contencioso Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sección primera con sede en Sevilla, da la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios y resuelve en firme que la Administración de la Junta de Andalucía, que condena en costas, no ha cumplido con la obligación de entregar la documentación requerida sobre personal externo.

Se trata de la primera sentencia firme del TSJA tras la demanda ejecutoria de SAF de un sinfín de fallos definitivos anteriores que la Administración incumplía al no facilitar al Sindicato toda la documentación sobre el personal externo.

Concretamente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla dictó un auto de ejecución, que ahora confirma el TSJA en esta pionera sentencia firme, en el que acordaba que “la documentación facilitada por la administración no está completa y no cumple el fallo de la sentencia”. Sentencia que era firme pero que la Administración no ejecutaba, como tantas otras innumerables en este sentido.

El TSJA advierte la Administración debe aportar a SAF “copia de todos los contratos que amparan la presencia de personal externo en el Centro de Trabajo, con especificación de las funciones que desarrolla el citado personal”, “copia de los contratos concertados con personal externo referenciado”, “listado de personal externo que dispone o tiene acceso a claves privadas”, “relación de plazas vacantes y desdotadas existentes” y “listado de efectivos reales”.

A pesar de escudarse nuevamente en la Ley de Protección de Datos para no facilitar la documentación a SAF, el TSJA insiste que la información solicitada por el Sindicato es ineludible para “permitir el ejercicio del derecho a la libertad sindical en su vertiente colectiva, cuando dicha información es necesaria para la defensa de los intereses colectivos de sus afiliados”. Y continúa, “para evitar entre otras cosas que las funciones propias y reservadas por la ley a los mismos, sean desempeñadas por personal que carece de la condición de funcionario público”.

El Alto Tribunal andaluz concluye que “no se entiende esta contumaz conducta, a no ser que se quiera ocultar una realidad denunciada una y otra vez por el Sindicato de Funcionarios, colectivo, que está viendo mermadas sus posibilidades de carrera profesional, de acceso a determinadas plazas y cuyas funciones están siendo asumidas por personal externo y contratado laboral que ejercen incluso potestades públicas reservadas por el Estatuto Básico en el artículo 9 al personal funcionario”.

SAF muestra su satisfacción ante este nuevo fallo definitivo sumándose al criterio del TSJA e insiste en no entender la insistente negativa de la Administración a facilitar la información requerida, ignorando la transparencia y arrastrando interminables dilaciones jurídicas que suponen considerables gastos para los ciudadanos.

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SAF, satisfecho por la sentencia firme del TSJA que condena a costas a Junta por no facilitar documentación de externos. 20 minutos. 5 de Mayo.

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SAF, satisfecho por la sentencia firme del TSJA que condena a costas a Junta por no facilitar documentación de externos

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha mostrado este martes su satisfacción por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que resuelve que la Administración de la Junta de Andalucía, que condena en costas, no ha cumplido con la obligación de entregar la documentación requerida sobre personal externo.

De esta manera, en una nota, SAF insiste en no entender la negativa de la Administración a facilitar la información requerida, “ignorando la transparencia y arrastrando interminables dilaciones jurídicas que suponen considerables gastos para los ciudadanos”.

Según explica SAF, se trata de la primera sentencia firme del TSJA, tras la demanda ejecutoria del sindicado de “un sinfín de fallos definitivos anteriores que la Administración incumplía al no facilitar al sindicato toda la documentación sobre el personal externo”.

Concretamente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla dictó un auto de ejecución, que ahora confirma el TSJA en esta sentencia firme, en el que acordaba que “la documentación facilitada por la Administración no está completa y no cumple el fallo de la sentencia”.

El TSJA advierte de que la Administración debe aportar a SAF “copia de todos los contratos que amparan la presencia de personal externo en el Centro de Trabajo, con especificación de las funciones que desarrolla el citado personal”, “copia de los contratos concertados con personal externo referenciado”, “listado de personal externo que dispone o tiene acceso a claves privadas”, “relación de plazas vacantes y desdotadas existentes” y “listado de efectivos reales”.

A pesar de “escudarse nuevamente” en la Ley de Protección de Datos para no facilitar la documentación, el TSJA insiste en que la información solicitada por el sindicato es “ineludible” para “permitir el ejercicio del derecho a la libertad sindical en su vertiente colectiva, cuando dicha información es necesaria para la defensa de los intereses colectivos de sus afiliados”.

Y continúa, “para evitar entre otras cosas que las funciones propias y reservadas por la ley a los mismos, sean desempeñadas por personal que carece de la condición de funcionario público”.

El Alto Tribunal andaluz concluye que “no se entiende esta contumaz conducta, a no ser que se quiera ocultar una realidad denunciada una y otra vez por el Sindicato de Funcionarios, colectivo, que está viendo mermadas sus posibilidades de carrera profesional, de acceso a determinadas plazas y cuyas funciones están siendo asumidas por personal externo y contratado laboral que ejercen incluso potestades públicas reservadas por el Estatuto Básico en el artículo 9 al personal funcionario”.

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La Junta «engorda» la Administración paralela y elimina puestos de funcionarios. ABC de Andalucía. 5 de Mayo.

La Junta «engorda» la Administración paralela y elimina puestos de funcionarios

Día 05/05/2015 – 07.26h

El sindicato SAF critica que en los últimos años se han perdido casi 4.000 puestos de empleados públicos de carrera

La Junta «engorda» la Administración paralela y elimina puestos de funcionarios

Manifestación de funcionarios de la Junta. Rafael Carmona

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) criticó ayer que la Junta de Andalucía «elimine casi 4.000 puestos de funcionarios», así como que en la denominada Administración paralela «el número de externos sea mayor», según los datos de personal de la Administración General de la Junta recogidos en un informe de la Cámara de Cuentas.

En una nota, el SAF explicó que, según el Informe de Fiscalización del año 2013, el número de funcionarios de carrera de Administración General de la Junta de Andalucía, a fecha de 21 de diciembre de 2013, es de 22.378 funcionarios, de los cuales 20.289 son funcionarios de carrera y 2.089 son funcionarios interinos, lo que supone 3.871 puestos de funcionarios menos desde 2010, según los datos del Informe de Fiscalización del año 2009.

Además, la Cámara de Cuentas recoge que hay 22.658 laborales, entre indefinidos, temporales e indefinidos del sexto convenio, en la Administración General, es decir, apenas 1.878 laborales menos desde 2009.

El SAF advierte de que «de 2010 a 2013 se destruyen el doble de puestos de trabajo de personal funcionario que de personal laboral del VI Convenio, a una media de más de 1.200 puestos de trabajo por año», lo que «evidencia que el personal funcionario no se repone y el laboral sí, mediante lo que supone una auténtica laboralización encubierta de la Administración».

Considera que «aún más grave es el caso de la plantilla media del personal de entidades públicas empresariales y fundaciones, compuesta por 23.387 trabajadores externos, excluyendo consorcios», que superan en más de 1.000 a los funcionarios.

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JOSÉ MARÍA HERRERA, ariete contra la corrupción en el ‘’cortijo andaluz’’. EL DEMÓCRATA LIBERAL. 27 de abril de 2015.

El Demócrata LiberalJOSÉ MARÍA HERRERA, ariete contra la corrupción en el ‘’cortijo andaluz’’

EL DEMÓCRATA LIBERAL dedica hoy un homenaje especial a José María Herrera Hernández con motivo de su jubilación a finales de este mes de abril de 2015. Testigo de excepción en el proceso histórico de conformación y desarrollo de la Administración autonómica andaluza, tras 42 años de vida laboral en la Función Pública, en los últimos años, ha sido ariete contra la corrupción en el seno de la Junta de Andalucía.

El naranja es el color de la rebelión

En una sociedad aletargada, como la andaluza, en torno al año 2010, surgió el movimiento naranja en el seno de la Administración autonómica. Aquella fue la primera rebelión masiva de funcionarios contra el poder político que había dominado Andalucía a su antojo, y sin oposición, durante 30 años. Sus protestas pusieron en pie de guerra la Función Pública andaluza y sus denuncias fueron, en parte,  semilla que aireó algunos de los  casos de corrupción que hoy en día se dirimen en los Tribunales o son, aún,  objeto de investigación por parte de la Guardia Civil.

Los funcionarios andaluces, a través de asociaciones constituidas para este fin, como Al-Andalus o Defiendo mi Derecho, entre otras, además de algunos sindicatos, mantuvieron su protesta en la calle durante casi tres años. Aunque fue silenciada, boicoteada y, en último término, ocultada por los medios de comunicación sufragados por el poder político con recursos públicos.

En paralelo,  estas asociaciones y funcionarios andaluces a título particular, solos o en compañía de otros,  emprendieron un difícil proceso judicial contra la  polémica Ley de reordenación del sector público que llegó hasta el Tribunal Supremo.

En la actualidad, la base del asunto está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, sin haberse descartado aún la posibilidad de recurrir o solicitar amparo ante las más altas instancias europeas. El movimiento continúa latente a través de las redes sociales y de nuevas acciones judiciales, gracias al estado de alerta  permanente de algunos de sus protagonistas. 

José María Herrera es uno de los líderes de esa insurrección funcionarial que supo vislumbrar en el trasfondo de la Ley 1/2011 los perversos objetivos del gobierno socialista. En resumidas cuentas, echar  el cierre definitivo al estado de derecho para perpetuarse en el poder.   A la vista del desarrollo de los acontecimientos, la norma  consolida con empleo público el granero de votos que constituye gran parte de los 30.000 contratados ‘’a dedo’’ en la Administración paralela. Asimismo, regulariza el manejo de presupuesto y patrimonio público, al margen de los órganos oficiales de control  y  del derecho administrativo. La pretendida ‘’reordenación del sector público de Andalucía’’ es el paso definitivo para la usurpación del bien común de todos los andaluces por parte de un grupo de poder que se ampara tras las siglas del PSOE.

Gran parte de los funcionarios y  empleados públicos de la Junta de Andalucía lo han experimentado en carne propia. Y varios millones de andaluces también lo saben. Los resultados de las elecciones del 22 de marzo arrojan más de un 70 por ciento de oposición al partido gobernante en esta tierra durante más de tres décadas. Los compañeros y amigos de José María Herrera, que reconocen en él  un ejemplo de lucha contra esta situación, preparan estos días  una fiesta, en parte despedida, en parte bienvenida. Porque sospechan, según él mismo  ha anunciado, que su heroica batalla contra el ‘’cortijo andaluz’’  no ha hecho más que empezar. 

Testigo de la creación y evolución de la Junta de Andalucía

1) ¿Quién es José Mª Herrera? 

Soy un padre de familia con 3 hijos,  2 nietas y 1 nieto, viudo de una mujer extraordinaria,  funcionaria de carrera de la Administración General del Estado, que se llamó Concepción Poch Gómez y que falleció victima de cáncer a los 49 años de edad.

Por lo demás soy un simple ciudadano comprometido con el mundo en que vivimos y que, en los últimos años, me he dedicado en cuerpo y alma a luchar por defender los intereses de los funcionarios de carrera y empleados públicos de la Junta de Andalucía.

2) ¿Cuál es su curriculum laboral? 

Por necesidades familiares, comencé a trabajar a los 14 años, dejando mis estudios de Bachillerato con 3º curso aprobado. Hasta mi incorporación al servicio militar, pasé por diversos trabajos de aprendiz, dependiente, administrativo. Por cierto, en todos esos años sólo una empresa cotizó por mí durante 3 meses,  según consta en mi informe de vida laboral.

Al volver de mi servicio militar, un vecino funcionario del Ministerio de Agricultura, comentó a mi familia que se iban a hacer unas pruebas para ingresar en el Ministerio. Estuve unos meses preparándome y  conseguí  plaza  en el año 72. Allí conocí a la que luego seria mi mujer.  Después fuimos transferidos a la Junta de Andalucía, donde siempre, hasta la fecha, he estado en servicio activo. Ya trabajando en la Junta obtuve el título de bachiller.

3)¿Cuál es el balance que le gustaría hacer de su vida laboral? 

Durante mis 42 años en la Administración distingo dos etapas. La primera, el tiempo que estuve en la Administración Central, donde éramos una gran familia en la que se compartía lo bueno y lo malo, tanto en el trabajo como en nuestras vidas personales. Algo muy distinto de la experiencia posterior en la Junta de Andalucía, donde  las relaciones personales se fueron perdiendo. Siempre me he considerado un buen trabajador, cumplidor, honesto y que realizaba su trabajo con entusiasmo, colaborando con todos y con suerte de haber tenido Secretarios y Jefes de Servicio que me enseñaron mucho y, por supuesto, teniendo siempre claro que estaba para prestar servicios a los ciudadanos. 

La autonomía, del entusiasmo a la decepción

4) ¿Cómo era la Junta de Andalucía a la que usted llegó en aquellos primeros años de su gestación? 

Eran los comienzos. Había otra forma de trabajar,  con otros objetivos. Había que adaptarse a los nuevos tiempos, a los cambios. Pero, lo fundamental es que la mayoría de los compañeros nos conocíamos. Recuerdo a mi primer delegado de la Junta de Andalucía, D. Julio Berbel, al que le tocó la organización y distribución de los trabajos a realizar por cada uno de los que fuimos transferidos. Todos teníamos ilusión por un futuro mejor,  porque pensábamos que la Autonomía sería algo bueno para Andalucía. Con el tiempo, hemos visto que mejor nos hubiéramos quedado como estábamos, pues nos fuimos dando cuenta de que el amiguismo y los enchufes eran lo normal, por lo que, al poco tiempo, empezamos a echar de menos la forma de trabajar en la Administración Central.

5) Usted, lo quiera o no, ha sido líder de una revolución en el seno de la Junta de Andalucía. Nunca, hasta el surgimiento del denominado movimiento naranja, se había organizado  una reacción de denuncia, protesta y oposición tan fuerte contra el Gobierno Autónomo. ¿Por qué? ¿Cómo surge aquel movimiento? ¿Qué le llevó  a usted a conformarse como uno de los dirigentes de esa protesta? 

¿Por qué? Sencillamente, porque tenía una hija que se estaba preparando oposiciones y, en un momento dado, cuando sale el Decreto 5/2010, de 27 de Julio, por el que se aprueba medidas urgentes en materia de reordenación del sector público andaluz, la preparadora le dice que era mejor que dejara de prepararse, porque durante muchos años el panorama previsto era que no hubiera oposiciones en la Junta de Andalucía, algo que con el tiempo hemos visto que ha sido una realidad.

Surgió aquel movimiento porque cuando empezamos a investigar y vimos todo lo que la Junta pretendía hacer con esa reforma, que no era otra cosa que dar entrada a todas las empresas públicas, fundaciones y otros entes, algunos nos dimos cuenta de que contra aquello había que enfrentarse. Junto con otros compañeros y compañeras,  comencé a salir a la puerta de los “Ministerios” –un edificio que alberga varias sedes de delegaciones de la Junta en Córdoba-. Allí, durante 10/15 minutos cada día,  me dedicaba a explicar a todo el que quisiera escuchar lo que se nos venia encima. Así me gané dos sanciones de la Subdelegación del Gobierno, porque al principio las concentraciones eran espontáneas y no contábamos con los permisos correspondientes. Sin pretensiones de nada, fui convirtiéndome semana tras semana, ya con los permisos oficiales, en quien daba la cara, ponía su nombre en las solicitudes y alertaba públicamente a los compañeros.

Junto con un grupo que después conformamos la directiva de la asociación AL-ANDALUS, seguimos  trabajando hasta llegar a una segunda etapa en la que, tras varias reuniones, convocamos a todos los funcionarios y empleados públicos de la Junta de Andalucía en Córdoba a una asamblea informativa. De ahí surgió la idea de la identificación con el color naranja  y lemas como el famoso ‘’A LA ADMINISTRACIÓN POR OPOSICIÓN’’, que plasmamos en camisetas, gorras, banderas, lazos, etc.

Al   mismo tiempo,  en todas las provincias de Andalucía fueron surgiendo otros movimientos similares, como en Torretriana, en Sevilla, en Málaga, Cádiz, Granada, Almería. Las noticias que teníamos eran cada vez más alarmantes y llegó un momento en que vimos necesario unir las fuerzas. Para ello,  comenzamos a tener reuniones en Antequera. Ese fue un paso decisivo, porque allí se plantearon las propuestas que hicieron visible la fuerza que teníamos, especialmente las dos grandes  manifestaciones convocadas en noviembre de 2010 y febrero de 2011,  que reunieron en Sevilla a más de 50.000 funcionarios, cada una. Para   sorpresa y orgullo mío, en una de ellas, los organizadores me pidieron que leyera el manifiesto final que otros compañeros habían preparado. 

Asociación Al-Andalus

6) ¿Qué es la Asociación Al-Andalus? 

La asociación surgió y se creó para que tuviéramos una cobertura legal y, a su vez, para que pudiera representar a todos los socios que libremente quisieran asociarse. Para ello, convocamos una Asamblea General, allá por el mes de Abril del 2010.  Allí presentamos el borrador de los Estatutos que, previamente, un grupo de compañeros habíamos elaborado y también se planteó la idea de  buscar un buen bufete de abogados, porque nos dimos cuenta de que era necesario llevar a los tribunales a la Junta de Andalucía. Todas nuestras propuestas fueron aprobadas por mayoría absoluta de todos lo que acudieron a la misma. Después de esa asamblea presentamos nuestros estatutos  en el registro de asociaciones y en los distintos organismos para que nuestra asociación fuera totalmente legal de cara a las actuaciones que habíamos  acordado, por unanimidad, poner  en marcha.

7) ¿Qué ha sido del movimiento naranja y de las sentencias que aún están pendientes? 

El movimiento naranja sigue porque su espíritu pervive. Bien es cierto que 2010 y 2011 fueron años de mucha entrega por parte de todos, acudiendo a manifestaciones, recogidas de alimentos por Navidades, caravanas de coches y,  lo que nos marcó, los recibimientos calurosos a los presidentes y consejeros de la Junta cada vez que teníamos noticias de sus visitas a Córdoba, que amenizábamos con nuestros silbatos, bubucelas y otros artilugios.    Por todo esto es comprensible que los compañeros/as se cansaran, pero, insisto, el espíritu naranja sigue vivo.

En cuanto a las sentencias,  curiosamente, el TSJA nos iba dando la razón sobre nuestras demandas. Luego la Junta recurría al Tribunal Supremo y éste dictaba unas sentencias pegadas unas de otras, difícil de entender, pero que nosotros asumimos. En estos momentos estamos pendientes del Tribunal Constitucional. Quiero recordar que fue el Partido Popular el que presentó recursos de inconstitucionalidad contra el Decreto- Ley 5/2010, primero, y luego contra la Ley 1/2011,  y que fueron admitidos a trámite por la citada institución.

Llegado a este punto quiero agradecer a todos/as los compañeros de toda Andalucía, porque con sus aportaciones nos permitieron contratar al  bufete de abogados “Mariano Aguayo”,  a cuyos integrantes, igualmente, doy las gracias por habernos demostrado ser un equipo de grandes profesionales que siempre han estado cuando se lo hemos pedido dando explicaciones aquí en Córdoba y en la mayoría de las provincias andaluzas.

8) ¿Ha encontrado respaldo en las organizaciones sindicales? 

Siempre he contado con el apoyo incondicional del Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAF) y, por tanto, siempre les quedaré enormemente agradecido por ello. Al comienzo, y durante un tiempo, sobre todo, a algunas concentraciones y manifestaciones acudieron CSIF, USTEA y USO, pero luego han ido desapareciendo y sus objetivos dejaron de ser los de los naranjitos. Para el resto de organizaciones sindicales he sido el enemigo público número uno y por tanto no me merece la pena ni mencionarlos. 

’He sido el enemigo público número uno para algunos sindicatos’’

9) ¿Qué repercusiones o respuesta ha encontrado en la sociedad civil? 

Al comienzo de nuestra lucha, unos de nuestros compromisos fue informar a los ciudadanos de lo que estaba pasando en la  Administración de la Junta de Andalucía. A ello nos entregamos en cuerpo y alma durante muchos meses, saliendo a la calle, repartiendo información y hablando con los ciudadanos, explicando el porqué de nuestra lucha,  que no es  otro que defender sus intereses como contribuyentes y demandantes de los servicios que les prestábamos los funcionarios y empleados públicos, tanto en la Administración General, como en enseñanza, sanidad y otros servicios. Creo que en aquellos momentos la mayoría lo entendía, nos felicitaban y apoyaban.

10) ¿Cree que la gente de a pie, quienes no forman parte del entramado administrativo, conoce suficientemente esta lucha y la  repercusión que puede tener en sus vidas? 

Llegaron a conocer nuestra lucha, pero todo tiene que tener una continuidad. En aquellos momentos y durante un tiempo prolongado algunos medios de comunicación se hicieron eco de nuestras denuncias y reivindicaciones y eso llega a la gente de a pie.
Sobre la repercusión,  creo que, mayoritariamente,  no han llegado  a ser conscientes de lo que aquella ley va a suponer en sus vidas. Ni siquiera tras la sucesión de casos  de corrupción y extravío de dinero público que se han hecho públicos en los últimos años. Ni siquiera ante el progresivo deterioro de los servicios públicos.

11) Me han contado que tiene usted un asunto personal con destacados socialistas de Córdoba, su ciudad natal. Por ejemplo, con el recién nombrado Presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán ¿Quiere contarnos algún detalle? 

Conocí personalmente al sr. Durán en el mes de mayo de 2011, en plena campaña para las elecciones municipales. Aquel día había un acto en un restaurante que está a las afueras de Córdoba. Estaba prevista la visita de muchos políticos, entre ellos la exconsejera Aguayo,  de tan nefasto recuerdo por su mala gestión. Un  grupo de personas estábamos  junto a la carretera por la que tenían que pasar todas las autoridades, dispuestas a darles nuestra habitual bienvenida. Como aquello se alargaba y eran casi las 3 de la tarde, mis compañeros se fueron y yo decidí quedarme sólo, con mi silbato, mi camiseta naranja y la bandera naranja con el mensaje “A la Administración por oposición”. Pues bien, en un momento dado, comienza el desfile de coches oficiales, algunos coches paran y me hacen  fotos y cuando noto que ya no baja ningún coche, me fijo en un cartel con una gran foto del Sr. Durán pidiendo el voto. Se me ocurrió  dejar la bandera debajo de la foto y en aquel momento se para un coche y me llaman. Para mi sorpresa, era el Sr. Durán, que se dirigió a mí y me dijo que si lo que estaba haciendo lo iba a repetir con los otros carteles del resto de candidatos. Le respondí que yo hacía aquello en señal de protesta contra el candidato  de un partido que representaba al gobierno  de  Andalucía, porque sus acciones eran contrarias a los intereses de los ciudadanos andaluces. Creo que desde ese momento no soy una persona grata para él,   a pesar de haber tenido encuentros mañaneros al coincidir ambos camino del  trabajo,  en los que nos hemos deseado buenos días.

Las amenazas y el acoso

12) ¿Qué consecuencias ha tenido esta guerra en su vida personal y laboral? 

Pues,  uno se acostumbra a que te amenacen, te rajen las ruedas del coche y otras situaciones que no han sido agradables y que aún, a veces, continua. Pero,  creo que no merece la pena que siga comentando este asunto, porque es darle alas a gente que por bandera lleva el resentimiento, el odio y el desprecio en sus miradas. A veces,  éste es el precio que hay que pagar por un peaje que aún no ha terminado.

13) ¿Se jubila usted con ilusión o le gustaría reengancharse? 

Es curioso,  ahora que me lo pregunta, recuerdo que cuando algunos compañeros antes de cumplir los 65 años venían a pedir la prolongación en el servicio hasta los 70 años, yo les comentaba que por qué no se jubilaban y empezaban a disfrutar de la vida, de su familia, de hacer lo que quisieran. Ahora los comprendo. Creo que no estamos preparados para asumir dejar de trabajar. Por tanto,  respondiendo a su pregunta, le puedo decir que  me jubilo con ilusión porque he llegado a una meta: cumplir 65 años. Otras personas, por desgracia, no han podido llegar. Por otra parte, pienso que estoy capacitado para seguir trabajando. Pero,  hay que dejar los puestos de trabajo. A ver si,  por fin,  la Junta de Andalucía cumple con las normas: reponer el 10% de las jubilaciones y convocar concurso de traslados. Muchos compañeros/as llevan años esperando, fuera de sus casas, separados de sus familias y  pagando alquileres y gastos de viaje. Encima, con una pérdida continuada de poder adquisitivo y de otros derechos laborales y ayudas sociales que no les permiten vivir con dignidad. Todos estos gastos y este sacrificio se lo podrían ahorrar. Pero esto a la Junta durante estos años parece que no le preocupa.

14)¿Qué tiene previsto para un inmediato futuro? 

Si se refiere a si voy a continuar como Presidente de la Asociación “Al-Andalus”, recientemente hemos celebrado Asamblea en la que puse a disposición mi cargo y por mayoría de los presentes me pidieron que siguiera al frente de la misma,  en tanto no estuviera cerrado todo el proceso judicial en curso y hasta conocer que dictaminará el Tribunal Constitucional.
En cuento a mi vida personal, pienso  dedicarme un poco más a mis hijos y a mis nietos, intentar viajar un poco y, por supuesto, estar al tanto de lo que vaya sucediendo para ayudar a mis compañeros/as de Córdoba y del resto de Andalucía.

15) ¿Ha concluido aquella lucha? 

Eso lo tienen que decidir los compañeros, nuestra obligación en la Asociación “Al-Andalus” es convocar asambleas y es allí donde se tienen que tomar las decisiones. En la última,  le puedo decir que se tomó la decisión de continuar adelante,  a pesar de las últimas sentencias en contra de nuestros intereses.

16) ¿Cree que Susana Díaz y su equipo gubernativo, si es que llega a formar gobierno, deben de estar temerosos ante las decisiones y actuaciones que usted adopte? 

No he sido, ni lo seré, un peligro para ningún gobierno de la Junta de Andalucía, sobre todo, porque siempre he sido un simple trabajador, pronto un jubilado más, un ciudadano pacifico que, eso sí,  he luchado y lucharé contra las injusticias con mis únicas armas, que son la palabra y el silbato. Si tengo que volver a la calle, porque me lo pidan mis compañeros, siempre será dentro de la legalidad vigente, como siempre ha sido. En todos estos años, algo que me ha llamado la atención es que hemos sido felicitados por las fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones como en las sonoras recepciones que ofrecíamos en   Córdoba a los expresidentes de la Junta, Sr. Chaves y Sr. Griñán, con nuestras únicas armas, que eran las bubucelas y los silbatos.

‘’Mis únicas armas siempre han sido la palabra y un silbato’’

Nuestra lucha siempre ha sido pacífica. Ahora recuerdo que, al principio,  un catedrático de la Universidad de Madrid se puso en contacto conmigo   para decirme que, a lo largo de la historia pasada reciente, nunca en España se había producido un movimiento de funcionarios que lucharan contra un poder establecido de una manera tan pacífica como el nuestro y reivindicando su dignidad y sus derechos de forma tan justa.
Aquella conversación me dio fuerzas para seguir el camino que había emprendido, a pesar de  las amenazas y los acosos.  Por otro lado, fue un momento en que también resultaba agobiante la insistencia de  los medios de comunicación, porque empezábamos a ser noticia.
A pesar de todo, en ningún momento se me pasó por la cabeza abandonar o apartarme  de lo que estaba seguro que era necesario, continuar para intentar que el gobierno socialista se diera cuenta de que la gran mayoría de los funcionarios y empleados públicos estábamos en contra de aquella Ley nefasta para los intereses del pueblo andaluz, que se dio tanta prisa en aprobar en el Parlamento en solitario, con los votos en contra del PP y  la abstención de IU.

‘’Una lucha justa y pacífica por la dignidad y la legalidad’’

17) ¿Qué futuro le espera  al funcionariado y al pueblo andaluz, en general, de mantenerse el Psoe sine die en el gobierno? 

Los funcionarios y empleados públicos ya tienen asumido que la Función Pública no será la misma en tanto exista la llamada administración paralela. También saben que el gobierno del Psoe no quiere acabar con ella,  todo lo contrario, quiere consolidar a los más de 30.000 trabajadores que en ella prestan sus servicios. De sobra es conocido y está suficientemente acreditado que una gran mayoría de ellos son personas cercanas por parentela a los altos cargos de la Junta o afiliados al partido o algunos de los sindicatos afines al partido que nos viene gobernando desde hace más de 30 años.
El pueblo andaluz lo que quiere es que la administración sea ágil, eficaz y que sus problemas se resuelvan con rapidez. Otra cuestión es que sus papeles e intereses colectivos los estén gestionando trabajadores que no tienen competencias para inspeccionar, dictar resoluciones o administrar presupuesto público, pues esas funciones son competencias exclusivas de los funcionarios de carrera, según establece la Constitución española, y se les ha hurtado y arrinconado.

19) ¿Le hace ilusión este homenaje que le preparan sus compañeros? 

Como no, ese será un día de emociones fuertes, pues,  no dejaré de acordarme de mi mujer, Concepción Poch Gómez, y de mi hijo Fernando, su mujer y mis nietas, que se encuentran en los Estados Unidos desde hace varios meses. Pero,  también disfrutaré con alegría de tener a mi lado a mis dos hijas, que estarán acompañadas por sus parejas.
Por otro lado, será un placer reencontrarme con compañeros/as de mi Delegación y de otras Delegaciones de la Junta, que se que me quieren y que están haciendo un esfuerzo por estar ese día junto a mí. No quiero dejar de pensar en algunos otros amigos que, me consta, se desplazarán de otras provincias y de pueblos para compartir esa jornada, por lo que mi agradecimiento es  total para cada uno de ellos. Junto a ellos partiré una tarta por mis 65 años para celebrar de una forma más distendida mi cumpleaños. Como verás,  mi felicidad será plena.

http://www.eldemocrataliberal.com/search/label/MARA%20MAGO

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CONCURSO: La Justicia le da la razón a SAF, no se pueden valorar la antigüedad como interino.

CONCURSO

LA JUSTICIA LE DA LA RAZÓN A SAF,NO SE PUEDE VALORAR LA ANTIGÜEDAD COMO INTERINO.

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Elecciones Sindicales 6 de mayo de 2015: Vota por tus derechos, ¡VOTA SAF!

Elecciones 2015.

Consulta AQUÍ  todos los datos de las Elecciones Sindicales de la AGJA del próximo 6 de Mayo.

 

 

 

 

 

 

 

 

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La Junta abre su portal de transparencia pero no informa sobre su administración paralela. Por Andalucía Libre. 1 de Abril.

Por Andalucía Libre - Revista Digital Crítica

La Junta abre su portal de transparencia pero no informa sobre su administración paralela

 

La Junta abre su portal de transparencia pero no informa sobre su administración paralela

¿Hay alguien más trasparente que yo?

Miércoles, 01 Abril 2015 11:21

La Junta publica, cuando vencía el plazo para cumplir la promesa electoral, en el nuevo Portal de la Transparencia todos los contratos y subvenciones desde 2014 pero deja la información sobre su administración paralela para dentro de tres meses.

Tampoco publica  las indemnizaciones de sus altos cargos.

Realmente, el portal es una web que se contemplaba en la Ley de Transparencia aprobada por el Parlamento andaluz tras la aprobación de una ley similar en las Cortes Generales impulsada por el PP.

Igualmente, lo que hace la web es centralizar los datos que ya estaban publicados en diferentes web y portales de la Junta andaluza. Lo que hace el nuevo Portal es sistematizar, actualizar y responder a todas las peticiones de información que hagan los ciudadanos.

Por ejemplo, contratos y subvenciones públicas firmados por la Junta de Andalucía desde el año 2014, no antes,  están accesibles en el portal de la transparencia al que puede acceder cualquier ciudadano de manera libre y sin necesidad de identificarse. Hay más de 200.000 datos correspondientes a los 90.000 contratos suscritos por la Junta desde enero de 2014 y a las 80.000 subvenciones concedidas en ese mismo período, una información que sólo cuenta con la restricción de la Ley de Protección de Datos y que los interesados pueden incluso descargarse.

Pero no se conocerá el volumen de la “administración paralela” hasta después de las elecciones municipales

Hasta el 30 de junio, mes y medio después de las elecciones municipales, no se conocerá toda la información sobre la denominada administración paralela, personal, retribuciones y cesantías. Tampoco, subraya El Mundo,  se conocerá qué indemnizaciones cobran por vivienda por altos cargos de la Junta ni las cesantías a miembros de IU que fueron desalojados de las Consejerías tras la ruptura del pacto de gobierno.

Será entonces cuando la “transparencia” llegará a la información institucional y organizativa, empleo público, altos cargos con sus retribuciones y cesantías, planes y programas, normativa vigente y en tramitación, presupuesto y ejecución presupuestaria, cuentas anuales, financiación de la Junta de Andalucía y publicidad institucional.

Podrá solicitarse información reservada aunque será necesario identificarse  y la respuesta será obligatoria por los funcionarios responsables de cada servicio.

Hasta el próximo 30 de junio pero poco a poco se colgará toda la información “sensible” de la Junta de Andalucía, para que los ciudadanos sepan lo que se hace «con hasta el último céntimo de dinero público con un solo clic de ordenador», según afirmó el vicepresidente en funciones, Manuel Jiménez Barrios.

La propia Susana Díaz usó este portal de transparencia, recuerda ABC,  como arma electoral durante la pasada campaña comprometiéndose, además, a ponerlo en marcha en el primer trimestre de este año (ayer era el último día para cumplir esta promesa). Una herramienta que Díaz califica como un ejercicio de transparencia del Gobierno andaluz y como el mejor camino para luchar contra la corrupción.

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El TSJA investiga si la Junta está legislando para saltarse controles. El Mundo. 30 de Marzo.

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POLÍTICA

El TSJA investiga si la Junta está legislando para saltarse controles

  • Funcionarios recurren el decreto que le da más competencias a la IDEA

Funcionarios recurren el decreto que modifica los estatutos de IDEA y...

Funcionarios recurren el decreto que modifica los estatutos de IDEA y le da más competencias.ESTHER LOBATO

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está investigando si el Gobierno andaluz está legislando para saltarse los controles, a pesar de que alardea de lo contrario.

Aunque la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, presume de que se están incrementado los controles para evitar que se repitan casos de corrupción como el de los ERE irregulares, que acumula ya 275 imputados, lo cierto es que se están dictando normas que van en el sentido contrario, ya que se están traspasando competencias clave a agencias públicas, donde los controles son mucho más laxos que en una consejería.

El TSJA está ya analizando la demanda interpuesta por la asociación de funcionarios de la Junta de Andalucía Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública contra el decreto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige el consejero en funciones José Sánchez Maldonado, que modifica los estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

La Agencia IDEA está en el epicentro del mayor caso de corrupción de la historia andaluza, como caja pagadora de los ERE que investiga la juez Mercedes Alaya.

Con la excusa de adaptar la Agencia IDEA a la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo -supuso la integración en la Administración de más de 25.000 trabajadores del entramado de agencias, empresas y fundaciones públicas-, el Gobierno andaluz aprobó el 26 de agosto de 2014 el decreto que modifica los estatutos de IDEA.

Entre los motivos que se hicieron públicos el año pasado para justificar el cambio legal, se subrayó que era para «avanzar en la transparencia y reforzar el control y la gestión interna y externa».

Una modificación relevante que se ha incluido es la que atribuye al Consejo Rector de IDEA las funciones de autorizar y aprobar las actuaciones e inversiones cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea superior a 450.000 euros e inferior o igual a 3.005.060,52 euros, frente a los 1,2 millones anteriores. El Consejo de Gobierno ratificará posteriormente aquellas autorizaciones de gasto que superen esta cantidad, equiparándola así con los límites previstos en la Ley de la Hacienda Pública de Andalucía.

Respecto a las competencias, los estatutos especifican que corresponde a la Agencia IDEA la gestión de los denominados «fondos sin personalidad jurídica, o fondos reembolsables». Estos instrumentos de ayuda, actualmente once con una dotación global de más de 1.000 millones de euros, cubren todas las «fases del desarrollo empresarial», según la Junta.

La asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, que ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra el decreto sobre IDEA, mantiene que los controles en esta Agencia y en general en todo el entramado de la conocida como administración paralela son menores que en una consejería.

Como ejemplo, explica que los expedientes en IDEA se tramitan sin la fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Junta, tanto de los compromisos de gasto como de las órdenes de pago de fondos públicos. Esta fiscalización constituye «uno de los pilares del control férreo al que están sometidos los expedientes de gastos en la Administración General, y que impide un uso indebido del dinero público», dice Luis Escribano, miembro de la junta directiva de la asociación de empleados públicos.

Todo el sistema para repartir ayudas sería irregular. Si la Agencia IDEA tramita subvenciones, como el decreto recurrido ante el TSJA le permite, lo haría con personal sujeto al Derecho Laboral, que «no debería hacerlo, salvo que a sabiendas lo hicieran incumpliendo el ordenamiento jurídico», destaca Defiendo mi Derecho.

Para Escribano, «es de tal calibre la aberración de la normativa andaluza» que habrá «unas contradicciones muy graves, creando una gran inseguridad jurídica que el Estado de Derecho no debe permitir».

La Junta «sigue empeñada en vaciar a la Administración general, con las consejerías y las agencias administrativas, de las funciones administrativas que implican el ejercicio de potestades públicas de la misma» y que deben ser ejercidas por funcionarios, argumentan desde el colectivo.

Burofax a la vicepresidenta

Hasta el despacho de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha llegado la lucha de los funcionarios de la Junta contra el traspaso de competencias clave al entramado de agencias y fundaciones, más conocido como ‘administración paralela’.

La presidenta de la asociación ‘Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública’, Guillermina Bermejo, ha remitido un par de burofax a Sáez de Santamaría, en los que la alerta sobre «la corrupción institucionalizada» en Andalucía.

Bermejo solicita a la vicepresidenta su «intervención urgente» ante la «ingeniería jurídica» que ha derivado de la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, aprobada en 2011 y que ahora está recurrida ante el Constitucional.

La Reordenación es más conocida como ‘ley del enchufismo’ porque supuso la integración en la Administración de más de 25.000 trabajadores del conglomerado de agencias y fundaciones, tildados de ‘enchufados’. «En Andalucía se está desmantelando la Administración General de la Junta», subraya el escrito remitido a la vicepresidenta del Gobierno.

El colectivo advierte que en Andalucía se está montando un «sistema ilegal, diseñado en fraude de ley por el Gobierno andaluz», que excede de la lucha del colectivo de funcionarios, por lo que pide al Gobierno que intervenga.

El pasado julio, un asesor de Sáenz de Santamaría le remitió una carta a Guillermina Bermejo en la que le indicaba que las competencias en este asunto son de la comunidad autónoma. «Por lo tanto, espero que entienda que el Gobierno debe respetar el ejercicio de las competencias que son propias de otras administraciones públicas», finaliza la misiva.

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Externalización, administración paralela y libre designación en Andalucía. Libertad Digital. 12 de Marzo.

33 años de régimen (III)

Externalización, administración paralela y libre designación en Andalucía

Todos estos procedimientos han dado origen a un entramado al servicio del partido del gobierno: el PSOE.

Pedro de Tena/Antonio Barreda (Sevilla) 2015-03-12

El mecanismo genérico usado en los casos ERE e Invercaria, por poner un ejemplo inicial, casos en los que se trataba de evitar el control y la intervención para beneficiar arbitrariamente los intereses del PSOE gobernante, es lo que puede considerar el mecanismo vertebral que explica la consolidación del régimen.

Se entiende por “externalización” de servicios de la Junta de Andalucía el uso de trabajadores no vinculados a la función pública para realizar trabajos propios de funcionarios o empleados laborales de la Administración. Ya se utilice para tales fines personal de las empresas públicas dependientes de la Junta o sus Organismos, casi siempre Sociedades Anónimas regidas por el Derecho Laboral; ya se recurra a personal de Fundaciones u otros Entes Instrumentales; ya se resuelva mediante contratos administrativos para trabajos específicos o se acuda para proveerse de personal a empresas privadas contratadas ad hoc, lo cierto es que los servicios que debería prestar la Administración son prestados “por fuera” de ella y sin su control.

De ahí el nombre de “externalización” aunque quien reserva tal concepto a las funciones realizadas por personal de empresas privadas en el seno de la Administración, con lo cual las Empresas Públicas, Fundaciones y otros Entes instrumentales quedarían al margen de tal consideración. Pero el objetivo que rige la externalización es escapar del Derecho Administrativo y de la Constitución en lo que hace referencia a contrataciones, adjudicaciones y personal, y eso se hace tanto en las empresas públicas y fundaciones como en las empresas privadas que prestan su personal no se sabe en virtud de qué oscuros acuerdos.

Todos estos procedimientos han dado origen a una “administración paralela” al servicio del partido del gobierno, sin control parlamentario alguno y bajo la dirección exclusiva de los directivos que imponen los altos cargos de la Junta y/o del PSOE. Tal “administración” oscura y descontrolada fue consagrada por la discutida Ley del gobierno Griñán que provocó la reacción de los empleados públicos en una rebelión sin precedentes, más aguda y potente dada la “traición” de UGT y CCOO a la meta de una función pública neutral. 40.000 manifestantes dieron fe de ello.

Aunque la principal excusa para proceder a estas contrataciones “externas” suele ser la rigidez del funcionamiento de la función pública, más ajustado a los hechos parece, cuanto menos, añadir el deseo de sustraer el acceso al empleo público a la igualdad de oportunidades y medios de los ciudadanos y seguir practicando el tradicional “a dedo“. Como ya hemos mostrado en páginas anteriores, se trata de sustituir el mérito y la capacidad por el capricho y el sectarismo políticos.

Incluso podemos esbozar una breve teoría de cómo la Junta ha ido desplazando el “dedo” a medida que las posibilidades de arbitrariedad y partidismo han ido disminuyendo. Si al principio de la Junta de Andalucía el dedo estuvo omnipresente, la introducción de las bolsas de trabajo en 1990, limitaron el poder “caprichoso” del gobierno socialista. Fue entonces cuando se recurrió a la contratación vía Capítulo VI, de la que ya hemos hablado. Tras el agotamiento de esta vía, se apeló al contrato arbitrario en las empresas públicas, fundaciones y agencias de forma masiva. Igualmente sucedió en subvenciones, adjudicaciones y contrataciones.

Naturalmente y al mismo tiempo, cuando se ha ido agotando la capacidad de contratación por la evidente saturación, se ha recurrido a la ampliación de la libre designación.

La Administración paralela de la Junta

Ni siquiera la Junta sabe la dimensión del “monstruo” construido con la complicidad de UGT, CCOO y los empresarios de la CEA. En 2008, la Cámara de Cuentas cifró en 26.000 las personas contratadas en empresas públicas y Fundaciones de la Junta, ajenas al Derecho Administrativo y, como aseveran todos los informes del órgano de Control, dotas de un personal seleccionado mayormente a dedo, sin convocatorias públicas en general y sin necesidad de demostración de mérito y capacidad. Esto es, sin seguir el procedimiento obligado a todo ciudadano para entrar a formar parte de la administración andaluza.

De hacer caso a UGT que cifró el volumen de la administración paralela en 35.000 empleados, esta administración tendría casi el mismo número de trabajadores que la administración reglada. La justificación de su existencia fue formulada en primera instancia y precismente por el primer “controlador” socialista de la Cámara de Cuentas. José Cabrera Bazán dijo entonces una frase que resume con precisión y exactitud lo que Andalucía ya llevaba tiempo viviendo y aún vive: “El tráfico de influencias deja de ser negativo cuando lo que se tramita a través de esa influencia es perfectamente legítimo“.

Desde 1997 hasta 2014, la Cámara ha fiscalizado con diferentes intensidades a entidades de esta administración paralela con un resultado común: irregularidades profundas y sistemáticas en la contratación del personal hasta el punto que responsables de la Cámara de Cuentas han reconocido a los firmantes de este artículo en conversaciones privadas, que el personal de las empresas públicas ha entrado sustancialmente a dedo.

En algunos de este entes, como Egmasa, ahora reconvertido en “agencia” e la Junta gracias a la ley Griñán, se daba un nivel de afiliación a UGT del 80 por ciento, según El País, lo cual es verdaderamente llamativo. De DAPSA -empresa pública agrícola y pesquera-, la Cámara de Cuentas dijo que “no constaba el título académico en un 61% de los casos en los que es exigible para el desempeño de los puestos de trabajo.” En Extenda, dedicada a los asuntos exteriores de la economía andaluza, igualmente “no ha sido posible comprobar que el acceso al puesto de trabajo en la empresa pública se ha realizado según los principios de igualdad, mérito y capacidad.” En 2996, la empresa Empresa Público del Suelo de Andalucía convirtió 87 contratos temporales en indefinidos de los que 22, en fraude clamoroso de ley, fueron a parar a parientes, directos o indirectos, y amigos de directivos y trabajadores de este organismo público.

En cuanto a las Fundaciones, que ni siquiera la Junta sabía bien cuántas tiene -de hecho discrepaba con la Cámara de Cuentas sobre su número-, aunque la propia institución de control recomendaba usar los mismos métodos de contratación que la Administración Pública, la práctica fue el dedismo y la irregularidad. Ni siquiera sus presupuestos constaban en los presupuestos generales de la Junta, como los de la administración paralela en general. Por ello, fue posible, por ejemplo, que las fundaciones públicas andaluzas incrementaron sus plantillas medias en un 60 por ciento desde 2006 a 2008, en que el personal alcanzó la cifra de 4.670 empleados.

Las sentencias judiciales emitidas a raíz de denuncias del Sindicato Andaluz de Funcionarios han dado la razón a quienes han denunciado la esencial ilegalidad de la administración pública. SAFJA defiende que habría que acabar “con este descarado engorde de la “administración paralela”, creada por la Junta con la excusa de agilizar los trámites cuando, en realidad, se está gestionando el dinero público con los menores controles posibles, así como la contratación digital de personal.

Los “externos” de empresas privadas

Incluso CCOO ha criticado en 2007 la contratación de 1.032 monitores de empresas externas con contratos en condiciones laborales precarias. En julio de 2010, el mismo sindicato denunciaba que la Junta de Andalucía estaba sustituyendo a los y las médicos coordinadores de los centros de la Empresa Pública de Emergencias 061 -EPES- por un programa informático que manejan los teleoperadores subcontratados por una empresa privada. Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios se denunció que “se pretende abrir totalmente las puertas del dinero público a empresas privadas y, por tanto, a personal ajeno a la Función Pública, que ya están gestionando emergencias en toda Andalucía, por ejemplo, en el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Gobernación de la Junta. Estas emergencias que tramitan telefónicamente están referidas, sobre todo, a asistencias sanitarias, seguridad ciudadana y accidentes de circulación e incidencias de tráfico. Dicha teleasistencia está subcontratada a empresas privadas, Mk Plan 21 y Qualytel Teleservices, por lo que se han generado cientos de puestos externos que, por supuesto, no aparecen en las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería y de sus Delegaciones Provinciales”.

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía –EPSA-, dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la que ya hemos hablado, ha llegado a externalizar trabajos y tareas que son de su competencia en empresas privadas. Algunas de estas externalizaciones, realizadas en 2007, 2009 y 2010, tuvieron que ver con tareas de apoyo a la administración y gestión de inmuebles, y para tramitar expedientes de ayudas a la rehabilitación e, incluso, para atender al público. Sin que ninguno de estos empleados fuera funcionario, claro.

Un último ejemplo. En la Escuela Seguridad Pública de Andalucía, ESPA, cuando tenía alrededor de 40 empleados públicos -ahora sólo tiene 22-, tenía 6 de ellos proporcionados por empresas privadas, hasta una empresa dedicada a los muebles, debido a los extraños acuerdos entre la entonces empresa pública Sadiel y las empresas privadas.

Consecuencias de la Administración Paralela

La transferencia a esta administración opaca y oscura del ejercicio de potestades públicas ha conseguido eludir la aplicación de la legislación administrativa que establece controles en la gestión del dinero público, en la contratación administrativa y en la selección del personal. En estas empresas la Junta ha llegado a colocar entre 25.000 y 35.000 personas directamente, sin someterse a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad establecidos para el acceso a los empleos públicos.

Como la Junta de Andalucía ha abusado desaforadamente del sistema, ha llegado un momento en que los tribunales han empezado a pararle los pies. El modelo se ha agotado y, para continuar haciendo lo mismo, aprobaron el decreto-ley 5/2010 y posteriormente una Ley que, bajo el argumento de una reordenación del sector público, supuestamente destinada a reducir el gasto público y potenciar los servicios y el empleo público, pretendía en realidad dar apariencia de legalidad al montaje y enmascarar:

• Una “privatización” de la Administración Pública, mediante la creación de una “administración paralela”; dirigida por los directivos de las “agencias públicas empresariales”, puestos a dedo por el gobierno y sometida no a la Ley sino a las directrices de dichos directivos y a lo dispuesto en los estatutos de esas agencias, aprobados por el gobierno.

• Una legitimación del empleo clientelar; constituyendo el embrión -bastante desarrollado, por cierto- de una “administración paralela” de adeptos y servilones que deben el empleo no a sus méritos sino a los intereses partidarios de sus “amos”.

En esta operación, el PSOE tuvo como socios a UGT y CC.OO y el silencio de los empresarios. El PP e IU que inicialmente se opusieron directamente a esta administración, han dejado de hacerlo en los últimos tiempos.

El asunto es de una enorme gravedad y afecta no sólo a los empleados públicos sino a los ciudadanos que suponen que en una democracia la administración debe ser profesional, neutral y eficiente. El modelo de Administración Pública al que conduce esta reordenación no es ni será profesional porque se desconocen las aptitudes de sus componentes al no haber realizado pruebas adecuadas, no es ni será neutral porque se alimenta de forma muy destacada de afines a un partido político y no es ni será beneficiosa para el bolsillo del contribuyente ni para los derechos y libertades de los ciudadanos.

10.000 “libredesignados”… como mínimo

Con ello completamos el mapa de la dominación socialista sobre las administraciones públicas, una de las claves de la duración de un régimen de 33 años. Se entiende por puestos de libre designación aquellos que, dentro de las plantillas regladas de las diferentes administraciones, pueden ser nombrados por el gobierno electo en elecciones autonómicas y municipales. La extensión de estos puestos en la administración andaluza han llegado a extremos tales que el presidente/a de la Junta cuenta con puestos de cocineros de libre designación o que los celadores jefes de turno en hospitales y centros de salud fueron puestos de libre designación. Estos “libredesignados” son diferentes de los enchufados habituales porque su uso es legal, aunque sea abusivo. Se dan en todas las Administraciones, la general, la andaluza y la local.

Entra dentro de la lógica política democrática, que exige alternancia en los gobiernos, que haya puestos oficiales de máxima confianza, por ejemplo, una secretaria o secretario particular o un asesor o asesora u otros, que puedan ser libremente nombrados por el alto cargo correspondiente y que se van con él cuando el gobierno cambia. No tendría sentido, por ejemplo, que el ganador de unas elecciones en el nivel que consideremos tuviese que contar forzosamente con el personal de confianza del alcalde, director o presidente saliente.

Esto es, como ya hemos esbozado, la libre designación consiste en nombramientos a dedo, pero permitidos y cuantificados por la ley. Siempre será el gobierno de que se trate el que decida quien ocupa la plaza de libre designación . Otra cosa es que dichas plazas sean excesivas o innecesarias. En nuestro caso, dado que el PSOE lleva gobernando 33 años, ha sido siempre el partido que ha nombrado a miles de “libredesignados”.

El que fue director de agencia EFE, Alex Grijelmo, en una crónica de El País, pudo escribir tempranamente, en 1987, lo siguiente: “Desde 1984, cerca de 25.000 puestos de trabajo de la Administración han sido cubiertos por este procedimiento. Tales datos refuerzan las denuncias genéricas realizadas durante la campaña electoral sobre el amiguismo y la politización del funcionariado.” Poco a poco, los puestos de libre designación fueron bajando de nivel. De estar limitados a los esferas superiores de la Administración la Junta los fue haciendo descender en las escalas de la administración, algo que fue condenado por los Tribunales: “A la luz de la doctrina y legislación expuesta, se puede llegar a la conclusión de que la voluntad de Junta de Andalucía parece consistir, basándose en la potestad de autoorganización, en establecer como forma normal y generalizada de provisión de puestos de trabajo con nivel de complemento de destino 26 o superior, el de la libre designación, entendiendo que, en todos los casos, nos encontramos ante supuestos de especial responsabilidad“, certificó la sentencia.

El Servicio Andaluz de Salud extendió los puestos de libre designación a los mandos intermedios, lo que ha sido denunciado porque le daba un poder fáctico desmedido en la organización de Hospitales y Centros de Salud. De hecho, en la sentencia de 18 septiembre de 2000, recurso 1940/1999 del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, se trata el caso de un celador jefe de turno que fue nombrado por el procedimiento de libre designación por la Dirección del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga , según reconoce la propia Junta de Andalucía.

¿Cuántos son? Sólo en la Junta de Andalucía Manuel Chaves reconoció en sede parlamentaria que podrían ser 5.000, cifra que superaba incluso a las sospecjas del entonces jefe de la oposición Javier Arenas, que los cifraba en 4.000. Si a ellos sumamos los “libredesignados” de la administración paralela y los de Ayuntamientos y Diputaciones que hasta 2011 estuvieron en su inmensa mayoría en manos del PSOE, pueden superar fácilmente los 10.000.

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VOX quiere eliminar la ´administración paralela´. La Opinión de Málaga. 9 de Marzo.

La Opini&oacuten de M&aacutelaga

VOX quiere eliminar la ´administración paralela´

europa press 09.03.2015 | 15:25

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Francisco Serrano, ha asegurado este lunes que “eliminando la administración paralela, que nos cuesta 5.000 millones de euros según la propia Junta, podríamos alcanzar el pleno empleo en Andalucía en tan solo una legislatura”.

Serrano, en rueda de prensa en Málaga junto al presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, ha manifestado que con este ahorro se conseguiría “un mínimo de 20.000 millones de euros para fomentar el empleo”.

Además, se ha presentado como “un profesional que quiere servir en política, no como un profesional de la política” y ha lamentado que “la Andalucía oficial no tenga relación con la Andalucía social”, ya que supone “una vergüenza a nivel europeo que soportemos tasas de paro del 35 por ciento y del 60 por ciento de paro juvenil”.

“No es de recibo que la Junta de Andalucía se haya convertido en un macronegocio, que dedique más del 80 por ciento de su presupuesto a mantener su estructura”, ha afirmado. El candidato también se ha referido “al ambiente de corrupción generalizada” que “ha manchado el nombre” de la Comunidad.

Asimismo, ha subrayado que la formación constituye “un proyecto político, pero también es un proyecto que apuesta por recuperar valores”, puesto que “ningún partido, excepto VOX, actúa contra la crisis moral y solo VOX acabará con el relativismo moral”.

Por su parte, Abascal ha advertido de que “aunque no hay derecha representada en las instituciones, sí la hay en la sociedad civil y en la oferta política”, y ha incidido en que “esa anomalía ha venido a resolverla VOX”.

El líder de VOX ha manifestado que su partido “no ha acudido a Andalucía a decir que ha fracasado su autonomía”, sino que “hemos venido a decir que el fracaso ha sido en toda España”.

En este sentido, ha afirmado que su formación se ha marcado como objetivo “sentar por primera vez en las instituciones a unos parlamentarios que critiquen el modelo territorial”. “Queremos un modelo igual para todos los españoles”, ha destacado.

Abascal ha señalado que apuesta por “la supresión del actual Estado de las autonomías” y “una rebaja fiscal” como “recetas” para que los españoles tengan “unos mejores servicios públicos que podamos pagar”.

Ha finalizado manifestando que en su formación se ha abierto “una profunda reflexión” sobre si se debe proponer “la prohibición de la publicidad institucional en los medios de comunicación privados”.

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